EL RUEGO DE LAS FAMILIAS DE LOS PRESOS ROSARINOS

Sáquenlos de ahí. Más de medio centenar de familiares de presos rosarinos encerrados en la cárcel de Coronda, donde hace una semana asesinaron a 14 reclusos, presentaron en el mediodía de ayer un hábeas corpus ante el juez Osvaldo Barbero para que los trasladen con urgencia a la ciudad “porque corren riesgo de muerte por el sólo hecho de ser de Rosario”.

Los familiares de los internos insistieron, además, en el reclamo de las renuncias del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y del director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, a quienes responsabilizan políticamente de “la cacería de rosarinos”. Paradójicamente, en sus declaraciones los familiares de los detenidos aceptaron la versión de que la masacre de Coronda se originó en una rivalidad geográfica, el enfrentamiento permanente con los presos santafesinos.

Los familiares marcharon también hacia la sede local del gobierno provincial, frente a la plaza San Martín, donde volvieron a acusar a los guardiacárceles de Coronda de ser “los entregadores” que permitieron perpetrar la matanza al franquear a los reclusos santafesinos las rejas de los pabellones donde había presos rosarinos a los que asesinaron con alevosía.

A media mañana, los familiares, la mayor parte de ellos mujeres, se comenzaron a agolpar frente a la escalinatas de Tribunales para organizar la presentación y hacer público su miedo a que la masacre continúe. “Es una bomba de tiempo, nadie duerme tranquilo y es mentira que estén seguros porque fueron cambiados de pabellón: puede ocurrir lo mismo que pasó antes, cuando les abrieron a los santafesinos las puertas y los armaron para salir a matar a los rosarinos” , denunció Gloria, madre de un interno del pabellón 11.

Los familiares, que formaron una comisión para organizar el reclamo por el traslado, exigen que saquen a los rosarinos de Coronda y los lleven a la Unidad III o a las comisarías locales.

Paradójicamente lo contrario es lo que busca la política de seguridad provincial, uno de cuyos pilares es la descompresión de las comisarías, donde los presos están hacinados.

Ayer, cuando en la protesta los manifestantes superaron medio centenar, y ante unos 50 policías apostados en un fuerte cordón de seguridad, un grupo de mujeres subió hasta el tercer piso del Palacio para entrevistarse con el camarista Juvencio Mestres, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Durante el encuentro, que duró unos 20 minutos, el magistrado se comprometió a agilizar el pedido de traslado de los reclusos y a gestionar una entrevista con Fernando Rosúa para acercar a las partes.

Con todo, en ese marco, la madre de un preso asesinado en la cárcel en noviembre de 2004, quien pronosticó la muerte de dos de los 14 reclusos, aprovechó para pedir la destitución del nuevo jefe del penal, Carlos Monti, porque –asegura– está denunciado por tráfico de estupefacientes junto con otros cuatros penitenciarios. “Es como poner al lobo dentro del gallinero y no es garantía de que la masacre vuelve a ocurrir”, alertó Nélida Gómez.

Tras las gestiones en Tribunales, que incluyeron un corte de calle a pleno mediodía, los familiares marcharon hacia la ex Jefatura de Policía para pedir la urgente intervención de la conducción del presidio con duras acusaciones contra Monti. “Estamos desesperadas, porque las matanzas, con la complicidad de los guardiacárceles, pueden volver a ocurrir en cualquier momento.

Por eso pedimos el traslado a la Unidad Penal III de Rosario. Además, nos resulta muy difícil desde lo económico poder venir todos los fines de semana para visitar a nuestros familiares”, insistió con desesperación Gloria.