EL SECTOR PÚBLICO SUMÓ 54.900 PERSONAS EN EL ÚLTIMO AÑO

Los últimos datos sobre el nivel de empleo en las dependencias a cargo del Poder Ejecutivo nacional corresponden a noviembre del 2004, y dan cuenta de una dotación de 248.471 personas, de las cuales 18.739 son contratados con remuneraciones que se sospecha superan el promedio de la planta, que era en julio de ese año de $1.579,93 por mes.

A aquella cifra se le agregan 20.829 que están a cargo de “otros entes del sector público no financiero”.

De este modo, suman 269.300 personas que dependen directamente del PEN, lo que representa un aumento de 4.210 respecto de un año antes.

Si bien en términos porcentuales el crecimiento de la nómina parece insignificante, apenas 1,59%, se torna inquietante porque implica un giro en la política del Gobierno, que había logrado desde que asumió en mayo del 2003 una gradual reducción desde los 266.541 puestos hasta 263.285 en enero del 2004.

Desde entonces comenzó un ciclo alcista que no sólo no parece detenerse sino que, peor aún, estaría siendo imitado por el conjunto de las administraciones provinciales. Esto explicaría el recalentamiento de la demanda de bienes y servicios y su consecuente efecto sobre la suba de los precios de la economía.

Según la estadística de la Dirección Nacional de Programación Macroeconómica, los empleados del sector público que aportan al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones sumaban a enero último 737.100 personas, lo que representó un salto de 54.900 puestos desde que asumió el presidente Kirchner.

Desborde

Ese crecimiento del 8,1%, amparado en el auge de la recaudación tributaria a partir de impuestos distorsivos como las retenciones sobre las exportaciones, a los débitos y créditos bancarios y también el inflacionario, al no actualizarse los mínimos no imponibles por la variación de los precios, está contribuyendo a generar un cuadro que podría llevar a la inestabilidad macroeconómica, que va a terminar perjudicando a quienes se quiere favorecer.

Repetidamente se ha criticado el sobredimensionamiento del Estado y la existencia de abundancia de “puestos ñoquis”. Pero las estadísticas muestran que siempre hay margen para ampliar la nómina a cargo del Estado.

Eso explica que desde la salida de la convertibilidad el gasto en remuneraciones del sector público no financiero se elevara 49,78%, levemente por debajo de la tasa de inflación.