EL SENADO APROBÓ EL PLAN ANTIEVASIÓN

El Senado aprobó esta tarde el postergado plan antievasión II, cuyo punto más polémico es la creación del “inspector encubierto” que puede clausurar negocios que no entreguen facturas. Además, se resolvió la convocatoria al juez de la Corte Antonio Boggiano para ampliar su defensa en el juicio político que se le sigue.

La norma fue aprobada con 45 votos a favor, 4 en contra y la abstención de la justicialista salteña Sonia Escudero, luego de que el oficialismo logró la sanción sin que se aceptaran modificaciones.

La semana pasada el justicialismo no obtuvo el quórum necesario para aprobar el proyecto, y esta mañana en la reunión de bloque se recibió al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, para que aclare algunas dudas presentadas en el pleno.

El debate de hace siete días duró más de dos horas y la votación se frustró cuando el recinto se quedó sin quórum, en su mayoría, por falta de senadores del justicialismo.

El denominado Plan Antievasión II, que modifica la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario, apunta a aumentar la recaudación, impone la figura del “agente encubierto” y del “domicilio fiscal electrónico”.

Antes del paquete antievasión, el Senado aprobó la renegociación de los contratos firmados entre el Gobierno y las concesionarias de terminales portuarias y de autopistas de la red de acceso a Buenos Aires, por lo que los acuerdos quedarán sancionados de hecho el viernes, ya que la Cámara de Diputados no sesionará esta semana.

La Ley 25.790 y el decreto 211 determinan que el Congreso tiene 60 días corridos desde que el Gobierno envía cada acuerdo con las empresas de servicios públicos para convalidarlos o rechazarlos y su falta de tratamiento implica la sanción de facto, plazo que se cumple este viernes. Tras más de tres horas de debate, la renegociación de tarifas portuarias fue aprobada con 34 votos a favor y 18 en contra, más una abstención.

El “inspector encubierto” se transformaría en “inspector fedatario”, una figura menos controvertida pero con la misma finalidad. Implica que primero debe recibirse una orden de juez administrativo competente de inspeccionar determinado negocio donde hay sospechas fundadas de que no se dan facturas o las que se dan son apócrifas.

Al comercio van dos inspectores de AFIP uno de los cuales es el que realiza el procedimiento, o sea, aplica la multa y eventualmente dispone la clausura, y el otro “da fe” (por eso lo de fedatario). Por ejemplo, si van a comer a un restaurante y al pedir la cuenta les dan cualquier papelito y no una factura en regla, pueden aplicar las sanciones.

Causa contra Boggiano

Por otra parte, el Senado resolvió citar para el miércoles 22 de junio al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Boggiano, para que amplíe su descargo en el juicio político que se le sigue por presunto “mal desempeño en sus funciones”.

En ese fecha, la Cámara decidirá, también, si suspende o no al juez. La fecha del 22 obligó a suspender la visita del jefe del gabinete, Alberto Fernández, para dar su informe bimestral a la Cámara, que habría pasado para el día siguiente.

Hoy, el cuerpo, convertido en tribunal, aprobó el dictamen firmado ayer por la comisión de Asuntos Constitucionales que rechazó, además, las objeciones de la defensa de Boggiano a la conformación de la Comisión Acusadora de la Cámara de Diputados, dado que la diputada frepasista Nilda Garré había renunciado a integrar el triunvirato acusador (que completan el justicialista Ricardo Falú y el radical Hernán Damiani).

Boggiano está acusado por presunto “mal desempeño de sus funciones” a partir de una serie de actuaciones en el máximo tribunal, en las causas Meller, Macri (las mismas por las que fue destituido su ex colega Eduardo Moliné O’Connor) y Draganotti de Román.