EL SENADO APROBÓ LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE AGUAS AYSA

El oficialismo impuso hoy su criterio en el Senado para convertir en ley el proyecto que ratifica el decreto presidencial 304/06 por el cual se creó la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA).

Esta compañía provee desde marzo los servicios de aguas y loacas en la Capital Federal y en 19 distritos bonaerenses en reemplazo de la empresa de capitales franceses y españoles Aguas Argentinas, cuya concesión fue rescindida por el Gobierno nacional por incumplimiento.

El radicalismo, algunos partidos provinciales y justicialistas disidentes se opusieron a la iniciativa, en contra del procedimiento utilizado por el Gobierno Nacional para su reestatización, y en disidencia con la decisión de que el Estado nacional se haga cargo de un servicio que, según su visión, debería estar en manos de las administraciones de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, la aprobación se produjo con 37 votos positivos, 18 votos negativos y una abstención, correspondiente al justicialista disidente Roberto Basualdo.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) ratificado determina que el 90 por ciento de las acciones de AySA pertenecen al Estado Nacional y el 10 por ciento a los trabajadores, agrupados en su mayoría en el gremio de Obras Sanitarias que conduce el kirchnerista José Luis Lingieri.

Además establece que la empresa se regirá por las normas que regulan a las sociedades anónimas, sin quedar sujeta a las leyes que definen los procedimientos de contrataciones del Estado, y que su capital social inicial será de 150 millones de pesos

También dispone que el Ministerio de Planificación es la autoridad de aplicación y el encargado de elaborar los estatutos internos y la designación del directorio.

La Jefatura de Gabinete, en tanto, es facultada a redistribuir partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento de la empresa, la cual requerirá, según admitió Lingieri, una inversión inicial de 500 millones de pesos para reparar las deficiencias de infraestructura.

El miembro informante del oficialismo fue el presidente de la comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Celso Jaque, quien desglosó los aspectos principales del decreto 304/06 y buscó refutar las críticas expuestas por la oposición.

Trató de demostrar que la figura de una sociedad anónima con participación accionaria mayoritaria del Estado era la más apropiada, e intentó rebatir el argumento de que no hay justificación para que el Estado Nacional se haga cargo de un servicio que en el resto de los distritos está en manos de las provincias o municipios.

“En ningún decreto se incluyen cambios en la distribución primaria y secundaria de la coparticipación. Son recursos de libre disponibilidad. Y está fundamentado en la noción de un federalismo solidario, que no es lo mismo que un federalismo igualitario”, enfatizó el senador mendocino.