EL SENADO DEBATE LA OBLIGATORIEDAD DE AUDIENCIAS PÚBLICAS.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó a debatir ayer la reforma del reglamento del cuerpo, para establecer la obligatoriedad de la convocatoria a audiencia pública para discutir los pliegos de jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia que proponga el Gobierno.

El uso de ese mecanismo -contemplado en el reglamento, pero sólo para el debate de proyectos de ley- implicaría la apertura a la participación ciudadana en la designación de cargos en puestos clave en el Poder Judicial.

En la reunión, presidida por la senadora Cristina Fernández (PJ-Santa Cruz), esposa del presidente Néstor Kirchner, se pusieron a consideración cuatro proyectos de resolución, pero, tras el debate, se decidió postergar el dictamen hasta la semana próxima.

Esto ocurrió debido a la gran cantidad de dudas y propuestas de mejoras que surgieron en la reunión, las que serían analizadas e incorporadas en un nuevo texto, que Fernández de Kirchner se comprometió a tener redactado para la semana próxima.

El establecimiento de la obligatoriedad del uso de audiencias públicas para abrir el debate del acuerdo a un juez o conjuez de la Corte a la participación ciudadana ya había sido rechazado por el Senado en diciembre último.

En aquella oportunidad, la mayoría del bloque peronista se impuso ante el reclamo de Fernández de Kirchner, Vilma Ibarra (Frente Grande-Capital Federal) y del bloque radical por incluir ese sistema en el reglamento.

Finalmente, el uso de audiencias públicas fue incorporado en el artículo 112 del reglamento del Senado, pero sólo para el debate de proyectos de ley.

Ahora, con la embestida del Poder Ejecutivo sobre algunos de los miembros de la Corte y la eventualidad de que el impulso al proceso de juicio político contra algunos magistrados podría prosperar en los próximos meses, el debate volvió a tomar fuerza.

Y ahora los “nuevos aires” con los que Ibarra y Jorge Yoma (PJ-La Rioja) coincidieron en caracterizar la actual coyuntura política parecen indicar que no habrá mayores oposiciones a la propuesta.

El proyecto presentado por Yoma, y sometido a debate ayer, está firmado también por Miguel Angel Pichetto, quien desde la presidencia del bloque justicialista, que aún ocupa, votó en contra de la aplicación del sistema de audiencias públicas para designar jueces de la Corte en diciembre último.

Esa iniciativa es de las más completas, y amplía la obligatoriedad de la convocatoria a audiencias públicas al tratamiento de los pliegos de ascensos militares y a los acuerdos de jueces federales y diplomáticos. Al respecto, Fernández de Kirchner tomó nota de esas diferencias con su propuesta y la presentada por Ibarra, que circunscribían el uso de ese mecanismo al debate de magistrados propuestos para la Corte Suprema de Justicia o para los conjueces de ese cuerpo.

Mecanismo diferenciado

Sin embargo, todo indica que la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales se inclinaría por aceptar la ampliación del método a la designación de jueces federales, y establecer un mecanismo diferenciado para los ascensos militares y los nombramientos de embajadores, que son facultad discrecional del Poder Ejecutivo.

Otra de las propuestas que se aplicarían al nuevo proyecto de resolución sería el método por utilizar para la impugnación de los postulados.

El mecanismo por utilizar sería el establecimiento de que toda impugnación deba presentarse por escrito y que, una vez que el titular de la Comisión de Acuerdos decida su razonabilidad o no, sea leída por ese legislador en la audiencia pública.

Esta idea encontraría justificación en la necesidad de evitar “un show mediático que degenere en un escándalo” en la audiencia, como dijo Fernández de Kirchner, o que el sistema de impugnaciones sea usado para ensuciar la honra y el honor del candidato, con acusaciones que nada tengan que ver con su aptitud e idoneidad profesional o moral para ejercer la magistratura para la que es propuesto por el Poder Ejecutivo, como advirtió el radical Raúl Baglini.

Con esas correcciones, el texto estaría redactado el martes próximo, y, si cuenta con el aval de la Comisión de Asuntos y recibe dictamen, podría ser tratado sobre tablas al día siguiente en el Senado.