EL SENADO INICIA HOY EL JUICIO POLÍTICO AL JUEZ VÁZQUEZ

La comisión que concurrirá a la sesión especial prevista para las 15 estará integrada por Ricardo Falú (PJ-Tucumán), Hernán Damiani (UCR-Misiones) y Nilda Garré (Frepaso-Buenos Aires).

Estos diputados expondrán sobre los quince cargos comprendidos en las cuatro causas en las que está dividida la presentación.

La presentación la encabezará el oficialista Falú, presidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

En ese sentido, toma especial relevancia el antecedente inmediato de la destitución de Eduardo Molíné O’Connor -hace nueve meses-, que perdió su condición de magistrado cuando el Senado lo consideró responsable de mal desempeño.

En una de las causas, el principal cargo es haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudelento, aunque también se le imputa haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad.

En el tercer cargo se le cuestiona por haber negado al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa, que ilegítimamente lo perjudicó en centenares de millones de pesos, omitiendo el tratamiento de los serios planteos del recurso, las disidencias y la existencia del proceso penal.

Según Diputados, “lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedad del caso, hace presumir que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como juez, sino otros intereses”.

En las causas Magariños y Dragonetti se lo acusa, básicamente, de invadir esferas de competencia propias del Consejo de la Magistratura de la Nación, arrogándose facultades de otro órgano del Estado.

“Ello es así toda vez que, conforme al artículo 114 inciso 4 de la Constitución Nacional es atribución del Consejo de la Magistratura ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados”, explica el dictamen acusatorio de Diputados.

Seguridad parlamentaria
Senadores del mayoritario bloque justicialista estiman que, tal como ocurrió en el proceso contra Moliné O’Connor, el magistrado será suspendido en sus funciones una vez que se reciba su descargo, previsto reglamentariamente para hacerlo hasta 15 días después de la presentación de mañana.

Con estos plazos, y sin contemplar impugnaciones o recusaciones, la suspensión se estaría concretando entre el miércoles 22 y el miércoles 29 de septiembre; y la destitución en la última semana de noviembre o en la primera de diciembre.

El episodio de la semana pasada, en el que Vázquez pidió asilo político en Uruguay con el argumento de haber sido “víctima de un atentado”, terminó de incidir en la posición que varios senadores adoptarán a la hora de votar la suspensión.

Otro hecho que generó reacción negativa entre los senadores, y que sería expuesto por Falú para reforzar el pedido de destitución, son las declaraciones de Vázquez con críticas al resto de la Corte y al sistema institucional.