EL SENADO LE DIO SU APOYO AL GOBIERNO Y APROBÓ SU POTESTAD PARA NEGOCIAR

Esa norma, que ahora pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento, es de vital importancia para permitirle al Gobierno discutir el nuevo cuadro tarifario con las compañías concesionarias. Precisamente, la actualización de las tarifas es uno de los reclamos de las privatizadas y cuenta con el impulso del FMI.

En tanto, el Gobierno niega que la iniciativa habilite el incremento de las tarifas de los servicios públicos y, por el contrario, la defiende como un instrumento para discutir nuevas reglas de juego en materia de cumplimiento de inversiones y obras prometidas en los contratos vigentes.

Uno de los ejes del conflicto entre Kirchner y su vicepresidente, Daniel Scioli, fue el anuncio que hizo este último acerca de que en 90 días se produciría un aumento en las tarifas de gas y electricidad, lo que fue negado tajantemente por diversos funcionarios. Sin embargo, el proyecto aprobado ayer abre la puerta para discutir eventuales subas al modificar la ley de emergencia económica que prohibía expresamente esa posibilidad.

Entre sus puntos más conflictivos, la iniciativa permite al Ejecutivo dejar de lado los actuales marcos regulatorios y realizar enmiendas transitorias en los contratos, y limita al Congreso a expedirse en un plazo perentorio de 60 días sobre los nuevos contratos (sanción ficta), sin influir en las negociaciones; caso contrario, los convenios quedarán automáticamente ratificados. El PJ cerró filas en la madrugada de ayer en el rechazo a los cuestionamientos de la UCR, de algunos bloques provinciales y de un sector minúsculo del peronismo, que cuestionaban estos aspectos del proyecto y exigían, además, que se incluyera una cláusula que obligara a considerar una tarifa social en los nuevos contratos.

Críticas

Así, el chaqueño Jorge Capitanich negó que el proyecto condenara al Congreso al papel de “escribano” de las negociaciones del Ejecutivo. Sin embargo, senadores como Raúl Baglini (UCR), Sonia Escudero (PJ-Salta), Gerardo Morales (Frente Cívico) y Luz Sapag (Movimiento Popular Neuquino) criticaron esa facultad y calificaron de “inconstitucional” la imposición de un plazo perentorio para que el Congreso apruebe o rechace los contratos. “La sanción ficta, es decir, tomar el silencio del Congreso como una aprobación, está explícitamente prohibida por el artículo 82 de la Constitución”, dijo Baglini.

El jefe del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto (Río Negro), rechazó esos argumentos y afirmó que “los contratos no son una ley, por lo que no hay sanción ficta”. Finalmente, tras dos horas de debate, el PJ logró imponer su mayoría y sumó así una alegría más para el Poder Ejecutivo a la que había obtenido horas antes con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.