EL SENADO PRORROGÓ LA EMERGENCIA PÚBLICA

Tras una hora y media de debate, el Senado dio media sanción ayer a la prórroga de la Ley de Emergencia Pública, un proyecto enviado por el Gobierno que había ingresado el día anterior al Congreso. Hoy será tratado en sesión especial por Diputados para su aprobación.

Esta ley, que vence el próximo 31 de diciembre, fue sancionada en enero de 2002, en medio de la crisis, y prorrogada varias veces.

A diferencia de las prórrogas anteriores, esta vez la sorpresa fue que se incluyó como primer artículo, y antes de disponer la prórroga de la ley, una amplia sesión de facultades al Presidente.

“Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública”, dice el texto aprobado.

Especialistas en el tema comentaron a Clarín que esas facultades amplían los “superpoderes” ya que, por ejemplo, el Gobierno podría reabrir el canje de la deuda a los “holdouts”, fondos y bonistas que no aceptaron la propuesta oficial, derogando la ley cerrojo.

La oposición salió a cuestionar este punto, pero ningún senador del oficialismo respondió directamente a esas objeciones. Así, el kirchnerismo logró aprobar la ley —que anoche pasó a Diputados— por 39 a 19 votos.

Entre los que votaron en contra se contaron el bloque radical, los dos representantes del justicialismo puntano, la frepasista Vilma Ibarra, Carlos Menem, el salteño Ricardo Gómez Diez, la bonaerense Chiche Duhalde y el radical disidente Rodolfo Terragno.

En los fundamentos para prorrogar esta ley, el Gobierno argumenta que, a pesar de la mejora en la situación económica, “persisten aún situaciones que deben ser atendidas dentro del contexto normativo de emergencia pública”. Y así se interpreta que podrá enfrentar los eventuales reclamos de los “holdouts”, que podrían aducir que al pagar por anticipado al Fondo Monetario 9.810 millones de dólares, la Argentina demostró que tiene reservas excedentes, y reclamar incluso el embargo de las cuentas oficiales, según reconoció un senador del PJ.

Sin embargo, el peronista Jorge Capitanich apenas mencionó el tema ayer en la sesión. Prefirió argumentar que el país aún se encuentra en un “estado de necesidad” y agregó que si bien el índice de pobreza bajó del 54% al 34%, “aún es alto”. Y que si bien la tasa de desempleo bajó del 23% al actual 10%, “es indudable que aún sigue alta, lo que amerita la prórroga de esta ley”.

Todo el arco opositor votó en contra. El radical Gerardo Morales dijo que el artículo 1º “tiene una redacción tan amplia que le da superfacultades al Presidente”. Rodolfo Terragno sostuvo que “es muy difícil conciliar las argumentaciones del debate anterior (cuando se aprobó el pago al FMI) con éste”. Dijo que “si hay estado de necesidad, es inexplicable que se le pague al FMI lo que no se debe”.

El radical jujeño Gerardo Morales se preguntó si era realmente necesario prorrogar toda la norma y consideró que “adoptar medidas para salir de la emergencia es facultar al Poder Ejecutivo para todo”. “El bloque radical le dice que no a esta facultad sin límites”, sostuvo Morales, y agregó que lo único aceptable en el pedido de la prórroga es el capítulo económico de la norma “para evitar juicios derivados de la decisión del Gobierno nacional de pagarle la deuda al Fondo”.

También consideró que era innecesario seguir declarando la

emergencia sanitaria, mencionó que el PAMI estaba en vías de ser normalizado y fustigó duramente que se prorrogue el “régimen de compras y contrataciones para que el Ministerio de Salud compre en forma directa”.

También el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá apuntó en contra del proyecto y se preguntó: “¿Cuál es la necesidad de delegar facultades, de otorgar superpoderes? No tiene sentido.”

Hasta la peronista salteña Sonia Escudero se diferenció, y cuestionó el artículo primero por su “amplitud y vaguedad”.

Al margen de esas facultades, la prórroga implica, entre otros puntos, la autorización al Gobierno a renegociar los contratos de servicios públicos, a regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a mantener el Plan Jefas y Jefes de Hogar, a extender los decretos que dispusieron la emergencia ocupacional.