EL SENADO TRATA EL MARCO REGULATORIO PARA EL GAS EN GARRAFA

El Senado comenzó a tratar esta tarde el proyecto que regula el mercado de gas licuado de petróleo. La sesión comenzó cerca de las 17 y está previsto debatir también la desfederalización de delitos menores de comercialización de drogas y el ingreso de los pliegos que establecen las nuevas autoridades del Banco Central.

El proyecto que se está analizando en el recinto fue aprobado la semana pasada en general (obtuvo 52 votos a favor y uno en contra, del socialista santafesino Rubén Giustiniani). Esta iniciativa, que crea un marco regulatorio al mercado de gas licuado de petróleo (GLP), está siendo tratado en estos momentos en particular, artículo por artículo.

Este tratamiento en particular fue postergado hasta el dìa de hoy debido a la falta de acuerdo entre los bloques del PJ y de la UCR. El punto más polémico del proyecto fue calificar al fraccionamiento y distribución del gas en garrafa como un “servicio público”, ya que esto cambiaría por completo las tarifas.

En este sentido, el gas natural no fue afectado por la devaluación ya que, al ser un servicio público, se benefició del congelamiento de tarifas. No ocurrió lo mismo con la garrafa de gas licuado: aumentó enormemente su precio y llegó a costar siete veces más que el gas natural. Además, el gas en garrafa es consumido por la mitad de la población, específicamente por los sectores más empobrecidos.

Con esta definición de “servicio público” en el centro del debate, tanto el PJ como la UCR defenderán sus posiciones en la sesión. El kirchnerista santacruceño Nicolás Fernández se opuso a esta calificación, ya que “estamos lejos de un servicio monopólico, porque hay más de 70 empresas productoras y 200 fraccionadores”. El radical jujeño Morales, en cambio, opinó que la definición de “servicio público le da sustento al marco regulatorio” y permite que la actividad sea “regulada, asegurada y fiscalizada por el Estado”.

El segundo proyecto de la agenda de hoy es el que deriva de la jurisdicción federal a la ordinaria las causas vinculadas a delitos menores de comercialización de drogas.

Esta iniciativa es impulsada por el gobernador bonaerense Felipe Solá y por los intendentes del conurbano, que la semana pasada se reunieron con integrantes del bloque del PJ y de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Una de las razones por la que los intendentes de la provincia promueven este proyecto de ley es poder controlar la venta de pequeñas cantidades de droga, ya que aseguran que la justicia federal sólo se preocupa por casos de narcotráfico.

Esta Comisión, que se reunió ayer, fijó la cantidad de gramos de droga que deben superarse para que el delito dependa del fuero federal: en el caso de la marihuana se establecieron cinco kilos y en el de la cocaina, 300 gramos.

Si bien en principio el proyecto se debatirá hoy en el recinto, la ausencia de varios senadores podría provocar su postergación, y por ende su posible sanción, para la semana próxima.

Por último, el cuerpo aprobará el ingreso oficial de los pliegos de las nuevas autoridades del Banco Central, para que tomen estado parlamentario. Esto implica que el martes próximo la comisión de Acuerdos podrá emitir un dictamen favorable para las designaciones, ya que ese mismo día se llevará a cabo la audiencia con Martín Redrado y los nuevos directores.