EL SISTEMA ELECTORAL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Si bien el sistema electoral que se aplique no asegura el triunfo de las elecciones, tampoco podemos dejar de desconocer que ninguna ley electoral es totalmente desinteresada y cualquier sistema a aplicar, ya sea de lemas, de internas cerradas o abiertas de partidos, de internas abiertas generales y obligatorias para afiliados o para toda la sociedad, siempre tendrá un resultado positivo para unos y negativo para otros.

La legislación electoral tiene por su importancia una significación especial con consecuencias directas en el plano institucional, político y también partidario.

Si bien el sistema electoral que se aplique no asegura el triunfo de las elecciones, tampoco podemos dejar de desconocer que ninguna ley electoral es totalmente desinteresada y cualquier sistema a aplicar, ya sea de lemas, de internas cerradas o abiertas de partidos, de internas abiertas generales y obligatorias para afiliados o para toda la sociedad, siempre tendrá un resultado positivo para unos y negativo para otros.

En 1991, cuando se sancionó la ley de Lemas y se cambió el sistema electoral para elegir las autoridades provinciales, se introdujo el sistema de doble voto acumulativo y simultáneo en violación manifiesta a los artículos 36° y 70° de la Constitución provincial, desnaturalizándose el espíritu del mismo artículo 29° cuando en su párrafo 5° prescribe que “la Legislatura de la provincia dicta la ley electoral con las garantías necesarias para asegurar una auténtica expresión de la voluntad popular en el comicio”.

La ilusión de terminar con las internas partidarias que premiaban a quien pudiera manejar mejor el aparato y llevar a los desganados afiliados a votar engendró un maquiavelismo electoral que llevó inexorablemente a la crisis de representatividad actual.

Por este sistema el Partido Justicialista primero impuso a dos gobernadores a pesar de haber sido menos votado que otro candidato (Reutemann en 1991 y Obeid en 1995) y después con las modificaciones del año 2002, juntando dos sistemas electorales distintos, crearon una boleta sábana de un metro de largo -única en el mundo- que resultó ser el mejor ejemplo de las artimañas electorales, pero que en la práctica consiguió el objetivo de mantener la hegemonía del poder político, y hoy, nuevamente un candidato justicialista con menor cantidad de votos que otro, es el gobernador de la provincia.

Una vez más se postergó la expresión mayoritaria de la ciudadanía que nuevamente sucumbió a la telaraña de los expertos en laboratorios electorales.

Pero si el resultado lo favoreció al justicialismo, ese mismo resultado provocó el agotamiento irreversible del propio sistema, obligando al gobernador electo a cumplir con su promesa electoral y remitir un proyecto de derogación del mismo.

LA NUEVA PROPUESTA

El 19 de agosto próximo pasado, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones y dio media sanción al proyecto que fuera remitido por el Poder Ejecutivo y por el cual se propugnaba un nuevo sistema electoral y se derogaba la ley de Lemas.

Nuevamente los santafesinos nos encontramos ante la encrucijada de encontrar una nueva opción electoral y nuevamente el justicialismo impuso en soledad una nueva ley electoral, que obliga a toda la ciudadanía a elegir no ya autoridades sino candidatos, los candidatos de todos los partidos.

El nuevo sistema sin lugar a dudas permitirá la manipulación de los más fuertes, que mediante el empleo de recursos humanos y económicos, podrán decidir y direccionar los candidatos de agrupaciones políticas ajenas.

Nos sacamos de encima a Drácula para hacer nacer a Frankenstein.

Si bien las internas primarias abiertas para seleccionar candidatos constituye -para quien escribe estas líneas- una verdadera posibilidad de participación y de legitimar las candidaturas, lo aprobado por la Cámara de Diputados con sus características de obligatoriedad, la utilización de padrón electoral único, requisitos de proporcionalidad de votos para consagrar los candidatos y obligación de excusarse por parte de aquel ciudadano que no quiera votar, está a años luz de ser un mecanismo que intente mejorar la participación de la gente y a terminar con la actual crisis de representatividad.

Se sigue privilegiando el sectarismo político y los intereses individuales, se profundiza el vacío del contenido de los partidos políticos y nos alejamos cada vez más de la ansiada y reclamada reforma política.

Es cierto que los que participamos en algún partido político nos hemos agotado en la vieja promesa de terminar con las corruptelas y éstas se mantienen aumentando el escepticismo de la gente.

Volver a sistemas de elecciones cerradas es impensable y si bien podríamos fundamentar esa posición en lo dispuesto por el artículo 38° de la Constitución Nacional reformada en 1994 que atribuye la competencia de los propios partidos a postular sus candidatos; a la ley de los propios partidos políticos; a los argumentos jurídicos a favor de los derechos inalienables de toda asociación y por ende de su voluntad soberana para elegir sus candidatos sin intromisión externa, considero que esas candidaturas también les interesan a todos los ciudadanos y que éstos pueden voluntariamente participar si es que lo desean, pero esta participación nunca puede ser obligatoria.

No puede ser obligatoria ni para el propio partido en los casos en que haya consensuado candidatos únicos y por lo tanto no existen hipótesis de confrontación, ni tampoco por supuesto, obligatorias para la ciudadanía en general.

La participación se logra en la libertad y no en la obligación, están totalmente equivocados quienes creen que la gente va a participar porque una ley lo dispone.

EL OCASO DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES

Es verdad que la reforma política no se agota sólo en el sistema de elección de candidatos, abarca otros temas como la necesidad de un tribunal electoral permanente y autónomo del poder político de turno, de un derecho real y efectivo a acceder a la información y vista de los actos de gobierno, de una eventual reforma constitucional; pero es indudable que la crisis de legitimidad y todas estas cuestiones vienen de la mano con el pronunciado ocaso de los propios partidos políticos tradicionales.
Los partidos profundizaron su aislamiento social y perdieron el contacto con la sociedad.

No supieron armonizar los mecanismos de apertura necesarios en los campos de la cultura, de la economía, de la educación, etc. para recrearse y sin discusiones ideológicas se quedaron estancados en la historia y en el discurso.

Han perdido el liderazgo en el plano de las ideas y los proyectos sociales ante una sociedad demandante, que declina lealtades y que genera una cultura en contra de toda pertenencia partidaria.

La consecuencia inmediata a todo esto es la elaboración social de un voto ocasional de acuerdo a su humor social y del cual los medios de comunicación no son inocentes.

Pero la decadencia actual de la organización partidaria no puede tomarse como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Para superar la actual crisis de representatividad y para lograr realizar una verdadera reforma política que termine definitivamente con las conductas y los vicios actuales, debe primero comprenderse que la gente no se siente representada y segundo, comenzar a transitar el camino de la reconciliación ciudadana.

El desafío es conseguir el más amplio consenso ciudadano dentro del plano de la política, porque es bueno afirmar que fuera de la política tampoco se puede lograr ningún consenso básico, ni para elegir candidatos ni para perfeccionar las instituciones.

Debemos mejorar en serio la calidad del sistema y democratizarlo en consecuencia y para lograrlo se debe dar participación a todos los sectores y estamentos de la comunidad. Se debe terminar con los espacios cerrados que se convierten en cotos privados, se debe terminar con el clientelismo y la dádiva política, se debe terminar con las prácticas confusionistas, cambiar constantemente las reglas de juego electorales, que confunden y violan las decisiones de los ciudadanos y terminan haciendo aparecer a los partidos políticos como los únicos responsables de la situación.

Para buscar la verdadera salida debemos reconstruir las instituciones de la democracia dentro del marco constitucional y el sistema electoral es fundamental.

Transitamos una época donde los partidos políticos y los políticos jugamos tiempo de descuento y para terminar con eso debemos ser capaces de mirar más allá del horizonte de la próxima contienda electoral y empezar a caminar hacia las soluciones integrales.

Porque a pesar de todo, el actual descontento legítimo expresado en distintos ámbitos, tendrá indefectiblemente que canalizarse en forma orgánica en la política, porque de lo contrario, serán posturas abstractas sin dirección ni sentido de reconstrucción institucional.

Nunca como ahora el espacio público de la Argentina estuvo tan sitiado por distintos sectores de la ciudadanía, pero ninguna reforma puede estar dirigida a destruir a la política, nunca puede estar dirigida a tener menos política y quedarse solo en el debate electoral, sino que debe tender a terminar con los hábitos y vicios de ella, pero también lograr instalar los mecanismos que terminen con la inercia de la sociedad que reniega constantemente de sus obligaciones.

Es el final de una época y ya que tocamos fondo, debemos enfrentar el tremendo desafío que significa cargar sobre nuestros hombros nuestra propia historia, apuntalar los restos del edificio con políticas serias para terminar con la politiquería y empezar a transitar todos hacia un futuro mejor.