EL SOCIALISMO FIJÓ POSTURA ANTE LA AMENAZA DE AGUAS

El diputado socialista Raúl Lamberto expresó preocupación ante la decisión de Aguas Provinciales de Santa Fe SA de comunicarle al gobierno que “si en un plazo de 30 días hábiles no se le da una respuesta formal al extenso litigio que se viene llevando adelante desde hace ya bastante tiempo, rescindiremos el contrato de concesión”.

Para el legislador rosarino, esta comunicación es el anticipo “de una rescisión unilateral efectuada por la empresa, con las consecuencias para la continuidad del servicio y la realización de las obras que indefectiblemente necesita la ciudadanía”.

Para el diputado socialista “esto parece el mundo del revés donde la empresa que no cumplió con lo pactado en el contrato ahora intima al gobierno provincial diciendo que si no les permiten aumentar sus tarifas en un 60 % para seguir prestando en forma eficiente el servicio, estarían dispuestos a rescindir el contrato. La que no cumplió con sus obligaciones contractuales fue Aguas Provinciales y lo poco que hizo fue de manera deficiente”.

“¿Por qué reclama soluciones la empresa?; ¿qué es lo que la ciudadanía no sabe sobre la marcha de la concesión y qué es lo que lleva a la empresa incumplidora a efectuar infundadamente tal intimación?”, se pregunta más adelante.

Injustificado aumento
Siguiendo con el razonamiento, Lamberto hace ver que la empresa “que no cumplió con el contrato durante 10 años, ahora requiere del poder concedente un injustificado aumento tarifario y manifiestan estar dispuestos a escuchar una solución alternativa que les permita continuar con la prestación del servicio”.

Señaló que después de “la prestación de un servicio deficiente, de las quejas de cientos de ciudadanos, de intendentes, de organizaciones y hasta de las declaraciones del mismo gobernador, cabe preguntarnos si tiene algún derecho la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe a intimar a la provincia a que si no renegocia nuevamente, rescinde su contrato”.

Por último, el diputado socialista dijo estar preocupado por la actitud del gobierno provincial en estos años. Faltó el control y la exigencia en el cumplimiento del contrato, pero más grave fue la decisión de suspender el cumplimiento de las metas y objetivos que tenía que cumplir la empresa. “Esto debería dar origen a la determinación de las responsabilidades por lo actuado en perjuicio de la provincia y la ciudadanía”, terminó señalando.