EL SOCIALISMO PRESENTÓ EL PROYECTO PARA MUNICIPALIZACIÓN EL SERVICIO DE AGUAS
El Diputado Raúl Lamberto (PS) presentó en la legislatura provincial un proyecto de ley a través del cual y mediante su aprobación, se les otorgaría a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe que así lo requieran, el poder concedente de la prestación del servicio público de agua potable, desagües cloacales y saneamiento en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
El proyecto dice que el servicio debe ser prestado en condiciones de regularidad, continuidad, generalidad y accesibilidad. Debe garantizarse a los usuarios un suministro eficiente e igualitario, y a la población la protección de su salud, la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Además las municipalidades podrán prestar el servicio por sí, crear entes o empresas públicas, o sociedades del Estado.
En lo que respecta a acuerdos intergubernamentales las municipalidades podrán suscribir acuerdos intergubernamentales con la finalidad de asociarse y conformar entes o empresas metropolitanas para la prestación del servicio en las jurisdicciones concernientes. También podrán asociarse para el planeamiento, generación y supervisión de políticas destinadas a la provisión de agua potable y/o colección de desagües cloacales, la programación y construcción de la infraestructura sanitaria acorde a las necesidades de la población.
Lamberto manifestó que “este desenlace, aunque previsible, nos ubica prácticamente en situación de emergencia, y modifica sustancialmente el rol de la provincia en cuanto a garantizar un efectivo suministro del servicio y su modo de instrumentación. No se pueden volver a cometer los mismos errores del pasado, el agua es un servicio esencial para la vida de la gente, por lo tanto no se debe vender al mejor postor, es una obligación del estado garantizarle a la población una prestación del servicio de forma eficiente y eficaz.”
“La experiencia vivida con la privatización del servicio ha sido mala, estando en manos de una concesionaria que en diez años de contrato no cumplió con sus obligaciones básicas, desconoció la realización de un plan de metas y objetivos y no realizó las inversiones necesarias y previstas, se puso en riesgo la salud de la población, muchas veces por no abastecer el recurso o proveerlo en forma insuficiente vulnerándose derechos humanos”, enfatizó el legislador.
Las municipalidades, a través de este proyecto, podrán dictar ordenanzas que garanticen una adecuada protección de los usuarios, aseguren la calidad y el nivel del servicio, establezcan un régimen tarifario apropiado y dispongan un efectivo contralor en la prestación del mismo. “Acá lo más importante es que los municipios y comunas son los que realmente conocen los problemas y necesidades de la gente y de sus localidades, es por ello que destacamos la importancia de otorgarles el poder concedente de tan importante servicio para una mejor prestación del mismo y donde se les podrá garantizar a cada uno de los habitantes el acceso al agua”, remarcó Lamberto.
Hasta tanto las municipalidades tomen efectiva posesión del servicio, o en el supuesto de que alguna municipalidad decidiera no disponer del mismo, su prestación estará a cargo de la provincia y continuará rigiéndose por las disposiciones provinciales vigentes, o las que en el futuro se dicten sobre la materia.
“Se trata, entonces, de una potestad indiscutible de los municipios y de un servicio propio del Estado, por ser esencial y obligatorio. En el marco de un reordenamiento jurídico-político-administrativo de los gobiernos municipales, resulta necesario producir un traspaso de la responsabilidad y de los recursos en la gestión de los servicios públicos”, culminó Lamberto.
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