EL SUEÑO DE LA COMISIÓN PROPIA

El ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, creó una comisión investigadora para ventilar “presuntas irregularidades” en el cierre de la defensa oeste de Santa Fe, el mismo día que el diputado radical Hugo Marcucci propuso crear una comisión parlamentaria con idéntico objetivo.

Todo ocurrió el lunes 5 de julio. A media mañana, Marcucci anunció su proyecto para investigar la obra que Carlos Reutemann adjudicó de apuro en 36 millones de pesos pero que costará más del doble y dijo que solicitaría el tratamiento sobre tablas en la Cámara de Diputados.

Casualidad –o no-, ese mismo día Hammerly estampó su firma en la resolución 137 que creó una comisión investigadora en el seno de cartera “a los fines de analizar y determinar presuntas irregularidades cometidas en el proceso licitatorio” de la obra que licitó su jefe político. El jueves 8, los diputados del PJ, amigos de Reutemann y de Jorge Obeid, rechazaron la propuesta de Marcucci, así que sólo quedó en pie la comisión de Hammerly.

“Nuevamente los santafesinos debemos esperar que sean los propios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas los que evalúen el accionar de sus compañeros en esta parodia de investigación interna instrumentada por el ministro”, disparó el legislador.

El tramo III de la defensa -en realidad, una autopista de 19 kilómetros hasta la localidad de Recreo- quedó bajo sospecha cuando la Cámara de la Construcción de Apyme pidió al gobierno de Obeid que explique por qué la obra se adjudicó sin proyecto ejecutivo y si era cierto que el costo original de 36 millones se había duplicado a más de 70 millones.

El secretario de Obras Públicas, Edgardo Fiol admitió la denuncia de Apyme. Así que la reacción en la Legislatura fue inmediata: se presentaron cinco pedidos de informes: uno que aprobó el Senado y cuatro en Diputados.

Sin embargo, Marcucci entendió que los pedidos de informes eran insuficientes para deslindar la “responsabilidad política, administrativa y eventualmente de otro tipo” de los funcionarios que intervinieron en el caso, por lo que propuso crear “una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para analizar todas las alternativas resultantes de obra”. Estaría integrada por representantes de los distintos bloques y debía expedirse en un plazo de 30 días.

El legislador anunció su proyecto el lunes 5, en un correo electrónico que los destinatarios recibieron a las 11.46. Sin embargo, el mismo día, el ministro Hammerly firmó la resolución 137 para crear una “comisión investigadora a los fines de analizar y determinar presuntas irregularidades cometidas en el proceso licitatorio” de la defensa oeste. El documento oficial -como muchos otros- carece de registro horario, así que quedará para los lectores imaginar quién fue el primero.

La comisión Hammerly estará integrada por tres funcionarios de línea designados por el ministro. Dos de su propia cartera: el doctor Bernardo Daniel Giolongo (de la Dirección General de Asuntos Jurídicos) y Luis Fazzio (de la Dirección Provincial de Auditoría de Control de Gestión) y uno de Vialidad Provincial: el doctor Jorge Eudoro Lassaga.

Hammerly autorizó a los investigadores “a requerir informes y realizar actos tendientes a la instrucción, con facultades específicas a dichos fines” y ordenó a las “reparticiones dependientes” de su área “a prestar la debida colaboración y responder los requerimientos que la comisión le efectúe en cumplimiento de sus funciones”.

La comisión nombrada por el ministro tendrá que expedirse en el mismo plazo que el diputado Marcucci propuso para la comisión parlamentaria: 30 días corridos.

El jueves, en el pleno de la Cámara, el proyecto de Marcucci fue rechazado por sus colegas del PJ, amigos de Reutemann y Obeid. “Lamento que el bloque justicialista haya decidido no acompañar esta iniciativa de conformar una comisión investigadora para analizar el proceso de concurso, adjudicación, ejecución y reajustes” de la defensa oeste, dijo el legislador.

“Una vez más, el criterio de urgencia sirve para justificar cualquier tipo de irregularidad en la gestión pública”, denunció Marcucci. Y recordó algunos casos: “compras directas de comida a más de 3 pesos la ración, reparto de donaciones con criterios clientelares, subsidios a comunas y municipios no afectados, material hospitalario almacenado en un depósito privado y bajo la guarda de un ex funcionario” amigo de Lole. “Y ahora una obra que se adjudica sin proyecto ejecutivo, sin licitación (por concurso privado), sin informar a la Legislatura y pretendiendo redeterminar su precio en más del doble del valor original”, apuntó.

“Nuevamente los santafesinos debemos esperar que sean los propios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas los que evalúen el accionar de sus compañeros en esta parodia de investigación interna instrumentada por el ministro Hammerly”, concluyó Marcucci.