El Supremo español procesa a Puigdemont

Es por el delito de rebelión. La medida también comprende a otros 12 políticos catalanes.

El Tribunal Supremo español informó hoy del procesamiento por delito de rebelión contra el ex presidente Carles Puigdemont y otros doce políticos catalanes, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el actual candidato a la investidura Jordi Turull y la recién huida Marta Rovira.

El juez de instrucción Pablo Llarena, a cargo de la causa por el fallido proceso de secesión, procesó por el delito más grave a un total de siete ex consejeros del gobierno catalán, además de a Carme Forcadell, la ex presidenta del parlamento regional, y los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, respectivamente.

Los siete ex consejeros imputados por rebelión son Turull, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa.

Los restantes cinco ex altos cargos del gobierno catalán sólo afrontan delitos de malversación de dinero público y desobediencia.

Se trata de Meritxell Borrás, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. También Puigdemont, Junqueras y los siete imputados por rebelión fueron procesados por malversación.

Por el contrario, Llarena dejó fuera del procesamiento al ex presidente catalán Artur Mas, a la coordinadora del PDeCAT (Partido Democrata Europeo Catalán) Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Estos son las únicas tres personas de los 28 que estaban siendo investigados que no son procesados por el proceso de secesión que llevó a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del año pasado.

Respecto de los ex miembros de la Mesa del parlamento catalán -órgano directivo de la cámara- que estaban siendo investigados, salvo en el caso de Forcadell que enfrenta un delito de rebelión, el resto fueron imputados por desobediencia.

Es el caso de Lluís Maria Corominas, Luís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

Finalmente, el juez incluyó en el procesamiento a la ex diputada y dirigente de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) Mireia Boya, y la ex vocera del grupo en el parlamento, Anna Gabriel, a quienes imputó el delito de desobediencia.

En el caso de la “número dos” y secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien hoy anunció que ha huido fuera de España, y a quien la investigación situaba en una especie de comité que decidió los pasos del proceso de secesión, el juez le imputó el delito más grave pese a que no formaba parte del gobierno.

Por otro lado, el magistrado fijó una fianza en concepto de responsabilidad civil por 2,1 millones de euros, una cantidad que deben abonar de forma solidaria entre Puigdemont, Junqueras y los ex consejeros procesados.

El cálculo de la fianza se desprende del dinero público supuestamente gastado por el ex gobierno catalán para celebrar el referéndum de secesión del 1 de octubre, que había sido declarado ilegal por la Justicia.

El juez Llarena citó hoy a declarar a seis de los políticos implicados en el proceso para informarles de la situación y evaluar nuevas medidas cautelares en su contra, entre ellos Rovira, que no acudió al tribunal, Forcadell, Turull, Romeva y Rull.

En caso de que Turull ingrese a prisión, quedará truncada su aspiración de convertirse en presidente catalán en segunda votación este sábado, luego de fracasar ayer en el primer intento.