EL TEMA ES QUÉ RUMBO HAY QUE TOMAR

Mañana, a su regreso de la China, y después de firmar el acta de reasunción del gobierno, Jorge Obeid se reunirá con el Ministro Roberto Rosúa quien le dará detalles de los dos episodios que –casi simultáneamente– mantuvieron en vilo a la comunidad santafesina: la masacre de Coronda –que ayer sumó otro muerto, elevando la cifra a 14– y el autoacuartelamiento de la policía de Rosario –tras el asesinato de un joven agente–. Más allá de informarlo –sin las limitaciones que le impuso la semana pasada la via telefónica con Shangai– el titular de la cartera política obtendrá inmediatamente la respuesta que a esta hora sigue siendo una incógnita: va ratificar el Gobernador la política carcelaria y de seguridad que se viene llevando adelante desde que asumió su segundo período, o va a modificarla teniendo en cuenta que es un año electoral y que se trata de un tema muy caro a la sensibilidad popular. Si se da la primera de las opciones, no solo permanecerán en sus cargos Fernando Rosúa –director del Servicio Penitenciario– y Leila Perazzo –Jefa de la Policía– sino que se profundizarán las acciones tendientes democratizar ambas instituciones, acompañado de un plan de obras y mejoras para el sector que la crisis de la semana pasada sin dudas acelerará. Si por el contrario, Obeid cede a las presiones de grupos enfrentados a esa línea de trabajo, los relevos de Fernando Rosúa y la doctora Perazzo no serían los únicos, ni los más importantes, en ese caso Roberto Rosúa dejaría de ser el Ministro de Gobierno.

Cárceles y elecciones

Antes de las elecciones de 1999, e candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf “renunció” públicamente al entonces Ministro de Seguridad de la provincia León Carlos Arslanian, pidiendo “meterle bala los delincuentes”. Eduardo Duhalde, por entonces gobernador y candidato la presidencia de la república, cedió a la presión y en lugar del ex-camarista que condenó a los responsables del Terrorismo de Estado, apareció Jorge Casanova, un cultor de la “mano dura”. Pasó el tiempo, Ruckauf fue electo Gobernador y luego de la debacle de Fernando de La Rúa, el ex-ministro de María Estela Martínez de Perón, también huyó del gobierno, pero en vez de en helicóptero como el inútil de De la Rúa, en avión rumbo a la cancillería del interinato de su compadre Duhalde. Como legado dejó –entre otras cosas– el desmande de la bonaerense que batió sus propios records de delincuencia y criminalidad. En los comicios de 2001, el vice de Ruckauf, Felipe Solá resultó electo Gobernador y volvió a convocar a Arslanian, que profundizó los cambios que había introducido durante su primera gestión y está logrando que la “maldita policía” aparezca con menor frecuencia asociada al delito que a su represión.

El relato precedente sirve para graficar lo que puede suceder en Santa Fe si la inminencia electoral y la presión de algunos sectores de la opinión pública lo llevan a Obeid a rectificar el rumbo en una área tan sensible con la que depende del Ministerio de Gobierno.

La relación de Obeid con Rosúa es excelente. Fortalecida después de que el ex-ministro de Sylvestre Begnis, renunciara a la comodidad de su banca de diputado para corregir la fallida designación de Alberto Gianeschi al frente de la cartera política, y asumir el cargo que había ocupado durante el primer gobierno del Obeid.

La designación de Fernando –el hijo menor del Ministro– como Director del Servicio Penitenciario fue avalada por Obeid no sólo en términos de confianza personal sino de proyecto político. El doctor Rosúa hijo, integró desde sus años en la Facultad de Derecho un grupo de estudiantes que luego se destacaron precisamente en temas de política carcelaria y derechos humanos, entre ellos Ramiro Sagarduy –docente en Gran Bretaña de posgrados en la materia– y Enrique Font –criminólogo de reconocida trayectoria académica. La orientación del trabajo en el Servicio Penitenciario tenía y tiene ese sesgo, que para muchos sectores del PJ y de los organismos de seguridad era inaceptable. Entre otras cosas, se instaló el concepto que la pena para un preso no debía exceder lo dispuesto por la justicia; esto es reclusión, pero no hostigamiento, malos tratos y abandono. Fue así que se avanzó conjuntamente con organizaciones no gubernamentales especializadas en la problemática carcelaria, llegándose inclusive a desarrollarse multitudinarias asambleas en el penal en las que debatían los internos con las autoridades de las cárceles, incluido el director del servicio. Desde ya que décadas de políticas de en sentido contrario generaron rechazo dentro y fuera del servicio, pero hasta la semana pasada si consecuencias trágicas. No obstante la creciente versión de la “facilitación” de la masacre que se les imputa a los guardiacárceles de Coronda, Rosúa fue cauto y si bien dijo “no descartar ninguna hipótesis” no apuntó a nadie del servicio y menos al titular de penal, Oscar Mancilla –cuya renuncia fue aceptada– que declaró al momento de irse que “compartía la política de Director de Servicio”.

Ayer en Coronda hubo más de 300 visitas a los presos del norte, hoy se esperan más de 700, y le toca los internos de Rosario. Para evitar incidentes –ayer todo transcurrió normalmente– se han redoblado las guardias y extremado los cuidados, sin embargo sobrevuela el temor de algún conflicto.

El viejo Rosúa en la Legislatura

Con los reflejos intactos, y cuando comenzaron a llover los pedidos de informes desde la legislatura, Roberto Rosúa se comunicó con el Presidente de la Comisión de labor parlamentaria y le dijo que “quería reunirse con los diputados de todos los bloques para informarlo de lo que pasó en Coronda, y también de la crisis policial en Rosario”.

Mario Lacava, una de las principales espadas del gobierno en la cámara baja, preside esa comisión y convocó para el jueves a los representantes de todos los bloques. Allí Rosúa va a exponer sobre lo sucedido, y seguramente va a derivar a la justicia el esclarecimiento de la matanza. En ese sentido se espera que el doctor Jorge Patrizi avance en la investigación. El juez estuvo presente en el penal una vez normalizada la situación, lo cual es un buen comienzo, teniendo en cuenta que pocas veces se esclarecen los crímenes dentro de las cárceles, aún cuando el universo de los sospechosos está perfectamente delimitado.

De su señoría se espera –fundamentalmente– que eche luz sobre cual fue la actitud de los guardias del penal, sobre quienes pesa la sospecha de haber facilitado la masacre. Este cargo llevó a los guardiacárceles a discutir duramente con Mancilla y Fernando Rosúa, el viernes, cuando estuvieron a punto de autoacuartelarse.

Frente a los diputados, el Ministro va a desarrollar el “plan carcelario” que contempla la habilitación de la primera etapa del Penal de Piñero, para octubre con unas 160 plazas, que se realiza con aportes del Fondo Fiduciario, y que estará concluido totalmente en 2006 con capacidad para 480 internos. También para la primavera se espera habilitar las 450 plazas de la Alcaidía Mayor de la UR2 de Rosario, y para fin de año otras 200 en Santa Fe.

Entre los proyectos se enumeran la construcción de un penal en San Martín y Circunvalación –en terrenos cedidos por el municipio de Rosario– para 300 internos, y un Instituto de Menores y otro de Mujeres con 150 plazas cada uno en Baigorria y Circunvalación. En la ciudad de Rafaela una nueva alcaidía para 200 reclusos, y una para 120 en San Cristóbal. Todas estas obras serán licitadas y adjudicadas en el curso de este años. Para 2006, se prevén dos alcaidías más en Rosario (en el límite con Pérez) con 300 plazas cada una, una en Reconquista con 200 y otra en con igual número de plazas en Melincué. Los fondos requerirán una asignación presupuestaria adicional, a lo que se agrega el dinero que remite el gobierno nacional por su deuda por los presos federales.

Los hechos dan cuenta de la construcción de una sola cárcel con apenas 80 plazas en Santa Felicia en el año 1997. Desde entonces y hasta hoy han habido refacciones y ampliaciones, a todas luces insuficientes. La crisis terminal del sistema penitenciario, puesta en evidencia de la peor manera tras la masacre de Coronda, debería terminar con las dilaciones y las medidas de coyuntura, como la que asomó apenas ocurrida la tragedia de construir una muralla para separar a los presos rosarinos de los santafesinos.

La policía también

Simultáneamente a los sucesos de Coronda, y después del crimen de Diego Navarro, la policía de Rosario se autoacuarteló. Hacia 20 años que no se daba una situación de esa naturaleza, y si bien la medida no duró ni siquiera una jornada, fue suficiente como para generar zozobra en la opinión pública y corridas en el gobierno.

La llegada de Gendarmería, por pedido de Rosúa al Ministro del Interior Aníbal Fernández no se demoró, lo cual según el gobierno “garantizó la seguridad de los rosarinos”. No obstante el patrullaje se redujo a unos 30 móviles en lugar de los 120 habituales de la policía, una docena de camionetas de la EPE, de Vialidad y de gendarmería. En términos estadísticos no se produjeron ni mayor cantidad de delitos, ni situaciones conflictivas, salvo una sobre la circunvalación que fue rápidamente disuelta por los gendarmes.

Pero para el gobierno había una problema adicional, que era restituir la disciplina. Para ello debió apelar a la Jefa provincial Leila Perazzo, que después de ser abucheada e insultada en el ingreso de la jefatura, se reunió “con los policías”, dejando fuera a los miembros de Apropol que había motorizado la protesta. Al final del encuentro –del cual Perazzo y sus subalternos se negaron a dar detalles– se levantó el acuartelamiento. Más allá de las versiones interesadas, el saldo de la reunión dejó bien parada a la jefa provincial, y descolocado a José Manuel Maldonado, Jefe de la Policía de Rosario, que le ofreció su renuncia al Ministro y que este desestimó, por el momento.

El comisario Maldonado, sabe que independientemente del buen concepto que tiene de su trabajo el Ministro, se le sublevó su tropa propia, y eso para un jefe es definitivo.

En los próximos días el gobierno oficializará:

* La asignación de 500 pesos para cada policía (también para el servicio penitenciario) por única vez.

* La adquisición de 5000 nuevas pistolas de diferente calibre, escopetas y calibres 40 para el comando radioeléctrico.

* La compra de 120 motos, 100 Pick-ups, 40 cuatriciclos, 4 autobombas, y 2 equipos de rescate de altura y agua.

* La compra de 5000 chalecos de seguridad, y otras tantas camperas de invierno.

* La incorporación de 250 nuevos efectivos en junio, y 300 más antes de fin de año.

* La aprobación en la legislatura de la Ley de personal que limita las horas de trabajo y los servicios adicionales.

A estos anuncios, deberá agregarse una recomposición salarial, para lo cual se estudiará una mecánica similar a la de los docentes con montos bonificables por antigüedad. De esta manera el gobierno espera descomprimir la situación y restarle peso a la presencia de Apropol, que más allá de su metodología de reclamo sostiene reclamos absolutamente justos y necesarios.

Pena y muerte

En Coronda asesinaron a 14 presos el lunes, y uno el domingo anterior. En el año 2004 los muertos fueron 8, en el 2003 hubo 12 muertes, y otros 11 en el año 2002.

En la Argentina no existe la pena de muerte, sin embargo, solamente en la cárcel de Coronda mataron a 45 reclusos en menos de 4 años. Muchos más que los reos ejecutados en el estado norteamericano de Texas, emblema de la política del garrote de la familia Bush.

En las cárceles santafesinas hay alrededor de 5000 reclusos, 3000 de ellos son procesados (para la ley: inocentes hasta que se demuestre lo contrario), y de esos 3000, casi la mitad terminan absueltos.

Cuatro de cada diez reclusos a los que se le dicta la prisión preventiva, luego son absueltos.

“Para Prescribir” se puede leer en una caja de cartón corrugado en uno de los juzgados correccionales. Allí se acumulan expedientes que al abrirse ya tienen su destino. Una prueba acabada de morosidad procesal, la limitación de recursos, y la inercia burocrática del Poder Judicial.

La masacre de Coronda y el autoacuartelamiento de la Policía de Rosario, no solo coinciden en el tiempo, sino en la calidad de la respuesta: Políticas Estado, aún en tiempos electorales.