EL TRIBUNAL DE CUENTAS NUNCA AUDITÓ ÍNTEGRAMENTE UN BALANCE ANUAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES

Las jornadas de paro y movilización de los docentes santafesinos, en reclamo de una modificación del sistema provisional santafesino, pusieron al descubierto otra fuerte discusión alrededor del organismo que administra el régimen solidario de reparto en la provincia.

La Caja de Jubilaciones ha sido, por lo menos hasta mediados del 2.003, la jurisdicción provincial más caótica administrativamente. Además – y no hasta hace mucho tiempo – fue escenario de investigaciones judiciales, allanamientos y el ámbito ideal para que algunos bufetes de abogados pongan a andar la denominada “industria del juicio”.

Sólo entre marzo de 1.998 y marzo de 2.000 el Tribunal de Cuentas de la Provincia firmó 98 resoluciones de emplazamientos y, en algunos casos, formuló cargos contra ex funcionarios. En ellas se pedían la rendición de cuentas correspondientes a los ejercicios anteriores, sobre todo durante la gestión del contador Edgar Lucca, entonces director del organismo y luego procesado por la Justicia. Pero no sólo las observaciones más gruesas son de ese período, también se hicieron serias observaciones sobre el mecanismo que utilizó la gestión del Ingeniero Fernando Bondesío, contable y administrativamente.

ALGUNOS EJEMPLOS

• Noviembre de 2.002. Resolución 800. T.C.P.

El contador fiscal en la Caja de Jubilaciones detecta en su auditoría Rendiciones de Cuentas pendientes por $ 30.926.301,88. En función de eso, la Sala II del Tribunal de Cuentas emplazó a las entonces contadoras del organismo, Silvia Muesati de Borga y Liliana Gaineddu, al contador Herberto Garcilazo y a Jorge Luis Doldán (entonces Tesorero) para que, en el término de 30 días, procedan a realizar las rendiciones de cuentas correspondientes. En Función de ello, la Caja de Jubilaciones solicitó los descargos pertinentes para que se dieran los tiempos necesarios a efectos de revisar la documentación contable y entregarla. Se hizo, pues, un seguimiento por parte del delegado fiscal y, paulatinamente, se fue demostrando que la Caja sólo puso descargar una suma cercana al millón y medio de pesos. Quedaron pendientes $29.500.000 sin rendir por los cuales se formularon cargos a los funcionarios, rubricados en una resolución, la 206 del año 2.004. Este monto corresponde a una desagregación que hizo la Caja de Jubilaciones a cargos que van, desde el año 1.996 hasta 31 de diciembre del 2.000, según versiones de la propia Caja. En ese período – el más irregular contablemente – no se ofrecieron en tiempo y forma los balances ni las rendiciones o, directamente, no se entregó documentación por lo que fue imposible auditar los números. Esa situación derivó en la firma de la resolución 206, de mayo de 2.004, que formuló cargos contra los cuatro funcionarios anteriormente citados: Muesati de Borga, Camussi, Garcilaso y Doldán. Todos presentaron recursos de reconsideración en respuesta ala decisión de la Sala II del Tribunal de Cuentas. El plenario, entonces, resolvió la admisibilidad de los recursos. El contador Néstor Priotti, vocal del organismo de contralor desde principios de 2.001, aclara en diálogo con Notife: “Los 29 millones de pesos sin rendir están conformados, mayoritariamente, por el pago de pasividades, le diría que en un 80 o 90% son por ese concepto. Yo cerré las actuaciones mediante una nota el 23 de agosto de este año, donde elevé las actuaciones a la Presidencia, solicitando el tratamiento en reunión del plenario y dejé constancia que se agotaron todas las instancias administrativas, ya que se dio tiempo para obtener la documentación sin tener un resultado positivo. Esto fue derivado a la Fiscalía Jurídica General del Tribunal de Cuentas para que se examine su admisibilidad”.

– ¿Por qué motivos no se entregó la documentación? ¿Por qué no está o por qué se ocultó?, preguntó Notife.

– Bueno, es evidente que si eso figura como gasto a rendir dentro del Balance de Movimiento de Fondos que manda la Caja, como cualquier jurisdicción (…) es evidente que lo comprobantes debieran estar. Lo que pasa es que no se localizan ni se localizaron, producto de los problemas que pudo tener en su momento la Caja en cuanto a la organización de sus archivos, pero la falta de localización es competencia de la Caja.

• Noviembre de 2.002. Resolución 801.T.C.P

Esta Resolución es un emplazamiento por cargos pendientes de rendición, pero correspondientes al año 2.001 y de enero a mayo de 2.002, por $129.202.953,68. Se emplazaron en esa oportunidad a los entonces contadores Liliana Camussi y Herberto Garcilazo y al Tesorero Jorge Luis Doldán. Explica Priotti: “acá también la Caja pidió los lapsos de tiempo necesarios para acreditar con documentación (…) esto fue llevado a la reunión de Sala y se concedieron, primero, 60 días que después fueron ampliados para que respondan. La Caja fue aportando documentación y así lo señaló el contador fiscal, donde manifestó que paulatinamente se fueron incorporando en sus balances este monto de dinero del que se hizo referencia en la resolución de emplazamiento. Esta situación quedó totalmente remediada y me fue ratificada esta información por la Fiscalía General que recibió la información a través de los sucesivos balances mensuales entregados hasta mayo de 2.005. Es decir, la Caja reunió la información, sobre todo de las pasividades y procedió a incluir en los sucesivos balances las rendiciones de cuentas por ese monto. La Caja aportó esa documentación, pero igualmente está sujeta al contralor para aprobar o no las rendiciones de cuentas presentadas”.

-¿Todavía no se comprobó la veracidad de la información?

-No, está en instancia de control.

• Mayo de 2.003. Resolución 162. T.C.P

La Sala II del Tribunal de Cuentas resolvió formular cargo a la ex contadora General Silvia Muesati de Borga y a la ex tesorera general Norma Previale de Gianeddu, por la suma de $ 77.446.150,05. Se los intimó entonces a los involucrados a responder en 10 días el importe correspondiente al cargo formulado. “Acá, en este caso, muchos hablaron de que se robaron 77 millones de pesos, no fue así, sino que fue falta de aporte de documentación para integrar las rendiciones de cuentas. Esto constituye emplazamientos realizados respecto de los balances que van, desde marzo de 1998 a marzo del año 2.000, vale decir, 25 meses, en donde tuvo intervención directa la contadora Borga. Por esos emplazamientos, la funcionaria presentó descargos con patrocinio legal que daban cuanta de procedimientos que se utilizaban anteriormente y de documentación que había en la Caja, pero no había un importe cierto de la documentación para justificar lo que manifestaba. Un tiempo después, y con la firma de la Resolución 162, se formuló el cargo por esos 77 millones. Ante eso, la contadora Borga solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas por la naturaleza de la situación planteada. Como en otros casos, los emplazamientos están dados por las pasividades, embargos judiciales y comisiones bancarias. Ante las dificultades para acceder a la documentación, le enviamos a la Caja una nota para que se le brinde a la contadora Borga toda la información que ella solicite. Finalmente se encontró la documentación que estaba en un departamento de archivo y así la contadora fue consiguiendo las pruebas. Eso motivó el dictado de 10 resoluciones aprobando cuentas en función de las opiniones de los contadores fiscales, en la medida de 32 millones de pesos. Además, en esta instancia, se firmaron ocho resoluciones más correspondientes a otros balances por pruebas aportadas por la contadora que suman alrededor de 9 millones de pesos, por lo cual estamos en los 42 millones que fueron resueltos positivamente por la Sala II y queda un remanente, donde no se presentaron las pruebas pertinentes”, dijo Priotti.

– O sea, quedan 35 millones que no fueron rendidos…

– Concretamente hay 35 millones sin justificar que, si bien se aportaron algunas pruebas, no han sido aprobadas por los contadores fiscales.

-¿La mayoría son pasividades?

-Sí, algunas además son franquicias especiales concedidas a los empleados del Banco de Santa Fe, entidad con la que la Caja formalizó un convenio.

-En el caso que los contadores fiscales comprueben que la documentación aportada es apócrifa ¿Pueden judicializarlo o deben informar al Director de la Caja?

-Las dos cosas, porque si es apócrifa origina un reparo y se formulan cargos por ese importe. Si no presentan los descargos pertinentes y convincentes para que la Sala levante el cargo, el cargo se mantiene. Sino, se hace un paquete con todas las actuaciones y se lo envía a la Fiscalía de Estado para que intime a reintegrar documentación u otra cosa, pero si se derivan las actuaciones a la Fiscalía de Estado, concluyen las actuaciones del Tribunal de Cuentas.

-Las principales desprolijidades de dieron en la gestión de Edgar Lucca…

-Si, son de la gestión del contador Lucca, pero también arrastra los primeros años de la denominada Nueva Caja de Jubilaciones, en la gestión del Ingeniero Bondesío. El caso de la contadora Borga es en ese período, del año 1.998 al 2.000.

-¿Cuántos balances anuales de la Caja de Jubilaciones fueron auditados íntegramente por el Tribunal de Cuentas?

-El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe no culminó la auditoría de ningún balance puesto a disposición por la Caja de Jubilaciones.

-¿De la historia de la Caja?

-Claro. Es decir, cuando se le pidió a la Caja que presentara sus balances anuales, es decir el balance general, (la ley 6.915 establece la obligación de presentar balances semestrales y enviar las memorias al Poder Ejecutivo y Legislativo) lo que se presentó acá (por el T.C.P), en la gestión de Bondesío, fueron los balances semestrales del 2.000 y 2.001 que fueron devueltos a la Caja porque esos estados contables no se compadecían con las normas contables vigentes y específicas para que nuestros contadores hagan una auditoría eficiente. Ahora están en poder de la Fiscalía General y de la delegación fiscal del Tribunal en la Caja de Jubilaciones, los balances anuales del año 2.003 y 2.004. En 30 días vamos a tener elementos más amplios para tener una mirada más precisa.

-Es muy impresionante saber que el T.C.P no ha auditado íntegramente un sólo balance de la Caja de Jubilaciones…

-Y si, yo debo ser crudo con esto, pero las cosas han venido así. Yo le recuerdo también que ahora hay un interés fuerte de la prensa y la ciudadanía por saberlo, que mucho tiempo atrás no lo hubo.

-Y en relación a los balances mensuales, ¿Cuál fue el último balance de movimientos de fondos remitido por la Caja y cuál fue el último auditado íntegramente?

-El último remitido es el de julio de 2.005, con lo cual la Caja está prácticamente al día con la entrega de la documentación. En cuanto al último balance mensual de movimiento de fondos tratado por la Sala II del Tribunal de Cuentas de la Provincia, corresponde a diciembre de 2.003, pero se encuentran en tratamiento once balances, vale decir que llegamos a noviembre de 2.004. Por otra parte, seis balances mensuales están en la Fiscalía General y dos más en poder de los contadores fiscales.

-El último balance mensual aprobado fue el de diciembre de 2.003, ¿No es mucho el retraso?

-No lo niego, pero usted no se da una idea todo el tiempo que a mí me han implicado los asuntos de la Caja de Jubilaciones, casi la mitad del tiempo como vocal de este organismo. Esto es muy tedioso, cosa que me ha llevado a decirle a un funcionario de la Caja que “alguien va a pagar este costo administrativo”.

-¿Usted entiende que, más allá de una cuestión burocrática, a una intención de demorar u ocultar la documentación?

-La circunstancia me impone a tener, por lo menos, el beneficio de la duda. Acá hubo mucha documentación que no se puso a disposición de los afectados a los que se le formularon cargos y cuando cambiaron las gestiones políticas aparecieron las cajas con documentos, inclusive ordenadas con comprobantes.

-¿Se ocultó premeditadamente información?

-No me consta, no puedo arriesgar un juicio porque es delicado, pero déjeme el beneficio de la duda por cómo ocurrieron las cosas.

-¿No lo cansa todo esto, no pensó dar un paso al costado?

-Me voy a ir el 31 de diciembre de 2.006 cuando termine mi mandato como vocal o cuando yo lo elija.

-Usted tiene 70 años y ya está jubilado, pero además es funcionario, ¿tiene suspendida su jubilación?

-Está suspendida hasta tanto termine el mandato de vocal. Luego voy a reactivarla.

-¿Cómo vivió el “incidente” Zuchiatti?

-No acostumbro a hablar de mis pares y eso ya fue juzgado por la comunidad y los medios de comunicación y, principalmente, por el plenario del Tribunal. La resolución dictada, que fue objeto del conflicto, fue dejada sin efecto.

-La resolución del plenario es la respuesta institucional del Tribunal de Cuentas…

-Exacto.