El vicio de diseñar leyes como un traje a medida

Si tal como se supone los polémicos proyectos de superpoderes y convalidación de los decretos de necesidad y urgencia salen con fritas, sin condimento que los altere, los legisladores se encaminan a profundizar el papel de escribanos de los proyectos del Gobierno al que han sido relegados últimamente.El pánico a la autonomía que domina las mayorías oficialistas y la debilidad de maniobra de la oposición —tanto numérica como escénica— agravaría sus efectos en ambos casos, por tratarse de leyes que modificarán profundamente la relación entre los dos poderes que representan al electorado y dan equilibrio al régimen democrático.La agenda que el kirchnerismo programó como un mecanismo de relojería indica que la regulación de los decretos, recién salida del horno del Senado, será sancionada en Diputados el 19 de julio. Y el 2 de agosto esa misma Cámara podría dar vía libre a los superpoderes solicitados por el jefe de Gabinete, después de su segura votación pasado mañana en el ala opuesta del Parlamento.Oficialistas y opositores parecen haber gastado buena parte de sus argumentos en los duros cruces que sostuvieron al conocerse los proyectos. Todo indicaría que es más de lo mismo, si no fuera que el drástico cambio de reglas que se propone agiganta los interrogantes sobre el sentido de los debates parlamentarios.Las megasesiones que abrieron el fuego de ambas leyes en el Senado reafirmaron una adicción a la que nuestros parlamentarios están atados: el vicio de legislar para el presente rabioso, como si cosieran un traje a medida del gobierno de turno, olvidando que su misión es la de fijar márgenes de acción hacia el futuro y con un concepto de equidad.Atornillar las argumentaciones a la agenda inmediata implica dar señales de que en un gobierno próximo esas reglas serían reacondicionadas. De ahí a la falta de seguridad jurídica —exigida por inversores vernáculos y foráneos— y al desamparo del ciudadano hay un paso.Esa inclinación quedó reflejada en los ejes que instaló el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en su visita del miércoles. Uno de ellos fue que las facultades para reestructurar el Presupuesto los pidió para sí mismo, para facilitar la administración. Lo justificó diciendo que "cuando las tuve, no abusé de ellas". Nada pudo aventurar sobre el uso que le darán sus sucesores. Los sena dores K repitieron el libreto.Al día siguiente, Cristina Kirchner apeló a la teoría de que "nosotros vamos a revisar todos los decretos" para justificar su negativa a fijar plazos para que el Congreso defina su validez. Sin atender a las dificultades para que el "nosotros" en el que se amparó se eternice en el poder. Alegó que el récord de decretazos por año que le endilgan a su marido se usó en obras de bien, a contramano de su aplicación en medidas de ajuste por la fracasada Alianza. No dijo si en caso de retornar al llano volvería a emplazar al Parlamento para que se pronuncie, como propuso antes de convertirse en primera dama.Un argumento de hierro de Cristina, el del espíritu de la reforma constitucional de 1994, quedó abrazado a un empate jurídico. Alberto García Lema, el jurista que negoció el pacto de Olivos por el PJ, le da la razón: afirma que el silencio parlamentario legitima los decretos. En cambio, el presidente de la Convención, Eduardo Menem, le dijo a Clarín que fueron incorporados al texto con el fin de que sólo el Congreso —y no el transcurso del tiempo— pueda validarlos.