ELECCIONES 2003: SE OCULTARON GASTOS POR MÁS DE $ 15 MILLONES

Representantes de los más importantes candidatos presidenciales del 2003 ocultaron a la Justicia gastos de campaña por más de 15 millones de pesos, entre otras maniobras para tapar el origen de sus fuentes de financiamiento.

Fuentes oficiales consultadas por Clarín informaron que una auditoría ordenada por la Cámara Nacional Electoral detectó, entre otros, los siguientes pagos ocultos, que sumados, llegan a los 15.436.024 pesos:

Fórmula Carlos Menem—Juan Carlos Romero: 11.036.250 pesos. Unos 7 millones de ese total fueron aportados por la salteña Fundación Argentina Solidaria dedicada a la enseñanza y la lucha contra la pobreza (ver Más aportes de una…).

Fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli: 3.427.289.

Fórmula Ricardo López Murphy-Ricardo Gómez Diez: 896.056.

Fórmula Leopoldo Moreau-Mario Losada: 56.159.

Fórmula Adolfo Rodríguez Saá-Melchor Posse: 20.270.

Estos datos surgieron de contrastar informes presentados por los representantes de los candidatos a la Justicia con las facturas de gastos de medios de comunicación y agencias de publicidad.

El cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral determinó que el gasto total declarado de las campañas de los 19 candidatos que se presentaron a las elecciones del 27 de abril fue de 13.344.925 pesos, aunque los canales de televisión informaron que facturaron gastos por 14.180.101. A esto hay que sumar la cifra detectada por la Cámara Nacional Electoral, aunque se supone que la cifra de plata negra puede ser mayor.

La cifra de gastos ocultos detectada por la Justicia señalaría que, además de la cuenta oficial que tenían los partidos para recaudar aportes privados con nombre y apellido habría habido cuentas secretas para recibir plata no declarada.

Otro dato llamativo es que las principales consultoras de opinión, con excepción de IPSOS Mora y Araujo, informaron que no fueron contratadas por los comités de campaña de los candidatos aunque todos los partidos se manejaron con decenas de encuestas. La respuesta demostraría que, en realidad, las consultoras fueron contratadas por empresas como un aporte en especie para los candidatos que tampoco declararon los partidos.

La auditoría señala que el 60 por ciento de los aportes privados fueron a las campañas de Menem, Kirchner, Rodríguez Saá y López Murphy lo que demuestra cómo jugó el empresariado a favor de algunos candidatos y que, el resto, en su mayoría, se financió con dinero de sus partidos o con los pagos del Ministerio del Interior para la impresión de boletas. Un dato curioso es que Izquierda Unida informó haber tenido “aportes privados” por 381.000 pesos.

En fuentes judiciales se afirmó que la jueza federal María Servini de Cubría —quien se encuentra de licencia hasta la semana próxima— debería comenzar a determinar si esas maniobras constituyen una violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos 25.600. El fiscal de esta causa es Jorge Di Lello.

Estos controles legales comenzaron a regir, por primera vez en la historia argentina, en las elecciones pasadas y prohíben los aportes anónimos y ponen topes a los gastos de campaña. La auditoría señala que si se computan los gastos no declarados las campañas de Menem, Kirchner y López Murphy se habrían excedido también en esos límites en el orden nacional.

Las penas previstas por la ley son prohibición de ejercer cargos públicos hasta 10 años para quienes firmaron los informes de gastos de campaña entregados a la Justicia —algunos de encumbrados funcionarios— y también dejar de recibir fondos para las futuras campañas.