ELEVARON A 50 AÑOS LA CONDENA MÁXIMA PARA DELITOS COMUNES

La Cámara de Diputados de la Nación transformó ayer en ley una modificación del Código Penal para que la Justicia pueda castigar con la suma de penas por distintos delitos comunes cometidos por la misma persona. El tope fue fijado en 50 años.

Así, sin discusiones y con la votación de los dos tercios a favor de los presentes, Diputados insistió con la redacción original de la norma, que había sido parcialmente modificada por el Senado.

La decisión de aprobar la ley aparece en relación directa con la nueva ola de secuestros y la recuperación del escenario por Juan Carlos Blumberg, quien anunció otra marcha al Congreso para el jueves próximo.

Esta norma, que debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, tiene origen en un proyecto del diputado justicialista Jorge Casanovas, ex camarista penal, presentado en 2002 y consensuado con uno reciente de la diputada pierrista Mirta Pérez. Era una de las pretensiones de Blumberg, incluida en el petitorio elevado al Congreso en la marcha de abril.

Entre las modificaciones sancionadas figura la elevación a 35 años de la barrera para lograr la libertad condicional en casos de delitos graves. Ante hechos aberrantes, como por ejemplo secuestro o violación seguida de muerte, no rige ese beneficio.

Hasta este momento, la máxima pena contemplada en el Código Penal para delitos comunes es de 25 años. La única excepción deriva de la Ley de Defensa de la Democracia, que impone el doble de la máxima pena contemplada en el código para quienes atentasen contra ella.

La suma de penas generó resistencias en una y otra Cámara, que finalmente la trataron y votaron. Está contenida en un único artículo, que dice: “Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor, y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de cincuenta años de reclusión o prisión”.

Hasta ahora, si un delincuente era encontrado culpable de delitos con penas de 5, 10 y 15 años de cárcel, por ejemplo, nunca podía ser condenado a más de 15. A partir de la ley votada ayer, podrían darle hasta 30 años (5 más 10, más 15).

Otro ejemplo: si un hombre mataba a otro y a la semana volvía a matar, al juzgarlo sólo podían darle el máximo de la pena contemplada por la especie del delito (homicidio, 25 años). Ahora esos máximos se suman: podría ser condenado a 50 años.

Diputados insistió con este texto con el voto de los dos tercios de los presentes, requisito imprescindible para vencer la voluntad del Senado, que hace más de dos meses había reducido el tope a 37 años y seis meses. Diputados logró consagrar lo que quería por el hecho de haber sido la Cámara de origen del proyecto.

La votación fue de 95 a favor contra 18 en contra y 46 abstenciones. El peso del voto afirmativo lo asumió el justicialismo plenamente unido, con apoyo de varios diputados provinciales. Radicales, transversales y bloques de izquierda prefirieron abstenerse por estar en contra de la ley.

Ayer no hubo discursos, salvo una corta intervención del diputado radical Hernán Damiani, para explicar la abstención de su bloque y desestimar, en su condición de presidente de la comisión de Legislación Penal, la reforma del Senado. Dijo que era peor que la de Diputados.

El Poder Ejecutivo no tuvo en estos meses iniciativas propias en seguridad, que fueron asumidas así por el Parlamento. El ex ministro Gustavo Béliz había realizado en Diputados una serie de enunciados en un informe brindado en la comisión de Legislación Penal, que no salieron de ese plano.

Algunos expertos en Seguridad creen que una carrera por el aumento de penas no tiene una incidencia directa en la baja de los delitos. Eso pensaba la diputada María del Carmen Falbo, que hace unas semanas dejó su banca para asumir la Procuración de la provincia de Buenos Aires.