EMGASUD CONSIGUIÓ EL AVAL LEGISLATIVO PARA CONSTRUIR UN GASODUCTO PARALELO A LA RUTA 34

Emgasud, la firma de capitales patagónicos que ya firmó un preacuerdo para quedarse con las acciones del grupo Suez en Aguas Provinciales de Santa Fe, consiguió que la Legislatura santafesina le permita iniciar las obras de un gasoducto que llevará combustible a 48 mil habitantes de la provincia mediante el desembolso de 45 millones de pesos. La oposición cuestionó el modelo a aplicar: “Un fideicomiso donde el Estado pone el dinero y el privado se lleva las ganancias con escasa inversión”, plantearon los legisladores durante la discusión en la Cámara baja. “La sospecha que hay es que, más allá de que la obra sea necesaria para la gente, se lanza en esta necesidad objetiva de hacer negociados de la mano del poder político”, denunció el diputado socialista Alfredo Cecchi. El oficialismo defendió el contrato a suscribirse, financiado por el gobierno de Néstor Kirchner y atribuyó las críticas a “una visión conspirativa”.

En su última sesión del jueves, Diputados convirtió en ley un mensaje del Poder Ejecutivo provincial que ratifica dos convenios para poner en marcha la obra del gasoducto paralelo a la ruta 34 que llevará combustible entre Luis Palacios y San Martín de las Escobas beneficiando a doce localidades de los departamentos San Lorenzo, Iriondo, San Jerónimo y San Martín.

El costo total de la obra superará los 45 millones de pesos. Los gasoductos de alimentación y estaciones reguladores de presión tienen un costo de 33 millones y los restantes 12 millones corresponden a las redes de gas natural en cada una de las localidades. Además del aporte reintegrable del gobierno nacional, aportarán al fideicomiso 15 empresas de la zona, la mayoría de ellas cerealeras.

El gasoducto en custión beneficiará a la ciudad de Totoras y a las localidades de Monje, Díaz, Cañada Rosquín, Casas, San Martín de las Escobas, Centeno, San Genaro, San Jenaro Norte, Clason, Salto Grande, Lucio V. López y Bustinza que en su conjunto tienen unos 48 mil habitantes. Se estima que se removerán 145 mil metros cúbicos y que el tendido de la obra implicará darle trabajo a cerca de 220 personas.

El voto de los legisladores justicialistas y del bloque del Partido del Progreso Social convalidó los acuerdos celebrados en marzo entre el Ministerio de Planificación Federal, el gobierno provincial con la participación de Enargas, el Nuevo Banco de Santa Fe y la Empresa Gas del Sudeste SA (Emgasud). El proyecto votado exime del impuesto a los sellos a los documentos y actos jurídicos para concretar la obra y autoriza a los municipios y comunas a contratar con la empresa en cuestión para ejecutar las redes de gas.

A través de un documento denominado “No a los Proyectos Virtuales”, los diputados del Frente Progresista Cívico y Social señalaron: “Nadie puede dudar sobre la importancia de dotar a una amplia región de la provincia de gas natural y de las ventajas económicas y sociales que se consiguen con la dotación de este servicio. Pero el logro de esta mejora debe alcanzarse en un contexto que no genere dudas”. Según los legisladores socialistas, radicales y del PDP “de la lectura de los convenios surgen preocupaciones y dudas sobre los reales metas de los proyectos ya que no se especifican los plazos de ejecución ni las características de las obras a ejecutar; las fuentes de abastecimiento de gas, y los mecanismos que se han utilizado para que Emgasud resulte adjudicataria en la ejecución de las obras y beneficiaria de sus explotación, cuando sólo aporta algo más del 10 por ciento de las inversiones necesarias para construir el gasoducto”.

Mientras, Oscar Urruty, del cavallerismo que apoyó la iniciativa, se mostró sorprendido “por la actitud de estos otros legisladores porque estamos hablando de una obra que beneficia a parte de la población a localidades que vienen trabajando para conseguir esta obra desde años. Aparecieron críticas muy duras a este proyecto”.