EMPLEADOS DEL SENASA DENUNCIAN IRREGULARIDADES
Los empleados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de todo el país encararon un plan de lucha en reclamo de una reestructuración del organismo que permita garantizar las funciones de control y fiscalización de la cadena alimentaria. El pedido incluye financiamiento del propio ente, recomposición laboral de sus trabajadores y la clara formulación de un plan sanitario nacional.
“Hay un abandono total del control del consumo interno”, denunció el delegado general del Senasa Rosario, Carlos Preiti, quien explicó que con el plantel de personal que hoy cuenta el organismo “resulta imposible fiscalizar toda la cadena de alimentación”, que va desde el campo hasta la góndola.
El plan de lucha incluye el trabajo a reglamento desde esta semana, dos jornadas de protesta el lunes y martes próximo y un paro nacional en todas las áreas el 5 y 6 de abril.
El dirigente reconoció que se trabaja “en forma desprolija”, y dejó entrever que en estas condiciones los consumidores no pueden quedarse tranquilos cuando consumen productos que previamente deben tener la aprobación del Senasa.
Al respecto citó un ejemplo. “La detección de la escherichia coli demanda isopados frecuentes en mesadas o lugares de trabajo de los frigoríficos, lugares donde se manipula carne. Esto no se realiza en todos los establecimientos con destino al mercado interno, ya que la mayoría del personal está abocado a los de exportación”, dijo el dirigente.
Semejante dato no es menor si se tiene en cuenta que además el Senasa debe controlar la elaboración de todo tipo de productos de consumo humano, como también los granos que parten desde los puertos cerealeros de la región con destino al mercado externo. “Esto prácticamente no ocurre”, se sinceró Preiti, quien señaló que actualmente en la delegación Rosario del Senasa -la segunda en importancia del país- hay un déficit de 140 personas.
Quién hace los controles
Los empleados del Senasa buscan con las medidas de fuerza sacar a la luz las “deficiencias internas” del organismo que tiene a cargo el control sanitario de la Argentina.
Entre ellas mencionaron como una de las más serias la “tercerización de los controles, que quedan en manos de los propios controlados”.
Por la falta de personal y las condiciones de trabajo con la que se maneja el organismo, en la mayoría de las oportunidades los frigoríficos son los que les pagan a quienes deben controlarlos, como es el caso de la figura del veterinario de registro, “que es legal, pero ilegítima”, dijo Preiti.
Este personal eleva al Senasa la información, pero cobra de los empresarios.
Esto también ocurre con el propio personal del organismo. Bajo la figura de “requerido” las empresas le pagan al empleado del Senasa la carga horaria que le demandaron por fuera de su turno habitual.
El dirigente rosarino explicó que más del 50% del personal está contratado, se frenaron los escalafonamientos y los salarios están congelados desde hace 14 años. “Para las inspecciones de la Unión Europea se suele contratar gente pocos días antes, sin conocimiento de la situación, sólo para mostrar que el país debe tener el status sanitario que dice”, explicó Preiti.
“Creemos que esta inacción ante los reclamos es una decisión política que tiende a profundizar lo que ocurría en los años 90, cuando se pretendía tercerizar las funciones del organismo”, concluyó Preiti.
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