EMPLEADOS PÚBLICOS COBRABAN PLANES SOCIALES DE DESOCUPADOS

Cerca de 200 empleados municipales y del Poder Judicial de la provincia de Corrientes fueron denunciados por cobrar planes sociales que debían destinarse a trabajadores desocupados, maniobra que provocó al Estado un fraude superior al millón de pesos.

La denuncia fue efectuada por el fiscal Guillermo Marijuán, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), quien detectó las irregularidades ayer y presentará las pruebas ante la Justicia federal de Corrientes la semana próxima.

En diálogo con Télam, el fiscal explicó que los programas sociales “estaban siendo cobrados por 192 empleados de la Municipalidad de Goya y al menos una docena del Poder Judicial, algunos de ellos con altos cargos”.

Tras detectar el fraude, el fiscal pidió que se dé inmediatamente de baja al cobro de los beneficio, que en algunos casos eran percibidos por los empleados desde hace más de tres años.

Teniendo en cuenta que el pago mensual a cada jefe y jefa de hogar desocupado es de 150 pesos, el fraude provocado al Estado sería de poco más de un milllón de pesos, estimó Marijuán.

“Ahora continuaremos trabajando porque hay sospechas de que estas maniobras se repiten en el Poder Ejecutivo y el Legislativo”, agregó el fiscal, quien planea entrevistarse la semana próxima con el juez federal Carlos Soto Dávila para entregarle la investigación premiliminar que realizó.

Desde la creación de la UFISES, este organismo detectó numerosas irregularidades en la entrega de planes sociales a cargo de los municipios, que en general ofrecen los beneficios a cambio de “favores políticos”.

Además, la fiscalía descubrió que cobraban planes miembros de la Policía, la Prefectura y las Fuerzas Armadas, entre otros.