EMPRESARIOS ENCIENDEN ALARMAS POR REFORMAS A LA LEGISLACIÓN LABORAL

Invitados por la Unión Industrial de Santa Fe, los abogados especialistas en derecho laboral Walter Andreozzi, director del Instituto de Legislación y Política Social de la Federación Industrial de Santa Fe -Fisfe- y vicepresidente del Instituto de Legislación y Relaciones Parlamentarias de la UIA, y Guillermo Garibay, asesor letrado de la Uisf, dictaron un seminario sobre legislación laboral.

Además de intercambiar ideas a partir de los nuevos proyectos que están tratándose en el Congreso Nacional, los abogados trataron ante El Litoral distintos temas referidos a la situación actual del mercado laboral.

“Nos parece que las energías que hoy están puestas en discutir modificaciones al régimen laboral, deberían estar destinadas a incorporar a más del 40 % de los trabajadores cuyo desempeño es informal, porque de lo contrario seguimos ocupados en reformas para un sector y nos olvidamos del que está afuera”, enfatizaron.

Respecto de la relación con los sindicatos, ambos se mostraron partidarios “del diálogo y la concertación. Así como lo hubo en la crisis, lo debe haber en el crecimiento. No pueden volver los tironeos”.

-¿Las reformas significan retroceder en el tiempo o adaptarnos a la globalización?

-Hay un escenario nuevo de discusión de los distintos institutos del régimen laboral argentino, fundamentalmente a partir de la asunción de Héctor Recalde como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Él es, en realidad, la punta del iceberg, porque proyectos de reformas hay de todos los colores.

-¿Cómo consideran estas reformas?

-Las reformas aisladas que en principio pueden presentarse como ingenuas, cuando están dentro del contexto de una serie de reformas se transforman en una complicación para la relación individual de trabajo. ¿Cuál es la ideología de estas reformas? Mayor rigidez a la relación individual en la relación laboral, mayor conflictividad, mayor judicialidad. Ése es el escenario con el que nos vamos a encontrar.

-¿Cuáles son las reformas que más preocupan?

-Hay una troncal que es la Ley de Riesgos de Trabajo. Hoy estamos ante una derogación virtual a partir de los fallos de la Corte. Eso es preocupante. Hay algo que es relativamente innovador para el derecho laboral argentino que es el tema de la ratificación del convenio 158 de la OIT que estipula la prohibición de los despidos sin causa. Eso va a traer mucha conflictividad. En este tema, hay algunos proyectos más benignos de agravamiento de los despidos sin causa. De los tantos que hay, uno permite extender las prescripciones de los créditos laborales de dos a cinco años. Plantear una prórroga de este tipo agrega una dosis de incertidumbre altísima y además genera un costo oculto que es el de los juicios.

-¿Cómo está el ambiente empresario a causa de estas reformas?

-Empiezan las alertas, pero aun las variables macro siguen siendo muy importantes como para que el ítem laboral impida una proyección al crecimiento de la empresa. Pero indudablemente es de alta preocupación, fundamentalmente por esta tendencia a querer reformar periódicamente distintos institutos del derecho laboral con lo cual hoy se está contratando un trabajador que no se sabe, durante la vigencia de la relación laboral, cuál será la norma aplicable. También tiene media sanción un proyecto que ratifica todos los decretos de agravamiento indemnizatorio a partir de la ley 25.561. Kirchner anunció el índice de desocupación al 10,4 %. Cuando vuelva a un dígito, la idea es que baje a la mitad automáticamente, pero ya hay discusiones respecto de si eso ocurrirá en todas las regiones, cómo estará compuesto, etc. Esas cuestiones no generan claridad en las relaciones laborales y siembran preocupación. No al tiempo de suspender inversiones, pero sí en cuanto a que en las Pymes la repercusión de cualquier conflicto es mucho mayor.

Más demandas

-¿Hay un incremento en las demandas laborales?

-Son crecientes. Además, han empezado a aparecer reclamos posteriores a la extinción de la relación laboral que se homologan en las Secretarías de Trabajo para reabrir los acuerdos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya hay un fallo de primera instancia que declaró nulo un acuerdo homologado. Esto tiene un efecto dominó. A raíz de esta situación, la Secretaría de Trabajo de la provincia es estrictísima al momento de homologar, prácticamente no quiere homologar nada. Entonces, la inseguridad se traslada a la gestión de la empresa. Hay fallos que preocupan. Por ejemplo, la Corte había fijado un criterio claro en materia de extensión de responsabilidad por solidaridad. Pero ahora, los juzgados de inferior jerarquía, que deberían seguir la doctrina de la Corte, están empezando a hacer elaboraciones propias, por lo cual el criterio para decidir cuándo se extiende la solidaridad se vuelve difuso. Entonces, desde la empresa no frenan una inversión, pero toman tantas precauciones que se demora cinco veces más la forma de implementarla. También están entrando demandas por las empresas subcontratistas.

-Todo esto ¿no es una especie de contrarreacción a las normas laborales de los ’90?

-Así lo plantean algunos como Recalde. Pero nosotros representamos, fundamentalmente a las Pymes, que son las que conforman la trama industrial de la provincia. Las Pymes no fueron beneficiarias de las políticas de los 90, así que no las castiguemos ahora. Creo que fueron tan víctimas como los trabajadores. El índice de mortandad de Pymes fue feroz.De hecho, al capítulo laboral de las Pymes lo fueron destrozando de a poco y ahora hay un proyecto que hace desaparecer cualquier diferencia entre una Pyme y las grandes empresas. El argumento es que el ser humano es uno, tanto trabaje en una Pyme como en una gran empresa. Pero convengamos que las expectativas de un empleado de una multinacional son muy diferentes a las del empleado de un pequeño taller metalúrgico.

-¿Están de acuerdo en fijar salarios mínimos por región?

-Es reconocer la historia. En 1964, cuando se reglamentó la ley del salario mínimo vital y móvil se especificó el tratamiento diferenciado por regiones. Nosotros lo apoyamos. Creo que es válido el debate. No repercute lo mismo en Buenos Aires que en el interior de Santa Fe o en Jujuy. La realidad laboral es tan compleja, desde la minería hasta las modelos, que es imposible que sea el Estado el que establezca las regulaciones. La idea en todos los países desarrollados es que haya marcos regulatorios generales, desarrollados y modernos, y luego por sector, vía negociación colectiva, se vayan adaptando las normativas. En esa vía, caben los salarios básicos por convenio.

Proyectos que preocupan

-¿Hay preocupación por algunos proyectos en la provincia?

-Dos preocupan. Uno es la modificación casi integral a la Secretaría de Trabajo, a la que se le aumenta el poder de policía. El sector empresario quiere participar en este proceso de reformulación. Se crea una tasa del 5 por mil sobre la masa salarial que pagan los empleadores, destinada a financiar los controles y la capacitación. Hay un arancelamiento de los costos de la Secretaría.

El otro es una reforma a los códigos de procedimientos laborales para los casos de los despidos sin justa causa, que está avanzando sobre cuestiones de fondos que deben ser tratadas en la legislación nacional. Se está abreviando el procedimiento en el caso de los juicios laborales sin justa causa. Se lo está llevando a un proceso sumarísimo, con lo que se van acotando las posibilidades defensivas del sector demandado, que es el empleador, y a su vez, se introduce el tema del pronto pago a los fines de apelar una sentencia. El empleador, para apelar una sentencia en contra, va a tener que depositar el total de la planilla, con lo que se está cercenando la facultad de provocar el despido de un empleado.

-¿Qué opinión tienen del funcionamiento de la Justicia laboral provincial?

-En líneas generales, los jueces, a partir de esta tendencia, se están animando a dictar fallos en el mismo sentido, con lo cual han empezado a salir de lo que nosotros consideramos el justo criterio. Es una tendencia moderada, no podemos decir que la Justicia actúa irracionalmente ni mucho menos. El otro tema es que está colapsada porque la judicialización de los conflictos es terrible. Y esto es, en parte, responsabilidad de la Justicia y, en parte, de nosotros, los abogados, que, en vez ver cómo solucionamos un conflicto, iniciamos la demanda. Los jueces, en Santa Fe, usan bastante una herramienta que es la audiencia de conciliación. Pero nosotros, los abogados, no aprovechamos esta herramienta. No podríamos decir que desentone. Tampoco Santa Fe picó en punta con el tema de la industria del juicio.