EMPRESAS INUNDADAS PEDIRÁN AYUDA ECONÓMICA A KIRCHNER
Esta tarde, las empresas afectadas por el desborde del río Salado irán a Rafaela para entregarle al presidente de la Nación, Néstor Kirchner, un petitorio donde le solicitarán una ayuda económica (concretamente 50 millones de pesos) que les permita obtener una reparación de los daños sufridos.
El hecho sumará más tensión a la visita, concretada en un momento álgido por las discrepancias del gobierno nacional con los líderes del justicialismo santafesino en cuanto a los montos remitidos para hacer frente a la emergencia.
La nota terminó de cobrar forma ayer por la noche, en una reunión realizada en el Centro Comercial de la que participaron decenas de empresarios afectados por la inundación.
En el petitorio que intentarán entregar en la propia mano del presidente, detallan que alrededor de 2.000 empresas se vieron afectadas por la catástrofe hídrica en Santa Fe y aproximadamente 5.000 puestos de trabajo se encuentran seriamente amenazados.
“La ayuda que se necesita es urgente, pero actualmente se sigue postergando. Las respuestas del gobierno provincial no alcanzan, la ayuda que necesitamos no aparece, y mientras esperamos está en riesgo una parte de la productividad de la provincia de Santa Fe, y en cierta forma, una porción de la productividad nacional”, dice la misiva.
Agrega que recientemente se declaró la ley provincial N° 12.183, de reparación a los damnificados por la inundación, “a la que consideramos inconstitucional, ya que reconociendo sólo aproximadamente un 15% de nuestras pérdidas, nos impone renunciar a reclamos judiciales futuros”.
Finalmente, las empresas afectadas ruegan a Kirchner que intervenga por encima de las “discrepancias” con el justicialismo santafesino, y otorgue un tramo de $ 50 millones para reparar el ciento por ciento de los daños directos sufridos, verificados por el mismo Estado provincial, “luego de largas y exhaustivas evaluaciones que se han prolongado hasta la fecha”.
RECURSOS DE AMPARO
José Mustafhá y Raúl Fridman, representantes de los empresarios afectados, amenazaron también con ir a la Justicia y presentar recursos de amparo, además de recurrir a organismos internacionales (como Amnesty) y nacionales de derechos humanos para exponer la situación del sector.
También irán a la carga con una solicitada en la que responsabilizan al gobernador de los destinos de las firmas inundadas si no veta el artículo 1 de la ley 12.183 que los obliga a desistir de juicios contra el Estado si aceptan la ayuda económica ofrecida.
“Eso es inconstitucional y se contradice con el veto producido por Kirchner al artículo 9 de la ley nacional 25.812, que también imponía renunciar a juicios”, dijeron.
El encuentro de anoche mostró la indignación de los empresarios ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial. Según señalaron, se perdieron en total 87 millones de pesos en forma directa, pero el Estado reconoce 57 millones y por ley dispuso sólo 18 millones de ayuda (eran 13 e hizo un aumento de 6 millones más).
CON DIPUTADOS
Al encuentro en el Centro Comercial asistieron también los diputados provinciales Daniela Qüesta, Hugo Marcucci y Marcelo Brignone y el ex legislador nacional Carlos Iparraguirre, quienes “relataron la interna desatada en la Legislatura con anterioridad a la aprobación de la ley de resarcimiento”, indicaron Fridman y Mustafhá.
Según los dichos de estos diputados, “los proyectos que habían elaborado para realizar una ley alternativa a la 12.183 ni siquiera se trataron. El PJ fue y votó en bloque, demostrando que están trabajando en forma corporativa y que en lugar de actuar a favor de la gente, lo hacen para mantener sus puestos de trabajo”.
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