EN 15 DÍAS, LA CORTE DICTARÁ LA INVALIDEZ DE LAS LEYES DEL PERDÓN

La Corte Suprema de Justicia ya le puso fecha a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final: lo hará dentro de quince días, el martes 7 de junio, si no surgen imprevistos de última hora.

Ese día, al menos siete de los nueve jueces de la Corte pasarán a la historia las polémicas “leyes del perdón”, sancionadas en medio de asonadas militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que beneficiaron en la década del ’80 a cientos de represores de la última dictadura. El principal efecto de esta medida es que podrán seguir adelante numerosas causas por violaciones a los derechos humanos abiertas en los últimos dos años, luego de que el Congreso derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, bajo el impulso del presidente Néstor Kirchner.

Actualmente hay unos cien militares o ex militares detenidos por estas causas en todo el país, muchos de los cuales por razones de edad cumplen arresto domiciliario, como es el caso de los ex comandantes Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Fuentes del Gobierno estimaron en su momento que el total de involucrados tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes del perdón podía ser de 400, de los cuales sólo el 10 por ciento estaría aún en actividad.

El fallo que la Corte tiene previsto firmar el 7 de junio es una de las causas que viene impulsando en los últimos meses el presidente del tribunal, Enrique Petracchi. De hecho en la Corte ya estaban definidos los votos desde hace un par de meses, y esperaban un paso formal: que el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, presentara su dictamen. Pero el miércoles 4 de mayo, el presidente Néstor Kirchner aprovechó una presentación en la Feria del Libro para pasarle la factura en público a la Corte por la demora en sacar el fallo. Dijo: “No queremos esperar hasta que llegue el bicentenario (en 2010) para que la Justicia se expida sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. Las palabras del presidente tuvieron un único efecto en la Corte: abrir un compás de espera de un mes, justamente hasta el 7 de junio.

Al día siguiente de las declaraciones de Kirchner, el Procurador presentó su dictamen ante la Corte, donde recomendó al tribunal declarar la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. Righi resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía y prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de las violaciones graves de los derechos humanos”.

En esta misma línea se pronunciará la Corte en el fallo sobre las leyes, con el antecedente de agosto del año pasado, cuando declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad en la causa por el asesinato del general chileno Carlos Prats, ocurrido en 1974 en Buenos Aires.

El reclamo por el fallo sobre las leyes fue apenas la primera de una serie de fricciones que se produjeron este último mes entre el Gobierno y la Corte. “La independencia judicial es una rosa con espinas”, dijo la semana pasada uno de los jueces del tribunal. Lo aseguró luego de la polémica desatada tras la excarcelación del empresario Omar Chabán, decidida por la Cámara del Crimen, que provocó duras críticas por parte del Presidente. En la Corte se decidió primero no salir a confrontar con Kirchner, pero luego varios jueces hablaron públicamente.

Uno de ellos fue Raúl Zaffaroni, propuesto en el tribunal por el propio Presidente, quien le pidió al “poder político” que “no trate de conseguir votos sobre la base de una tragedia” como la de Cromañón, donde murieron 193 jóvenes. El otro tema que causó roces entre la Corte y el Gobierno fue el ajuste parcial a los jubilados otorgado el martes pasado.

La confirmación de la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, en cambio, promete ser una decisión que contará con el aval del Ejecutivo.