EN 2005 SE DENUNCIÓ UN 11% MÁS DE DELITOS

Los delitos denunciados en los tribunales provinciales aumentaron en 2005 un 11 por ciento respecto del anteaño, según una estadística elaborada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Cada día ingresaron 292 nuevas causas por infracciones al Código Penal, lo que equivale a 12 por hora. Ese número se engrosa al considerar las contravenciones y los expedientes no relativos a la comisión de delitos (como amparos, exhortos y hábeas corpus): el fuero absorbió en total 122.516 sumarios, un 14 por ciento más que en 2004, pero terminó 114.919 (incluidos en esta cifra los de años anteriores). El 84 por ciento de los casos que se cerraron fueron por desestimación, archivo o prescripción, el gran cuco del sistema.

El informe, una radiografía del fuero al 31 de diciembre de 2005, llega en un momento especial, cuando se discute una reforma integral de la Justicia santafesina, con eje en el atrasado procedimiento penal (todavía escrito y secreto). Además, a nivel nacional hay varios proyectos en danza para modificar el Código Penal. La intención de la pormenorizada estadística es controlar el desempeño de los juzgados. Hay que tener en cuenta que el análisis sólo es cuantitativo, pues no se discriminan las causas por tipo de delito, lo que acaso permitiría políticas criminales más definidas. Las cifras reflejan el nivel de judicialización de los fenómenos delictivos, no la cantidad de ilícitos cometidos: los expertos calculan que las víctimas sólo denuncian entre el 40 y el 50 de los hechos que sufren, precisamente por descreer que el Estado pueda impartir justicia. El nivel de advertencia a las autoridades se deprime al 15 por ciento en casos de abusos sexuales.

Por último, la estadística no contempla las infracciones investigadas por la Justicia federal, donde sobresalen las relacionadas con el tráfico de drogas.

INGRESOS Y EGRESOS

El año pasado ingresaron a los tribunales provinciales en materia penal 122.516 nuevas causas, contra las 107.437 de 2004. Es decir 335 por día y 14 por hora. El fuero que más creció fue el Correccional (hubo más de 10.000 sumarios de diferencia con respecto al anteaño), en tanto el único que decreció fue Faltas, que pasó de 7.338 casos a 6.933. Del total de 122.516 expedientes ingresados, 106.614 corresponden a delitos. En relación a 2004 –cuando se denunciaron 96.240– el alza es importante, del 11 por ciento.

Un capítulo aparte merece el ítem “causas terminadas”, que permite visualizar el nivel de prescripción, tan cuestionado últimamente por el cierre de pesquisas emblemáticas de corrupción. Incluso, la Corte Suprema dispuso en mayo pasado que se releve en la faz administrativa si los jueces y fiscales que tramitaron casos como los de Fibraca, IBM-Banco de Santa Fe y Vanrell actuaron correctamente. Al margen de estos escándalos, de los números se desprende que el problema está en el sistema.En el fuero Correccional se terminaron 44.034 expedientes, el 93 por ciento por desestimación, archivo y prescripción. El resto, vale decir la mínima parte, con condena, absolución o probation. La prescripción aumentó un alarmante 30 por ciento en comparación con 2004 (de 12.437 a 16.149 sumarios). En Instrucción el crecimiento en este aspecto fue mayor, del 44 por ciento.

En los 14 juzgados que instruyen los delitos más graves fueron cerradas 17.322 causas, el 68 por ciento por desestimación, archivo y prescripción. También prescribió el 39 por ciento de los casos que involucran a menores (1.869 sobre un total de 4.767). Como contracara, la extinción de la acción penal por el paso del tiempo descendió un abrupto 40 por ciento en los juzgados de Faltas, donde se cerraron en total 7.808 demandas. Todos estos datos corresponden a casos con imputados individualizados, mientras que aquellos que no registran sospechosos van a parar a la llamada oficina NN. Funciona como una fiscalía, que el año pasado recibió nada más y nada menos que 41.344 causas. El 91,4 por ciento de ellas (37.803) fueron al archivo..

DOS NUEVOS JUZGADOS PARA SENTENCIA

La estadística de la Cámara de Apelaciones también se refiere a los juzgados de Sentencia, que tramitan los juicios elevados por los 14 tribunales de Instrucción de Rosario y por los de otras jurisdicciones que conforma la segunda circunscripción judicial (Casilda, Villa Constitución, Cañada de Gómez y San Lorenzo). Para subsanar lo que se considera uno de los “cuellos de botella” del sistema, se crearon dos juzgados de Sentencia más, uno de los cuales ya está funcionando.

Durante 2005 ingresaron al fuero 2.558 causas y se terminaron 3.185 (esto es porque se consideran los casos de años anteriores). El 39,4 por ciento de los expedientes fueron concluidos por prescripción. Al finalizar el año quedaban en trámite la elevada cifra de 4.888 sumarios sin resolver, lo que mantenía detenidas a 699 personas.

La mayoría de las investigaciones resueltas terminaron en condena (1.408), mientras que 472 imputados fueron absueltos y se implementó la probation en sólo cinco oportunidades. La suspensión del juicio a prueba es un moderno instituto que se aplica para determinados delitos. Algunos la señalan como una alternativa para descomprimir el colapso carcelario, pues propone retribuir el daño causado a través de trabajos comunitarios.

UN TÁCITO PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

El Principio de Legalidad vigente indica que el Estado persigue de oficio la mayoría de los delitos, a diferencia del modelo anglosajón, que se rige por el de Oportunidad. Según este criterio, el Estado elige qué ilícitos investigará. La estadística de la Cámara de Apelaciones ilustra que en Santa Fe opera un Principio de Oportunidad de facto, aleatorio y –por no estar reglado– arbitrario.

Un primer tamiz de selección es el estado de libertad de los imputados. Los casos que avanzan son los que ameritan sanciones no excarcelables, mientras los que tienen sospechosos no detenidos quedan en segundo plano. Aquí vale recordar que los fraudes financieros o bancarios y los hechos de corrupción –llamados “delitos de guante blanco”– reciben en general menos pena y por tanto permiten la excarcelación. La conclusión es fácil de sacar.

En suma, la Justicia penal se desenvuelve en la ficción de que puede investigar todo, pero ese postulado no se verifica en la práctica cotidiana de los tribunales, a la luz de los números que el propio sistema produce.

A todo esto, en 2005 los juzgados penales fueron caja de resonancia de la reforma del artículo 67 del Código Penal, que modificó el régimen de prescripción. Y hace ya varios años que la Corte Suprema, recordó un funcionario consultado, “sugirió bajar el número de expedientes en trámite y mandarlos al archivo si ya no se justificaba continuar investigando”. Según la fuente, esta idea no surgió de la nada sino de una “observación” que formuló el Banco Mundial cuando estudiaba si conceder o no un crédito para la informatización del Poder Judicial.