EN BOLIVIA INVESTIGAN UNA DENUNCIA DE TRÁFICO DE ÓRGANOS PARA ARGENTINOS

Los cirujanos bolivianos que venden y trasplantan riñones y que fueron denunciados por Clarín el domingo pasado podrían recibir penas de hasta 15 años de prisión. Así lo afirmó el fiscal de Distrito de Santa Cruz de la Sierra, Jaime Soliz, quien comanda la investigación judicial. En un allanamiento realizado ayer en la sede del Servicio Departamental de Salud se secuestraron los registros oficiales de las operaciones, según los cuales este año se hicieron 18 trasplantes de riñón. De ellos, 11 tuvieron receptores argentinos. También se recogió información sobre los “donantes”: todos fueron jóvenes de entre 21 y 28 años, vecinos de los barrios más pobres del distrito.

La denuncia sobre la venta y trasplante de riñones por parte de al menos dos cirujanos en Santa Cruz de la Sierra cayó como una bomba en Bolivia: la ministra de Salud, Nila Heredia, anunció una investigación sobre el tema y dijo que se contactaría con Clarín por vía diplomática para pedir “mayores evidencias” ya que, según la funcionaria, el informe periodístico “no contiene pruebas”. Este diario no recibió aún ningún tipo de comunicación de la ministra. También pidieron investigaciones el concejal del Movimiento al Socialismo Oswaldo “Chato” Peredo —muy cercano al presidente Evo Morales— y el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Víctor Hugo Parada, que prometió reunirse con los médicos involucrados. “No podemos juzgarlos antes de saber su versión”, dijo.

El fiscal Soliz designó el lunes a los fiscales José Luis Molina, Rosmery Barrientos y Luis Henrique Rodríguez para que investiguen el caso de la supuesta venta de riñones en Santa Cruz. “Es un caso muy importante, y le estamos dedicando todos los recursos. Investigamos a los médicos, a las clínicas y a los funcionarios, seguimos los movimientos de dinero y también los migratorios”, dijo ayer Soliz a Clarín.

En el allanamiento realizado ayer en la sede del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (equivalente al Ministerio de Salud provincial en Argentina) los fiscales secuestraron los registros notariales que los médicos trasplantólogos deben presentar para certificar ante el Estado que el órgano que van a mudar de cuerpo no fue cedido a cambio de dinero. “De los 18 trasplantes de riñón realizados este año, 11 beneficiaron a enfermos argentinos”, aclaró Soliz. “También obtuvimos datos de los supuestos donantes: son todos jóvenes de entre 21 y 28 años, residentes en barrios muy pobres de la zona. Once de ellos viven en Montero, una localidad muy humilde que queda a 50 kilómetros de Santa Cruz”.

El fiscal reveló que por una ley sancionada el 18 de enero de este año, las personas involucradas en la venta de “órganos, tejidos, células o líquidos corporales” podrían recibir condenas de hasta 15 años de cárcel. Ayer se conoció otro dato: las clínicas donde se hacían los trasplantes no estarían habilitadas para esa función.

Los médicos denunciados son Raúl Bocángel, que opera en la clínica Niño Jesús, y Herman Peinado, que lo hace en la clínica Foianini. Ante consultas de la prensa boliviana, Peinado desmintió ayer las acusaciones y dijo que pediría auxilio ante el Colegio Médico boliviano para “desmentir las acusaciones”: “Esto me cae como un balde de agua fría”, admitió. Su colega Raúl Bocángel no pudo ser localizado desde el domingo. Los directivos de las clínicas involucradas tomaron distancia de sus empleados. Ejecutivos de la clínica Niño Jesús aclararon que “sólo alquilamos los servicios de quirófano, habitación, terapia intensiva y atención de enfermería”. El director del Hospital Japonés, donde también presta servicios Peinado, afirmó que iniciará “un proceso ante el Comité de Etica, y en caso que la denuncia se compruebe el médico será separado de la institución”.

A diferencia de la argentina, la ley boliviana de trasplantes autoriza la donación de órganos y tejidos de personas vivas no relacionadas con el receptor, pero prohíbe cualquier tipo de retribución económica.