EN BUSCA DE RECURSOS EXTRA

“Los recursos ordinarios del Estado no alcanzan, puede ser que en condiciones normales alcancen, pero en una situación de emergencia como esta hay que dar respuestas drásticas”. Con esa frase el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, justificó ayer su propuesta de aumentar un peso el impuesto inmobiliario para generar un fondo especial para el combate contra el delito. Y, para los que plantearon dudas sobre que efectivamente sea ese el destino del dinero que se pudiera recaudar, sugirió la constitución de “una suerte de consejo o comisión asesora que revise a dónde van los fondos”.

En rigor, la convicción de la cartera política es que para brindar un servicio de seguridad acorde a los tiempos que corren las partidas presupuestarias regulares no alcanzan y se necesita, sí o sí, generar recursos extra. Sea a través del impuesto inmobiliario o por alguna vía alternativa.
En ese sentido, el subsecretario de Seguridad, Alejandro Rossi, afirmó que la posibilidad de aumentar el inmobiliario es “sólo una idea, y nada mas que eso”, y que si no hay consenso se buscarán “otros caminos”.
Tanto Rosúa como Rossi salieron a defender la necesidad de recurrir a fondos extra para financiar la seguridad y refutaron cuestionamientos en ese sentido. “Tampoco nos hagamos los exquisitos porque en todos los países del mundo hay tasas diferenciales para pagar la seguridad”, afirmó el subsecretario de Seguridad en declaraciones al vespertino santafesino El Litoral.

¿De dónde puede salir la plata? Para Rossi, hay que generar “instancias de participación a nivel municipal en las ciudades, o a nivel de organizaciones agrarias, en el caso del campo, para financiar la operatividad de las fuerzas”.

Según el funcionario, esas instancias de participación apuntarían a la constitución de “fondos chicos” administrados mediante una “cogestión” entre el Estado provincial y municipios o entidades agrarias. Serían fondos “de bajo costo”, que permitirían solventar “las operaciones de la policía”.

La idea original, dijo Rossi, es fomentar “rondas de consultas” donde se sugeriría el aumento impositivo en busca de consenso, una condición que volvió a fijar como indispensable para que el proyecto se lleve adelante.Por su parte, Rosúa, en declaraciones a LT8, sostuvo que las manifestaciones de anteayer, en las que la clase media salió en masa a reclamar seguridad, “son la demostración cabal del hartazgo, del cansancio de la gente frente a la agresión de la delincuencia” para luego insistir en que el Estado padece “la insuficiencia de los medios materiales y legales para resolver el problema”. “Llegamos a un punto límite; hay que abordar el problema por todas sus aristas: legales, económicas y operativas”.

El jefe de la API descartó subas en las patentes

El titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), José Luis Milessi, desestimó por ahora una suba en los gravámenes santafesinos, incluyendo la patente automotor. Varios intendentes pretenden una suba en ese impuesto, que en un 90 por ciento va a los municipios y comunas. Pero según Milessi, el gobernador Jorge Obeid le dejó en claro que no habrá incrementos impositivos con una frase: “Arréglese con lo que tiene y déjese de embromar. Trabaje para recaudar más sin aumentar los impuestos”.Los intendentes y jefes comunales vienen planteando una pulseada con el gobierno provincial por el hecho de que la recaudación aumenta pero los fondos coparticipables están congelados, y quieren adecuar los valores de la patente automotor.