EN CAPITAL FEDERAL HAY MÁS CUSTODIOS PRIVADOS QUE POLICÍAS

No se los ve sólo en la sucursal de un banco, en un camión de caudales, en la entrada de una fábrica o medio aburridos en un shopping. Ahora cada vez hay más en los edificios y en los comercios chicos, en los minimercados barriales y hasta en farmacias: en la Capital son más los vigiladores privados que los policías de la Federal. Los últimos datos del Gobierno porteño muestran que existen 13 mil custodios registrados. Mientras que la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con sus 53 comisarías y sus divisiones (como la Guardia de Infantería), ronda los 10 mil efectivos.

El número no para de crecer: el año pasado había 11 mil vigiladores inscriptos, repartidos en 278 agencias de seguridad. Y según estimaciones oficiales, a fin de año, la cantidad de custodios privados porteños podría llegar a los 15 mil, sin contar la cifra “negra” de los que no están registrados.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad del Gobierno porteño, observan dos razones que explican el aumento. “Hay más demanda, pero también muchas empresas están blanqueando personal que ya trabajaba”, dijo un alto funcionario del área.

“Cada vez son más los consorcios que solicitan un vigilador. La gente todavía se siente insegura”, dice Cristóbal Ruano, de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal. “En los edificios de nivel ABC1 (los más caros), se paga una serie de servicios donde la seguridad es fundamental”, completa Hugo Menella, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Eduardo Bovero, dueño de la empresa Quality Check, coincide en que hay agencias que “blanquean”, pero entiende que “existe más demanda porque los índices de inseguridad siguen altos”. Datos del Ministerio de Justicia nacional indican que en 2004 hubo en Capital sólo un 0,10 % de delitos menos que en 2003: fueron 192.257 (526 por día).

En 1998, la Legislatura porteña aprobó la Ley 118, que regula la seguridad privada. El control, que hasta entonces estaba en manos de la Policía, pasó al Gobierno, y se creó un registro para vigiladores y otro para empresas.

El organismo encargado de controlar la actividad es la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Pero esa dependencia no cuenta con inspectores propios para controlar si las empresas se ajustan a la normativa. “Hemos estado controlando (con inspectores de otras dependencias) la seguridad privada nocturna (en restoranes y boliches). Ahora avanzaremos sobre el control de áreas y espacios privados con acceso público (shopping y supermercados)”, aseguró a Clarín el Secretario de Seguridad, Diego Gorgal.

En la Secretaría de Seguridad porteña agregan que están ultimando detalles de un proyecto para crear un cuerpo de inspectores especializado en la materia. También preocupa otro punto: los guardias de seguridad en los minimercados barriales. Muchos de ellos no estarían registrados.

Los barrios más consumidores de seguridad privada son Belgrano, Núñez y Saavedra, a los que ahora se sumó Devoto. El servicio de vigiladores las 24 horas durante un mes, cuesta unos 6 mil pesos. En la zona sur de la Ciudad, la seguridad privada se ve principalmente en fábricas.

“Notamos un aumento de garitas en los barrios”, señala Bovero, de Quality Check. Un detalle: la instalación de garitas está prohibida por la Ley 118. Y constituye una contravención, por el “uso indebido del espacio público”.

El servicio de un vigilador por hora, cuesta $ 8 más IVA, mientras su sueldo mensual por convenio es de $ 594. Así, el custodio se transforma en mano de obra barata. Fuentes del sector explicaron que el problema es cuando una empresa ofrece uno a $ 4 la hora. “Quien contrata un servicio irregular, se vuelve responsable ante cualquier inconveniente”, precisa Gorgal.

“Edificios de 12 o 15 departamentos quieren tener seguridad, pero el precio de un vigilador nocturno supera los $ 1.500 y esto se siente en las expensas”, dice Ruano. Osvaldo Loisi, de la Liga del Consorcista, aconseja a los consorcios que “todos los meses revisen si la empresa que contratan está en regla”. Loisi no comparte que exista tanta demanda en los edificios: “Mucha gente teme que el vigilador sepa los movimientos internos”. Por eso prefieren una cámara de video en la entrada (cuesta unos $ 600). Las imágenes suelen verse por un canal de televisión. “Nuestra experiencia —dice Ruano— es que nadie mira ese canal y la cámara termina siendo robada”.