EN CINCO AÑOS SE PODRÁ APRECIAR UN CAMBIO EN EL ESTADO DEL RIACHUELO

La presentación del plan de saneamiento de la cuenca Matanza -Riachuelo se inició hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La audiencia se inició a las 11 en el Palacio de Tribunales, con la palabra del abogado de los vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo, Jorge Mossed Iturraspe, quien calificó al curso de agua como “una cloaca inmunda” y reclamó 500 millones de pesos en concepto de fondo de recomposición, integrado por dinero del Estado y de las empresas contaminantes.

Así se expresó ante los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en el marco de la audiencia pública convocada por el cuerpo para analizar las propuestas tendientes a mejorar la situación de los pobladores de la zona.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, aseguró hoy que “en quince años, el cien por ciento de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo tendrá cloacas”. Clarín había anticipado que el plan de saneamiento de la cuenca demandaría al menos 10 años.

“Es la obra en cloacas más grande de la historia argentina, y se prevé una inversión de cinco mil millones de pesos”, señaló la funcionaria. Ante un requerimiento de uno de los integrantes de la Corte, Picolotti aseguró que partir del quinto año de iniciadas las obras podrá apreciarse un cambio sustancial el estado del Riachuelo.

Picolotti atribuyó la situación actual de la zona al inadecuado tratamiento de los residuos, a la superposición de jurisdicciones y a la ausencia de controles sobre la contaminación, que afecta, según datos que proporcionó la funcionaria, a 7.000.000 de vecinos.

Como una “solución”, los estados Nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, de manera “conjunta” -lo que la funcionaria mencionó como un “hecho histórico”-, proyectan una ley que apunta a mejorar la calidad de vida de los 7.000.000 de afectados, según cifras oficiales, por la contaminación ambiental.

Picolotti hizo uso de la palabra en la primera jornada de la audiencia pública ordenada por la Corte Suprema de la Nación ante la demanda promovida por vecinos de la cuenca hídrica contra los tres estados y 44 empresas ribereñas a las que consideran responsables por los daños y perjuicios.

Una segunda audiencia está prevista para el 12 de este mes, a la que están citadas todas las empresas denunciadas, entre ellas Shell, Molinos y Aguas Argentinas.

Luego intervendrá el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Vecinos de la Boca.