EN EL AÑO 2.000 PIDIERON UN TEST PSICOLÓGICO PARA MARTÍN RÍOS

Cuando Martín Ríos, presunto autor de los disparos que el 6 de julio pasado dieron muerte a Adrián Marcenac en Cabildo al 1700, comenzó los trámites para ser un legítimo usuario de armas de fuego, en febrero de 2000, el médico que le dio el apto en la parte física solicitó que se le hiciera un test psicológico. En el legajo del supuesto tirador serial de Belgrano entregado por el Renar a la Justicia no consta que se lo hubieran hecho, pese a lo cual, se sabe, le fue dada la credencial que lo habilitaba a tener armas.

El caso Ríos hizo que el Gobierno lanzara una profunda reforma en el sistema de registración de armas y de usuarios de ellas, y que pusiera en marcha una política de control de armas y de desarme, encabezada por el proyecto de canje de armas voluntario, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados.

El 16 de agosto pasado, Ríos fue dado de baja como legítimo usuario, y sobre sus dos pistolas Bersa Thunder, una calibre 380 y otra 9 milímetros, pesan impedimentos para ser registradas. Una semana después, cambiaron las reglas para el reconocimiento de la condición de legítimo usuario en tres aspectos en los que Ríos, casi con seguridad, hubiera sido rechazado o, al menos, tendría que haber dado muchas explicaciones.

Según consta en las resoluciones a las que tuvo acceso LA NACION, desde el 23 de agosto los nuevos requisitos para la extensión de la credencial de legítimo usuario (CLU) imponen el desdoblamiento del viejo certificado psicofísico: uno de los certificados deberá emitirlo un médico matriculado y el otro, un psicólogo o psiquiatra. Hasta ese momento, bastaba la firma de un médico. El caso de Ríos es paradigmático: en su última renovación, en 2005, el apto se lo dio un traumatólogo.

Los postulantes deberán dar nuevamente sus exámenes de idoneidad en el uso del arma cada vez que quieran renovar su credencial de legítimo usuario. También deberán denunciar en qué domicilio guardarán las armas (a los efectos de un eventual control) y acreditar medios de vida lícitos propios. En los legajos del Renar, Ríos aparece como estudiante y con una declaración jurada de su padre, quien asegura ser el “sustento económico” del joven. Vivir bajo el mismo techo de quien mantiene la casa ya no bastará.

Y los postulantes no podrán tener antecedentes penales de ningún tipo. Antes, había una cierta discrecionalidad porque, por caso, una persona condenada por estafas podía convertirse en legítimo usuario.

El propio Ríos estuvo como imputado en una causa por tenencia de arma de guerra en 2001, cuando el 12 de enero de 2001 -día en que cumplió 22 años- le encontraron la pistola semiautomática Bersa Thunder 380 debajo del asiento del auto que conducía, el mismo Honda Civic en el que fue detenido en julio pasado, según la policía, con el cargador puesto y con 13 balas, y una más en la recámara. Técnicamente, una portación de arma, para la cual Ríos no tenía permiso.

Ríos fue sobreseído en ese caso el 26 de junio de 2001, aunque entonces el juez Eliseo Otero, a cargo de la causa, remitió las probanzas de la causa al Renar para los “fines administrativos que pudieran corresponder”. El Renar le impuso el 9 de octubre de ese año un “severo llamado de atención”. Cuatro años después, el organismo le dio un nuevo crédito de confianza al renovarle la CLU.

Las nuevas medidas

El nuevo director del Renar, Andrés Meiszner -que asumió el 11 de agosto, cuando el registro pasó de la órbita del Ministerio de Defensa al del Interior-, adelantó a LA NACION que en noviembre próximo comenzará a funcionar un sistema informatizado de control de la comercialización de armas y municiones. En las armerías habrá un terminal de tipo Posnet gracias al cual cada operación comercial será inmediatamente registrada en las bases del Renar.

Para mejorar y mantener actualizado el registro de legítimos usuarios, el Renar está en pleno proceso de firma de convenios con distintos organismos públicos, como la Anses, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Reincidencias y los diversos colegios profesionales. El objetivo es que el legajo de cada legítimo usuario no se actualice cuando se cumplen los cinco años y debe renovar su credencial.

“El mayor problema con el que nos hemos encontrado es el estaticismo de la información del registro. El caso Ríos muestra que las cosas pasaban y uno nunca se enteraba. El sistema on line va a mejorar muchísimo la situación. Y en cuanto podamos hacer un reempadronamiento general, tendremos claro quiénes tienen las armas, dónde las tienen y si están en condiciones de ser legítimos usuarios. El control va en serio, con inspecciones reales. El que cumpla con los requisitos podrá tener un arma de fuego, y a los que no lo hagan, los iremos a buscar”, concluyó Meiszner.