EN EL EJÉRCITO SE INCINERARON TODOS LOS RECIBOS DE SUS GASTOS RESERVADOS

Con una humeante fogata alimentada de papeles, recibos y libros contables, a contramano de lo que establecen los reglamentos internos y tal como había ocurrido en 1983 con los documentos relacionados con la represión ilegal, entre 1988 y 2001 el Ejército Argentino fue eliminando año por año la posibilidad de saber y controlar el destino de al menos 396 millones de pesos que recibió en concepto de “fondos reservados”.

La sorprendente revelación forma parte del informe firmado por el perito contable de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Popritkin, difundido ayer por Clarín, en el que se detalla el reparto de 4.152 millones de pesos entre trece organismos dependientes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que durante catorce años recibieron ese dinero como fondos reservados libres de toda rendición.

“El Ejército ha procedido a destruir los libros de registros contables y la documentación que respalda los ingresos y egresos de fondos reservados, recibidos entre los años 1988 y 1995 provenientes del Ministerio de Economía y los recibidos entre 1988 y 2001 procedentes del Ministerio de Defensa”, dice el informe.

Pero hasta los montos correspondientes a cada partida están en discusión: mientras Economía dice haber enviado directamente al Ejército 87,7 millones de pesos entre 1988 y 1995, Defensa “no puede establecer” cuánta plata de le mandó al arma como parte de fondos reservados. El Estado Mayor del Ejército, sin embargo, reconoce el ingreso a sus arcas de 396,3 millones de pesos entre 1990 y 2001. Popritkin presume que la diferencia entre los dos montos corresponde al flujo de fondos reservados que enviaba el Ministerio de Defensa.

Ese dinero “sin rastro” no figura en ninguna partida presupuestaria del Ejército y tampoco hay órdenes escritas que establezcan su destino, pero un reglamento interno del 27 de octubre de 1967 ordena al Archivo General de la institución “guardar y conservar” toda la documentación contable durante 20 años.

“Si esta disposición se hubiere cumplido, el Ejército hubiese podido rendir cuentas ante los requerimientos judiciales del destino dado a los fondos reservados que ha recibido”, se lamenta el contador en su informe.

Según los testimonios recogidos en la pericia por parte de fuentes del Ejército, el Jefe II de Inteligencia era el encargado de autorizar los gastos financiados con fondos reservados y remitía el dinero a la dependencia correspondiente, que debía rendirle cuentas de su uso. El Jefe II de Inteligencia labraba entonces un “acta secreta de descargo” en la que se detallaba cada operación.

Pero al mismo tiempo, y contradiciendo la reglamentación vigente, cada año el Ejército emitía también un “acta de eliminación de documentos” en la que se ordenaba la incineración de libros, recibos y cualquier papel que permitiera rastrear la ruta de estas grandes sumas de dinero.

Esta operatoria se repitió, año por año y sin interrupciones, entre 1988 y 2001, bajo los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. En este lapso ocuparon el ministerio de Defensa Horacio Jaunarena, Humberto Romero, Italo Luder, Antonio Erman González, Oscar Camilión, Jorge Domínguez, Ricardo López Murphy y otra vez Jaunarena; y fueron jefes de Estado Mayor del Ejército Dante Caridi, Francisco Gassino, Isidro Cáceres, Martín Bonet, Martín Balza y Ricardo Brinzoni.

La quema de documentos públicos no es una práctica ajena al Ejército. En 1983, cuando el general Reynaldo Bignone presidía el país y tal como él mismo declaró ante la Justicia el 20 de enero de 1999, ordenó incinerar las fichas con los antecedentes de todas las personas que habían estado “detenidas a disposición del Poder Ejecutivo sin causa judicial”.

Bignone aseguró haberlo hecho por sugerencia de su ministro del Interior, Llamil Reston. En aquel momento, el jefe del Ejército Cristino Nicolaides ejecutó la orden con toda velocidad: el 25 de noviembre de 1983 emitió un radiograma en el que reclamaba a todos los jefes de Policía del país que procedieran a la “devolución inmediata al Comando militar respectivo” de la “documentación clasificada relativa a la lucha contra la subversión”, para disponer luego su “inmediata incineración”. Quizá también ahora, como entonces, la Justicia pueda continuar su investigación a pesar de la incomprensible destrucción de pruebas. Porque donde hubo fuego quedan cenizas. Siempre.