En el Gobierno admiten que los fiscales no asumirán en febrero

El Gobierno planea dar la pelea judicial para lograr que el 2 de febrero asuman los 17 nuevos fiscales subrogantes que nombró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , pero parte del Gabinete ya da por perdida esa batalla en lo inmediato y sólo confía en que la Corte Suprema pueda aportarles a largo plazo una solución favorable.

 

“No hay otra salida que ir a la Corte y ver qué resuelve dentro de seis meses”, dijo anoche a La Nación un alto funcionario del Gobierno, que vislumbra que en primera instancia y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal los fallos serán desfavorables al kirchnerismo.

 

Las resoluciones de Gils Carbó por las que nombró a los 17 fiscales subrogantes, cercanos al Gobierno, el último día hábil de 2014 están suspendidas por la Justicia. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida solicitada por el legislador massista Maurcio D’Alesandro y congeló todo. El juez le pidió a Gils Carbó que fundamente por qué nombrar fiscales, aun cuando el Código Procesal Penal para el que fueron contemplados no está en vigor.

 

La Procuración prepara la apelación a esta medida para presentarla cuanto antes. La vieja ley de medidas cautelares establecía que con la apelación se mantenía el efecto de la cautelar concedida, la que podía ser revocada en Cámara. Pero la nueva ley aprobaba por el kirchnerismo plantea que cuando se trate de resoluciones generales de la administración ( y esto es la clave), la apelación sola hace cesar el efecto de la cautelar. De este modo se conseguía eludir los fallos contrarios.

 

Pero la ley reformada dice que cuando se trate de cautelares contra decisiones particulares -como la que tomó Gils Carbó para nombrar fiscales subrogantes con nombre y apellido- sigue vigente el viejo sistema y la cautelar queda en pie, aun con apelación. La Cámara de feria, integrada desde hoy por los jueces Jorge Morán, Marcelo Duffy y Rogelio Vincenti, resolverá, en definitva, el asunto. Y en el Gobierno daban ayer por descontado que les va a ir mal.

 

El otro amparo

 

Paralelamente, la Justicia tiene a estudio otro amparo contra los fiscales subrogantes, presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el gremio que agrupa a los jueces. Este amparo es más amplio: se pide anular los nombramientos de fiscales por ilegales, se cuestiona que se aprueben designaciones cuando el Código Procesal Penal no está en marcha y se denuncia que el Gobierno quiere fiscales adeptos para paralizar los causas de corrupción.

 

La Asociación de Magistrados pidió, además, revertir la designación de dos fiscales de primera instancia de Comodoro Py 2002. Son Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella, miembros de Justicia Legítima y designados para Santiago del Estero y La Pampa, respectivamente, pero subrogantes en Capital.

 

La entidad solicitó declarar inconstitucional la nueva ley de amparo, para que el juez se pronuncie cuanto antes. Si en estos días no resuelve el tema el juez Lavié Pico, la próxima semana ingresará en turno su colega Esteban Furnari, que ya se pronunció en otros fallos contra los deseos del Gobierno.

 

El argumento judicial que frenó la asunción de los fiscales es que el nuevo Código Procesal Penal no está en vigor. Por eso se especuló con apurar su puesta en marcha para que las razones esgrimidas por la Justicia desaparezcan.

 

Sin embargo, es imposible a corto plazo. La ley que fue promulgada el 9 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente, establece que el Código entrará en vigor cuando lo establezca una ley de implementación. Ayer en el Gobierno explicaban que hacen falta cuatro leyes:

 

La ley del Ministerio Público de la Defensa, en elaboración.

 

La ley del Ministerio Público Fiscal, en la que trabaja un equipo de la Procuradora.

 

La ley de implementación, en la que está trabajando el área de Política Criminal del Ministerio de Justicia, la Procuración y la Defensoría. Colaboran jueces designados en la nueva Cámara de Casación penal.

 

La ley orgánica del Poder Judicial, que establece los roles de los jueces, que dejarán de acusar para actuar como jueces revisores.

 

“Es un paquete de leyes pensado para elaborarlo y presentarlo en febrero o marzo”, explicó una alta fuente oficial, que estimó difícil poner ya en marcha el Código. La ley crea, además, una Comisión Bicameral en el Congreso, que aún no se formó, para evaluar, controlar y proponer proyectos de ley de adecuación a las nuevas reglas, a lo que se suma la necesidad de capacitar a fiscales y funcionarios. La ley aprobada prevé, incluso, que el Código Procesal Penal se implementará una vez que cuente con el presupuestario necesario y que los funcionarios designados tomarán posesión de los cargos “cuando se genere la condición financiera”.

 

Nada de esto parece inminente. Poner en marcha el proceso penal acusatorio llevó en otros países más tiempo. Chile lo hizo en cuatro años y Colombia en tres. Resta determinarsi el Código se apilicará en en todas las jurisdicciones al mismo tiempo o se harán pruebas piloto por regiones.

 

 

Fuente: La Nación