EN EL PAÍS HAY AL MENOS 17 MIL CHICOS INTERNADOS EN INSTITUTOS SIN HABER COMETIDO UN DELITO

En el país hay por lo menos 19.579 chicos privados de su libertad en institutos u hogares. Y sólo el 15% de ellos ha tenido algún problema con la ley: el 85% restante (unos 17.000), una abrumadora mayoría, fue derivado allí por cuestiones asistenciales o sociales. Son niños, niñas y adolescentes que la Justicia decidió encerrar con el objetivo de asistirlos y “protegerlos”.

Así lo revela el informe “Privados de Libertad”, realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la colaboración de UNICEF Argentina, presentado ayer en el Senado. La investigación, que relevó datos provincia por provincia, arroja el primer diagnóstico oficial a nivel nacional sobre un tema que desvela a las autoridades locales y a los organismos internacionales: la gran cantidad de chicos que, al amparo de la vieja ley de Patronato, fueron institucionalizados básicamente por integrar el batallón de pobres que le pone carne y hueso al 33,8% de la población carenciada del país.

“No da para más. El Estado tiene una grave deuda con la infancia y queremos ponerla en evidencia. Si bien sabemos que hay un subregistro porque muchas provincias no enviaron datos o nos dieron información parcial, este es la primera cifra oficial y expresa una rotunda voluntad política de revertir esta situación”, destacó Victoria Martínez, directora de Derechos de Grupos Vulnerables de la Secretaría, donde estiman que habría por lo menos un 40% de chicos más en esa situación.

Por diversos motivos, y mediante intervención judicial y/o administrativa, estos 19.579 menores de 21 años fueron privados de su libertad y alojados en diversas instituciones, situación que vulnera derechos básicos del niño y que está en franca contradicción con la nueva Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentada en abril. Las normas vigentes establecen que el encierro no debería ser jamás una medida de protección y que sólo en el ámbito penal debe ser considerada una opción de último recurso y por el menor tiempo posible.

“La Justicia terminó reemplazando muchas veces la política pública y la respuesta oficial y eso no debe seguir sucediendo”, sentenció Martínez. Según el informe, el 54% de los chicos están alojados en establecimientos que pertenecen a organizaciones civiles y que, en general, reciben subsidios. “Hay gente que trabaja seriamente, pero también instituciones que se beneficiaron con la ausencia del Estado e hicieron negocios con la situación de estos chicos. Habrá resistencias entre algunos profesionales que trabajan en el área, en la sociedad y hasta en la Justicia, pero iremos en esa dirección”, destacó.

Dentro del 85% de los chicos derivados por “causas sociales”, la mayoría son mujeres. Un dato preocupante es que un 66% de las instituciones no enviaron información sobre el sexo, y algo parecido ocurrió a la hora de especificar sus edades. “Esto revela la condición de número que padecen, algo que perpetúa su invisibilidad. Son un legajo que muchos olvidan”, aseguran los investigadores.

Con 8.869 casos, Buenos Aires es la provincia con más chicos institucionalizados. La siguen Santa Fe, con 3.035 casos, Capital, con 1.584, y Misiones, con 1.326.

“No todas enviaron datos reales. Algunas, como Córdoba, sólo mandaron sobre establecimientos penales”, aclaró Martínez. Sólo 6 provincias reconocieron que tienen chicos alojados en las comisarías.

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es la convivencia de chicos institucionalizados por asistencia o protección con chicos que han cometido un delito. “Hay muchos establecimientos de régimen mixto, que terminan mezclando problemáticas, exponiendo a los niños y agravando la situación”, dicen.

“La judicialización de la pobreza está naturalizada en la Argentina. No se trata de casos aislados sino de una tendencia institucional que se corresponde con una concepción autoritaria que hay que desterrar. Este informe representa un gesto de sinceramiento muy esperanzador por parte del Estado”, subrayó la representante de UNICEF, Gladys Acosta Vargas.

La nueva ley de Infancia establece que no debería haber en el país institutos de menores, pero las autoridades reconocen que los cambios demandarán años.

“Aplicar la letra de la ley será difícil, pero la transición debe ser cuidadosa para no perjudicar aún más a los chicos y para evitar que aquellos que prefieren el encierro tengan argumentos para decir que la ley no sirve”, dice Martínez.

Para “tomar el toro por las astas”, el Ejecutivo lanzará un Plan Nacional de Acción por los Derechos del Niño, que promueva alternativas y defina estándares mínimos de respeto a los derechos del niño que, en adelante, nadie pueda eludir.

OTROS TRES MIL TIENEN CAUSAS PENALES

De los 20 mil casos relevados, sólo el 15% tuvo problemas con la Justicia penal. Son casi 3.000 niños, niñas y adolescentes que cometieron algún delito que la Justicia sancionó con el encierro. La mayoría, varones.

“Está probado que el encierro no es una buena alternativa para resolver los problemas de la infancia y mucho menos para atacar la inseguridad. Las estadísticas revelan que los chicos con problemas penales salen de los institutos convertidos en delincuentes avezados, y que, por el contrario, aquellos que ingresan a programas de recuperación y reinserción y reciben tratamiento y apoyo profesional, no reinciden”, dice Victoria Martínez.

El objetivo de la Secretaría de Derechos Humanos es identificar y fortalecer las “buenas prácticas” y las alternativas al encierro: la mediación penal juvenil, los programas de libertad asistida, las medidas socio-educativas, y los mecanismos de fortalecimiento familiar, entre otras.

“En los establecimientos de régimen cerrado se implementa una disciplina que conduce a la violación de derechos básicos. Aun en los casos de chicos con causas penales hay que promover un fuerte cambio cultural. Hay una sociedad que se acostumbró a disciplinar de esa manera y que no considera grave esta situación”, dice Gladys Acosta Vargas. Tanto la Secretaría como UNICEF recibieron denuncias sobre maltratos y abusos en los establecimientos que deberían reeducar a estos chicos. De hecho, fueron pedidos de informes del Comité Contra la Tortura y del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU los que dispararon esta investigación.