EN ENERO MURIERON 38 PERSONAS POR DÍA EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En nuestra comunidad, las muertes del tránsito son socialmente aceptadas”, explica el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Tanto es así que, según el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), en promedio, cada día del último enero perdieron la vida 38 personas en las rutas y calles del país. Esto no sólo representa un 11,7% más que en enero de 2004; la cifra está muy por encima de las dispares estadísticas disponibles: 13 por día —según la Secretaría de Transporte de la Nación— o entre 22 y 29, según ONGs especializadas.

Por ser evitables, no se deben precisamente a accidentes, como lo demuestra el exhaustivo análisis de sus causas, incluido en el Informe especial sobre seguridad vial en Argentina, que acaba de concluir el equipo de Mondino. El trabajo estudió 2.075 fojas de informes oficiales, estadísticas privadas como las del ISEV, investigaciones y más de 130 normas de seguridad vial, aportados por organismos públicos e instituciones de todo el país.

“Una catástrofe en cuotas” —definió un experto—, que cada año produce entre 9.300 y 10.500 víctimas mortales (el 60% en rutas), y cerca de 70.000 lesionados. Mondino pone el acento en “un comportamiento social patológico”. De eso hablaba el escritor británico J.G.Ballard en 1969, cuando escribía que su novela Crash (en inglés, accidente automovilístico) “no se trata de una catástrofe imaginaria, sino de un cataclismo pandémico institucionalizado en todas las sociedades industriales”.

Debido al “vacío informativo”, señala el informe, tampoco es posible conocer cuántos heridos mueren más tarde por esa causa, ni cuántos quedan discapacitados. Ni el número de pasajeros que caen de trenes y colectivos.

Más de la mitad de las víctimas fatales son menores de 45 años (el 21,6%, de 15 a 24 años). Y se estima que el 75% son varones. De la mitad de los muertos depende la subsistencia de su familia. Si bien tampoco hay cifras al respecto, “la inseguridad vial también representa un fuerte costo económico en el presupuesto de salud”, apunta Mondino. Y además en otros rubros: según la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el período 2001-2002 se pagaron por esa causa 4.282 millones de pesos.

El defensor del Pueblo subraya que este grave problema es “una variante sutil de la inequidad social”, ya que los más desprotegidos son los que no tienen vehículo, junto con quienes trabajan en la vía pública, como los cadetes y repartidores.

El estudio advierte desde el comienzo que el hablar de accidentes conspira contra la solución del problema, ya que se trata de “una endemia social violenta, que no se origina ni en el azar ni en el error casual”. Y analiza las causas, múltiples y complejas.

Entre las directas están el exceso de velocidad y el alcohol (en especial en adolescentes y jóvenes). Que se combinan con otras, como los carteles publicitarios que distraen, y la inducción a la velocidad a través de las propagandas de TV, las series y el cine.

El informe analiza además los aspectos estructurales de rutas y caminos (concesionados y no), y los pasos a nivel vehiculares y peatonales, “los cuales, en muchos casos, carecen de los mínimos requisitos de seguridad”. Incluso hay carteles que advierten “Ruta en mal estado”, por baches, fisuras de calzada y ahuellamientos. “Están desde hace añares, lo que significa una transferencia de responsabilidad a la ciudadanía”, observa Mondino.

En el cóctel también entran los motorizados pobres, sin recursos para el mantenimiento de su vehículo. Las empresas de transporte público, con flotas “sin las mínimas condiciones de seguridad”. Las abundantes infracciones de tránsito que cometen sus choferes, que se suman al mal trato a ancianos y discapacitados.

La lista de causas sigue con el incumplimiento masivo de reglas de tránsito que todos conocen. Con el insólito caos normativo, que incluye superposición de jurisdicciones y desigualdad de criterios y de exigencias según el lugar del país. Con la insatisfactoria educación vial. Con el escaso control de infracciones.

“A la carencia de una definida política estatal en la materia debe agregarse que la sociedad pareciera haber quedado gobernada por su propia y pasiva irresponsabilidad”, señala Mondino. “La conducta individual juega al rompecabezas del suicidio colectivo —agrega—. Es extraño, pero nuestro comportamiento, el de peatones y conductores, no se ajusta a reglas legales pero tampoco a las reglas de la lógica”.

Finalmente, el ombudsman efectúa varias recomendaciones. Le sugiere al Ministerio de Salud declarar “endemia social” a los traumas por tránsito e incorporarla a la planificación sanitaria. Y al jefe de Gabinete, declarar la emergencia vial y alcanzar un acuerdo federal para instituir una autoridad nacional que formule e implemente un plan estratégico nacional. Reclama, también, “más y mejores controles de tránsito”, más educación vial, y fiscalización de los órganos que deben supervisar a las dependencias de contralor.