EN LA CORTE YA PREPARAN UN FALLO QUE AVALARÍA LA PESIFICACIÓN

Uno de los temas pendientes de la crisis económica que explotó a fines de 2001 parece encaminarse hacia su resolución. Todo indica que la mayoría de los jueces de la Corte terminarían confirmando en poco tiempo la constitucionalidad del corralito y la pesificación.

Así lo admitieron a Clarín fuentes del máximo Tribunal, quienes también citaron un antecedente clave. El 15 de agosto de 1995, la Corte Suprema firmó una sentencia en la causa “Revestek S. A. contra Banco Central de la República Argentina”, en la que sostuvo que el Estado no está obligado a indemnizar por el perjuicio que pudo causar el cambio de sus políticas económicas.

Se trató de una demanda presentada por esa firma, que reclamaba un resarcimiento por los daños sufridos con motivo de la modificación del régimen cambiario del 2 de abril de 1981, durante la dictadura militar y cuando era ministro de Economía Lorenzo Sigaut, sucesor de José Alfredo Martínez de Hoz. La medida significó una devaluación del peso argentino del 30%.

La Corte rechazó ese planteo porque reconoció al Estado la capacidad de “arbitrar medidas dentro de una determinada política, la cual no genera responsabilidad pues en el caso no ha afectado una situación jurídica protegida”. Cuatro de los jueces que avalaron esa decisión hoy continúan en la Corte: Augusto Belluscio, Enrique Petracchi —que ahora está excusado—, Antonio Boggiano y Carlos Fayt.

Hoy, esa resolución firmada hace 9 años está siendo estudiada cuando, a la fecha, la Corte ya acumula unos 11.000 recursos de amparo por el corralito.

Para resolver estos planteos la Corte esperará a que la nueva jueza, Elena Highton, se interiorice del tema, y aguardará también el ingreso de la segunda mujer que llega a la Corte en democracia, Carmen Argibay.

Por otra parte, la Corte tiene previsto rechazar el martes un planteo perteneciente al llamado corralito de segunda generación, esto es, los recursos de quienes aceptaron la pesificación a 1,40 más el índice CER, y luego reclamaron por el cobro de la diferencia entre ese valor y el precio de mercado del dólar. Según fuentes del Tribunal, ya hay una mayoría de jueces que argumentarán en base a la llamada doctrina “de los actos propios”, es decir, que quien aceptó un régimen ahora no puede hacer reclamos.

En este planteo ya hay un voto redactado por el juez Boggiano, que intentará ir sobre el fondo del asunto y convalidar las medidas económicas adoptadas desde que se abandonó la convertibilidad. Sin embargo, no se sabe cuántos jueces apoyarán el martes este voto. Pero lo que realmente desvela a la Corte son los planteos del corralito de primera generación, es decir, quienes no aceptaron la pesificación, intimaron a los bancos o firmaron en disconformidad con la medida.

Si bien los votos aún no están definidos, varios jueces trabajan en la línea de buscar una solución salomónica: que no perjudique a los ahorristas que ya cobraron parte de sus depósitos por amparos, ni obligue al Estado a indemnizar a los bancos.

Es este sentido, se están estudiando las resoluciones de varias Cámaras de Apelaciones que fallaron en base a la “teoría del esfuerzo compartido”, donde se reparten las cargas del perjuicio económico que ocasionó el corralito.

Igual, en la Corte están estudiando los pros y los contras de esta decisión. Porque si el corralito es constitucional, entonces se podrían caer los cobros de los amparos ordenados por los jueces de primera instancia en miles de casos, y los ahorristas deberían devolver el dinero que recibieron en calidad de “depositarios”. La mayoría de los ahorristas se negaría a hacerlo, y los bancos podrían pedir, por ejemplo, el embargo de propiedades.

Frente a este conflicto, en la Corte analizan algunos números tranquilizadores, ya que —según informes que recibieron— la mayoría de los jueces ordenaron pagar entre el 60% y el 70% del total del depósito, excepto en algunas pocas provincias. Ese 30% o 40% del depósito que aún no fue cobrado por el ahorrista podría representar la diferencia entre los 2,10 pesos por dólar que debería haber cobrado el depositante (producto de 1,40 más el índice CER), y el valor real del dólar de mercado, hoy de 2,95 pesos.

En la Corte calculan que —de ser confirmada la validez del corralito— en la mayoría de los casos los ahorristas no deberían devolver ninguna cifra a los bancos. De todos modos, la solución no se confirmaría —al menos— hasta dentro de un par de meses.