EN LA LEGISLATURA, APURAN LA DISCUSIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

El bloque de diputados justicialistas decidió apurar los tiempos y respaldar el plan de seguridad elaborado por el equipo de Jorge Obeid por lo que ayer, en las últimas horas de la tarde, un grupo de parlamentarios se reunió con el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi.

El eje central de la reunión fue intercambiar opiniones sobre el proyecto de nuevo instituto de formación policial que aprobara el año pasado el Senado a instancias de Daniel Depetris (PJ-San Martín). Este proyecto más los mensajes remitidos por el gobierno en materia de nueva ley orgánica e ingreso a la Policía están a consideración de la Cámara Baja.

La reunión del ministro de Gobierno fue con los diputados justicialistas que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Laborales y Gremiales, que son las que tienen bajo análisis los mensajes del Ejecutivo. En cambio, la iniciativa de Depetris ya tiene adelantada la discusión en la primera de las comisiones aunque con diferencias entre oficialismo y oposición en cómo formar a los futuros oficiales de la Policía.

“Fue una reunión para ajustar la postura entre el Ejecutivo y el bloque”, dijo Mario Lacava a su término. El legislador agregó que su decisión en apoyar el plan de seguridad del gobierno, la oposición debe saberlo. “Queremos discutir los proyectos pero queremos también que las normas salgan rápido como reacción legislativa al plan de seguridad”, explicó el diputado.

Siguen los cruces verbales

En tanto, el socialista Alfredo Cecchi y el justicialista Jorge Lagna todavía persisten en las diferencias esgrimidas el pasado jueves cuando la Cámara Baja consideró el proyecto de derogar la facultad policial para detener a una persona en averiguación de antecedentes. La propuesta socialista no prosperó y el justicialismo optó por mantener la facultad en 6 horas con algunos nuevos límites.

Cecchi insistió en subrayar el carácter inconstitucional de la facultad. “El permanente uso arbitrario y abusivo de la norma por parte de la Policía, ha neutralizado la modificación contemplada en la ley 11.516, al disponer que sólo cuando hubiere sospecha sobre personas que pudieran preparar o cometer un ilícito, la Policía podrá demorarlas hasta 6 horas en tanto se constate su identidad, no pudiéndolas alojar junto con otros detenidos por delitos, y ofreciéndoles el derecho a efectuar una llamada telefónica”.

El diputado socialista afirmó que “el justicialismo no quiere entender que la existencia de antecedentes en una persona que es detenida para su averiguación, no significa que esté por cometer otro ilícito o sea una amenaza para la sociedad. Sostener lo contrario es condenar a perpetuidad a aquel que ya ha pagado por sus errores. Tampoco quiere hacerse cargo de lo que produjo en la Policía su continuo uso y abuso para fines políticos subalternos, y hoy la corrupción y la cultura autoritaria y represiva que abrigan anchas franjas policiales, ya es un atentado al Estado de derecho”.

Pero, además, recalcó que de los 1.508 casos de “gatillo fácil” que hubo en el país desde el retorno de la democracia, el 13% se produjeron en la provincia de Santa Fe.

En tanto, el justicialista Lagna acusó a Cecchi de “enviar mensajes terribles a la sociedad”. También cuestionó la visión socialista en materia de seguridad, “que en mérito a una supuesta defensa de los derechos humanos, trata de ir quitándole atribuciones y herramientas a la Policía”. Agregó que “bajo el argumento de que hay que defender los derechos humanos, que supuestamente son conculcados, porque aquí se parte de una premisa falsa, de que la Policía actúa siempre mal, de que uno en vez de ser demorado va a ser flagelado, se esgrime esto”.

El legislador oficialista admitió que hubo casos de atropellos en la institución “que han salido siempre a la palestra, y los policías tienen castigos por esos excesos. Nuestra visión indica que no hay que quitarle herramientas a la policía”.

También Lagna cuestionó los datos estadísticos de su colega socialista. “El planteo de Cecchi era tan extremista que parecía que la Policía tiene que salir sin armas, si algo no anda bien, hay que eliminarlos, si los jueces no son buenos, hay que eliminarlos. Me parece una locura, un mensaje muy terrible para la sociedad, que el Estado, en este caso la Policía, quede indefensa”.

Diputados con Obeid

El gobernador Jorge Obeid recibió este mediodía a los integrantes del bloque de diputados del Partido Justicialista, a los efectos de considerar temas de la agenda legislativa, de interés prioritario para el gobierno.

En particular, uno de los objetivos era dar impulso a los proyectos referidos a seguridad con estado parlamentario, pero también ampliar la conversación a otros temas.

Fuentes consultadas por El Litoral en forma previa a la reunión -que se inició a las 13 y seguía su curso al cierre de esta edición- consignaron que, en rigor, se trata de un encuentro previsto inicialmente, para darse en forma inmediata a la sanción del presupuesto, que por diversas razones se fue postergando hasta concretarse en la fecha.

Sin descartar la consideración de cuestiones políticas, pero restándole mayor trascendencia, las fuentes convinieron en que se trata de un encuentro dirigido a mantener aceitadas las relaciones y el trato entre los miembros de ambos poderes, preservando la armonía entre las distintas corrientes internas que confluyen en la bancada.

Cárceles

El Ministerio de Gobierno tenía previsto elevar hoy al ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz, un informe detallado sobre la construcción de alcaidías en la provincia. Roberto Rosúa recordó que la administración central se comprometió a “financiar” la construcción de estos penales, pero hasta el momento, los fondos no han llegado.

En tanto, bajó el nivel de expectativas frente a la posibilidad de que el Ejército ceda instalaciones para futuras cárceles. El Batallón 121 de Rosario reiteró su negativa porque no tiene capacidad ociosa; los responsables de la fábrica Fray Luis Beltrán advirtieron que la misma está “en plena producción”; y el espacio del Liceo Militar de Recreo -el único disponible- implicaría “una inversión de magnitud” para adecuarlo por lo que habría que “evaluar si esto es conveniente o no para el plan de la provincia”.

Paralelamente, el gobierno busca dónde instalar una cárcel de máxima seguridad que podría levantarse en “terrenos disponibles de San Cristóbal o Coronda”.