EN LA LEGISLATURA LA OPOSICIÓN VUELVE CON EL TEMA INUNDACIONES

El interés de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las respuestas del Estado a las víctimas de la catástrofe del 29 de abril de 2003 resonó en la Legislatura. La CIDH ya había admitido en diciembre una denuncia de los organismos de derechos humanos de Santa Fe, pero ahora pidió nuevos informes sobre dos puntos: la causa por “estrago culposo” que tramita el Juez Diego de la Torre (Instrucción 7ª) hace más de dos años y una ley de indemnización integral a las víctimas que duerme en el Congreso de la Nación desde setiembre del año pasado. El monitoreo internacional tuvo su efecto. El Diputado Marcelo Brignoni (Encuentro) presentó otro proyecto de ley para indemnizar a los damnificados: $224.000 en casos de muertes y desaparición de personas y entre 15.000 y 100.000 por daños materiales y morales. Mientras que su colega Antonio Riestra (ARI) se hizo eco de un reclamo de la Marchas de las Antorchas ‑la organización que plantó las 139 cruces en la plaza de Mayo y cada semana demanda justicia‑ para crear una comisión parlamentaria que investigue la catástrofe del río Salado (ver aparte). “Los inundados se merecen un justo resarcimiento, y todos los santafesinos nos merecemos el juzgamiento de los responsables”, dijo uno de los Legisladores.

Brignoni acompañó su proyecto con la firma de otros seis Diputados del arco opositor: Riestra y Aldo Strada, del ARI; Antonio Bonfatti y Alfredo Cecchi, del socialismo y Santiago Mascheroni y Daniela Questa, de la UCR. Los siete coincidieron con “el justo reclamo de los afectados por la inundación del 2003 que también forma parte de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que investigue lo que sucedió en Santa Fe ante el desborde del río Salado”.

“Resulta imprescindible que el Estado provincial asuma el justo reclamo de los damnificados, que reconozca su responsabilidad en la catástrofe y permita el juzgamiento de los responsables”, dijo Brignoni. Un reclamo que se reiteró el miércoles ante la propia Legislatura ‑al cumplirse 26 meses de la catástrofe‑ y en la demanda ante la CIDH que “ahora parece confirmar su vocación de investigar lo sucedido”, agregó.

“Miles de santafesinos sufrieron enormes daños materiales, laborales y familiares de los que aún no se han podido recuperar plenamente porque subsisten inequidades e impunidades que impiden desandar el camino del futuro”, insistió Brignoni.

“El Gobierno de Carlos Reutemann impulsó la ley 12.183 de reparación económica con el criterio de no admitir la responsabilidad del Estado en la inundación de 2003 para no involucrar a los funcionarios responsables en ese incumplimiento, muchos de ellos aún funcionarios del actual Gobierno de Jorge Obeid”.

“Y el gobierno de Obeid decidió impulsar el concepto de que si no hay responsabilidad del Estado, no hay funcionarios responsables, y por ende, solo se disponen ‘ayudas sociales’ o ‘subsidios’ de la misma naturaleza que cualquier ayuda discrecional, sujetas a la decisión voluntaria del gobernador. Es decir, que el Estado provincial decide libremente brindar o no ayuda justificada en cuestiones de interés social como la inundación y no asume ninguna obligación legal de reparar daños que se han causado por acción u omisión de sus funcionarios. Este es la naturaleza de la ley 12.183 que solo votaron los bloques del PJ. Creemos que llegó la hora de terminar con esa injusticia, concebida desde la impunidad”, apuntó el Legislador.

“Siempre dijimos que hubo responsabilidad del Estado, por acción u omisión, en lo que sucedió en abril‑mayo de 2003 ante el desborde del Salado. Y a partir de entonces bregamos por una ley que reconozca esa responsabilidad y el derecho de las víctimas a un resarcimiento de los daños que sufrieron”.

“Cuando existen juicios avanzados contra el Estado se suelen sancionar leyes indemnizatorias para acordar extrajudicialmente con los reclamantes y evitar el resultado de sentencias que sean más gravosas para el fisco. Y ya hay miles de demandas en curso contra la provincia, producto del perjuicio al que creen haber sido sometidos muchos santafesinos inundados a partir de lo que presumen una nítida negligencia estatal, criterio que compartimos. Por lo tanto, todo esto es producto de una actitud irresponsable del gobierno, en el marco de una legislación inadecuada para atender el justo reclamo de los inundados”.

“La historia de encubrimientos e impunidades anudada por los responsables de la inundación de 2003 llega a nuestros días y se sostiene no reconocer los daños causados a tantos comprovincianos. La impunidad reinante en Santa Fe no puede seguir contando con la indiferencia de algunos y el desinterés de otros”.