EN LA UNR RECHAZAN LA CONTINUIDAD DE UN DOCENTE LIGADO AL PROCESO

La decisión de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida avivó, entre otros debates, el papel que tuvieron diversos miembros de la sociedad civil durante la última dictadura militar. Algo similar ocurre en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Allí, un grupo de consejeros directivos del claustro docente elevaron un proyecto de resolución para rechazar una solicitud donde el ingeniero Carlos Canoba pidió su contratación como docente jubilado, y de esta manera su permanencia en la Facultad. Sucede que Canoba se desempeñó como secretario académico en Ingeniería desde el 1º de setiembre de 1976 hasta el 30 de junio de 1979. De hecho, se lo sindica como responsable de cesantías, sanciones a estudiantes e inclusive se lo implica de manera indirecta en desapariciones ocurridas durante ese período. El proyecto, presentado la semana pasada, se tratará hoy al mediodía, en paralelo con una muestra sobre memoria y dictadura que se inaugurará en el hall de Ingeniería.

Según los considerandos del proyecto de resolución, “Canoba actuó como colaborador directo de la dictadura en la Universidad”, se indica. “Esta política implicó la desaparición de más de veinte personas (en Ingeniería), entre ellos los profesores (Julia) Huarque y (Eduardo) Pasquini, la cesantía de más de cuarenta docentes y no docentes, con su consecuencia de desmantelamiento de grupos de investigación y docencia, sanciones a estudiantes, además de la implementación de cupos de ingreso, aranceles y otras medidas restrictivas”, se agrega. Una de las pruebas presentadas son las resoluciones –firmadas por Canoba y reunidas en el expediente 48.298– por las cuales se expulsó a personal universitario.

“La universidad establece un régimen donde el docente que tiene 65 años de edad y 30 de antigüedad puede jubilarse, aunque recién está obligado a hacerlo a los 68. Entonces, si la Universidad quiere, puede contratar a un docente jubilado para que continúe en su actividad en un cargo de igual jerarquía y dedicación al que tenía antes de jubilarse”, explicó Aldo Mangiaterra, ingeniero geógrafo, docente en la carrera de Agrimensura, y que también es uno de los firmantes del proyecto.

En el caso denunciado, el problema estaría en que Canoba tiene antecedentes de haber actuado en contra del Reglamento de Concursos para Profesores donde se establecen, entre otras condiciones, “exhibir antecedentes morales y ética universitaria inobjetables”, contrarios a cualquier acción “cómplice con actitudes opuestas a los principios de la Constitución Nacional, al respeto por los derechos humanos y a principios del pluralismo ideológico y la libertad académica”.

“En un momento en que la Corte Suprema anula las leyes de perdón, si la facultad lo contrata (a Canoba) estaría haciendo al revés: no sólo habría perdón, sino también un estímulo”, consideró Mangiaterra. “Si el consejo directivo decidiera contratar a Canoba, además de estar incurriendo en una violación del estatuto, se estaría ante una negación absoluta de las cosas que el mismo consejo y la universidad han expresado. Este consejo pronunció reiteradamente su repudio a los hechos ocurridos en 1976, considerando que fue la etapa más nefasta de la vida institucional argentina. Si a uno de los que fue designado como autoridad de ese Golpe de Estado se lo rescata, sin siquiera haber mediado en absoluto ningún tipo de autocrítica o descargo de su parte, se entraría a poner a la Universidad en un lugar poco claro”, agregó.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería, David Astegiano, aclaró que a partir del período democrático, una comisión especial evaluó la situación del personal docente y no docente, “y en el caso de Canoba, no se encontraron irregularidades que impidiesen el ejercicio de su cargo”. Sin embargo, consideró que “no sería conveniente una nueva contratación”. “Creo que deberíamos tener un criterio general para estas situaciones, para que ninguna persona que haya desempeñado tareas durante la dictadura pueda acceder a este tipo de solicitudes”, sostuvo finalmente.

UNA MUESTRA PARA HACER MEMORIA

Hoy, a las 11, la Asociación de Docentes de la Facultad de Ingeniería (Adfi) integrante de Coad, inaugurará la muestra “Haciendo memoria: la dictadura militar en la Facultad de Ingeniería”. Además, se realizará una charla debate de la cual participarán Griselda Tessio, fiscal de los Tribunales federales y participante en las causas de violación a derechos humanos en el ámbito del II Cuerpo del Ejército; Reinaldo Welti, docente cesanteado en 1976 y reincorporado en 1984; y Laura Ferrer, ingeniera detenida entre 1977 y 1979. La actividad se realizará en el hall central de la Facultad de Ingeniería, el mismo lugar donde se colocó una placa con el nombre de los más de 20 desaparecidos durante la represión militar en esa casa de altos estudios.