EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES SE VOTARON 114 COMUNICACIONES Y SÓLO SE RESPONDIERON 34.

Los diputados impulsan un proyecto para fijar nuevos plazos de respuesta (30 días) e incluso aplicar sanciones administrativas y multas para el funcionario que omitiera la solicitud de información legislativa.

Para el caso de reincidencia, la diputada radical Mónica Tomei, autora de la iniciativa, propone elevar las sanciones llevándola hasta la suspensión en el cargo sin goce de sueldo.

Esta movida legislativa parece haberse trasladado también al Concejo Municipal, desde donde reflotó un proyecto similar -que data del año 2000- con el objetivo de agilizar las respuestas que reclaman los ediles al Ejecutivo municipal.

¿A qué se debe? A que en lo que va del año, la actual gestión municipal sólo contestó 34 pedidos de informes y omitió otros 80, de un total de 114 proyectos de comunicación que se aprobaron en el recinto de sesiones, según un relevamiento al cual tuvo acceso El Litoral.

“Lo más grave, lo que se debe entender, es que las comunicaciones aprobadas piden información que como concejales debemos contar para poder decidir, y dar a conocer esta información, no es un favor que se nos hace”, dice el concejal Alfredo Hediger (PJ-Frente Popular).

En su caso, no duda en afirmar que “el 98% de mis pedidos de informes no fueron contestados”.

“Podría decirse que la situación actual llega a ser una falta de respeto para con los concejales”, agregó. Según recordó esto lo ha “obligado” a solicitar proyectos con cuestión de privilegio, tal como lo prevé el Reglamento Interno del Concejo.

OBLIGACIONES
“No es menos grave los temas a los que refieren los pedidos de informes: hay cuestiones relacionadas con el Mercado de Abasto, el estacionamiento medido, el presupuesto municipal, los contratos con las firmas de recolección de residuos y el transporte de pasajeros”, enumeró Hediger.

“Esta administración municipal no entiende o no quiere entender cómo funciona el sistema democrático y la relación que debe tener un Ejecutivo con los concejales”, advirtió.

“Entre el Ejecutivo y el Concejo debe existir comunicación a los fines de que cada estamento del gobierno Municipal, pueda realizar una labor efectiva. Esta comunicación hace a la gestión de la cosa pública que cada uno, sin perder su independencia, tiene la obligación de realizar”, expresó el concejal Leonardo Simoniello, de la UCR-Encuentro, para justificar el proyecto nuevamente presentado.

La iniciativa ya fue impulsada en 2000, 2001 y 2003 y nunca obtuvo “el consenso necesario para su tratamiento, pero dadas su importancia y necesidad es que insistimos con una nueva presentación del mismo”.

En su articulado, el proyecto dispone que el Ejecutivo deberá, dentro de los 30 días corridos, suministrar verbalmente o por escrito, por sí o por medio de los secretarios, la respuesta a los pedidos de informe que le requiera el Concejo.

Dicho plazo podrá ser ampliado “a pedido del Departamento Ejecutivo, cuando a criterio del Concejo existan causas que así lo justifiquen”.