EN NEUQUÉN QUIEREN APLICAR MAYORES PENAS A LOS MENORES

Ante el contexto delictivo de inflexión en la provincia de Neuquén, Sobisch enviará a la Legislatura provincial un proyecto para introducir cambios en la legislación vigente con el objetivo de mantenerlos encerrados por “no tener la responsabilidad de ejercer la libertad”.

En disidencia a esta iniciativa, Manganaro admitió que esta medida no garantiza la disminución de los índices de delincuencia juvenil, y el gobierno intentará comenzar a dar respuestas “a un reclamo hecho por la inmensa mayoría de la sociedad”, que consistirá en “apartar de la vida comunitaria a los que pongan en riesgo la vida de los demás”, manifestó, según sostiene el diario Río Negro On Line.

Asimismo, el funcionario le propuso al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Sommariva “comenzar una ronda de reuniones entre todos los actores involucrados parea lograr una justa aplicación de la ley”. Incluso, el ministro presentará una modificación en los artículos de la ley provincial de Minoridad y Familia 2302 que establecen un régimen de libertada asistida para los delincuentes menores de 18 años.

Entre los fundamentos que otorgó para impulsar la iniciativa enfatizó que “la delincuencia juvenil creció en los últimos tiempos en la provincia, y este hecho se constituyó en una amenaza para gran parte de la sociedad”.

“Hay que revisar la parte vinculada a la libertad asistida, ya que existe un impedimento jurídico para detener o arrestar menores”, dijo Manganaro. “Queremos proponer la modificación de estos aspectos para encontrar los caminos jurídicos que impidan que un delincuente menor goce de su libertad y se convierta en una ruleta rusa para el resto de la sociedad”, agregó.

La ley 2302, sancionada en 1999 establece en sus artículos 67, 70, 71 y 74 que todos los menores que cometan delitos no pueden ser detenidos y deben ser liberados bajo la responsabilidad de sus padres o tutores. También contemplan la posibilidad de derivar a los menores, en caso que el juez lo solicite, a distintos programas de contención y rehabilitación que el Estado debe garantizar.

Este último punto, sin embargo, el gobierno neuquino nunca lo cumplió en su totalidad. Desde la sanción de la norma los equipos de profesionales para atender esta problemática son escasos, están saturados por trabajo y escasos de presupuesto.

El proyecto de Manganaro fue cuestionado ayer por el defensor y la fiscal de Menores, Gustavo Palmieri y María Dolores Finochietti. Ambos recalcaron que no hay estudios que demuestren que los delitos bajarán si aumentan los arrestos entre menores, y que deben evaluarse otras instancias antes de detenerlos. Dado que posibilitaría la reinserción en la sociedad.

Manganaro enfatizó que las leyes “no son perfectas cuando se sancionan”. Agregó que en la actualidad se registró un incremento de los delitos juveniles y que ante este panorama “algo hay que hacer y creo que esta medida es la más adecuada”.