EN OTRO CRUCE CON EL GOBIERNO, SOLÁ SALIÓ A RECLAMAR FONDOS

En medio de la tensión creada por una sucesión de paros y protestas de los empleados provinciales, Felipe Solá reclamó a la Nación el envío de fondos “adeudados”. Sin vueltas, el gobernador advirtió que “no va a desbarrancar” a la Provincia porque la Nación “nos debe plata” y demandó “más diálogo” al presidente Néstor Kirchner.

El tono fue de reclamo y queja. Solá ya lo había utilizado en plena crisis de seguridad con el pedido de fondos (800 millones de pesos). Pero, ahora, incorpora una crítica al Gobierno nacional: “Hay poca comprensión”, dijo.

Desde la Casa Rosada, le salió al cruce el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, con una ironía: adjudicó la poca comunicación a problemas de Solá con su agenda telefónica (ver página 5).

Al mediodía, en la localidad de Tapalqué, Solá buscó que sus dichos no se leyeran como una ruptura, pero sin bajar su demanda. “El Presidente —dijo— sabe que tiene mi respaldo político y público a las medidas que impulsa para la reconstrucción nacional, pero también sabe que como gobernador tengo el deber de defender a los bonaerenses”.

En declaraciones radiales previas, Solá había aclarado que no se refería exclusivamente a la Ley de Coparticipación —una discusión en suspenso—, “sino también a las acreencias que tengo (460 millones de pesos)”. Y entonces solicitó “más diálogo con el Gobierno nacional porque tengo poca comprensión y la Provincia no puede venirse abajo por una cuestión que en cifras no es tan importante”.

Y en Tapalqué —donde realizó una reunión de gabinete— fue insinuante. “No quiero pensar que fui sancionado por haberme mostrado en contra de firmar la Ley de Coparticipación, que condena a la Provincia a la injusticia durante diez años”, dijo.

La actual controversia mostró otra vez tensión entre el Gobierno y Solá. En La Plata creen que en la Casa Rosada le adjudican a Solá una actitud dual entre la estrategia presidencial y el poder de Eduardo Duhalde en la Provincia. El gobernador, asegura que “encuentra muchos problemas” para incorporarse al proyecto de Kirchner. Y este cuadro tiene sus costos políticos.

A ese contexto político, se suma un dato concreto: desde hace una semana la administración pública bonaerense está casi paralizada por medidas de fuerzas que involucran a empleados de distintos sectores.

Ayer pararon UPCN, ATE y el Frente Gremial de los Docentes. La medida tuvo un alto impacto en oficinas públicas y en hospitales. En las escuelas la actividad estuvo afectada durante toda la jornada (ver página 47). Los sindicatos presionan por 150 pesos de aumento salarial. El planteo se reavivó a partir del incremento de haberes del Gobierno nacional para sus empleados ($ 150 para las escalas inferiores a los 1.000 pesos). Ayer, el ministro de Trabajo bonaerense, Roberto Mouillerón, sorprendió con sus dudas sobre el pago de ese aumento: “Fue decepcionante enterarnos, en la reunión del Consejo Federal del Trabajo, que no existe reglamentación legal que garantice ese incremento”, afirmó.

A la tarde, también hubo un alerta de la vicegobernadora, Graciela Giannettasio, sobre “la difícil situación por la que atraviesa la Provincia”. Y se refirió a las sumas reclamadas a la Nación. “De esa manera podríamos volcar esos recursos presupuestados a mejoras salariales. Hay una fuerte intención de firmar un aumento acordado de haberes pero necesitamos que nos giren lo adeudado”, fue la explicación en la Legislatura.

Hasta que lleguen esos fondos, el gobernador continuará apremiado por la protesta gremial. Por eso, anoche apeló a los sindicalistas “para que sean honestos y digan que el lugar para el que trabajan, que es el Estado provincial, está discriminado desde hace muchísimos años”.

Las declaraciones de Solá, en un día cargado de tensiones, incluyeron además una convocatoria “a mis colegas gobernadores” para realizar “un diálogo solidario” en la construcción de “un proyecto común”. Una manera de aludir a la discusión en suspenso sobre la coparticipación.