EN ROSARIO PRETENDEN CREAR EL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILERES

Concejales, legisladores provinciales, funcionarios municipales y organizaciones no gubernamentales en defensa del consumidor se reunieron ayer con los Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA) con el propósito de buscar una solución conjunta a los diversos inconvenientes que afrontan los arrendatarios a la hora de formalizar o renovar los contratos de alquiler, tanto de viviendas familiares como de locales comerciales. El gran ausente en la jornada de discusión llevada a cabo en el Palacio Vasallo –a pesar de haber sido invitados por IRA– fueron los representantes de la Cámara Inmobiliaria de Rosario, aunque también pegaron el faltazo los ediles del Frente para la Victoria
Las distintas voces que participaron de la audiencia pública en el Concejo Municipal se alistaron detrás de la iniciativa del concejal del ARI Nire Roldán, que presentó un proyecto de ordenanza para crear un Servicio Público de Alquileres, un ente municipal que regule el mercado de locaciones. En la reunión se abordaron diversas situaciones, haciendo hincapié en los “factores económicos y sociales que han permitido un aumento desmesurado en los alquileres, que en el presente año han llegado a superar, en algunos casos, el ciento por ciento con relación al año anterior”. “Nuestros reclamos pasan por una regulación a la actividad inmobiliaria.

También, conformar un espacio entre el Estado municipal y la asociación como un lugar de registros de inquilinos y propietarios donde puedan establecerse estas relaciones contractuales que hoy son manejadas por las inmobiliarias y que nos han conducido a este desastre”, arremetió Adela López, inquilina autoconvocada. Y enumeró algunas de las frecuentes trabas con las que se encuentran hoy los arrendatarios a la hora de buscar casa: “No hay inmuebles para alquilar, no se puede renovar el contrato por las cifras disparatadas que se manejan, hasta hay estudiantes que no pueden venir a la ciudad por el precio de los alquileres”.

Según López, “la Cámara Inmobiliaria perdió la gran oportunidad para justificar esta regulación perversa de la oferta del mercado de la que somos víctimas. No entendemos ese juego donde a nosotros se nos va la vida. El contrato debe ser entre dos partes, con ciertas normas jurídicas que la reglamenten”, anheló la integrante de IRA, quien a la hora de graficar la espinosa situación por la que atraviesan los inquilinos fue contundente: “Antes el alquiler nos consumía el 25 por ciento de nuestros ingresos, hoy se lleva el ciento por ciento”.

En este sentido, Natacha Villalonga, asesora legal de IRA, argumentó que “el problema más urgente a resolver por parte de los arrendatarios es el aumento exorbitante del precio del alquiler. También existen otros problemas –siguió Villalonga–, como por ejemplo la falta de equidad al momento de contratar y el problema que genera la búsqueda de garantías propietarias –llegan a solicitar tres– o recibos de sueldos –hasta cuatro– que exigen las inmobiliarias. Hoy en el contrato de locación las cláusulas y condiciones se determinan en forma unilateral, generalmente por las inmobiliarias”.
Alquileres para todos

En el marco de la jornada de discusión en el Concejo Municipal, donde los inquilinos debatieron posibles soluciones a la grave situación que los aqueja, el concejal Nire Roldán presentó un proyecto de ordenanza impulsando la creación de un Servicio Público de Alquileres (SPA), en el que propone la creación de un organismo municipal, con autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera, que regule el mercado de alquileres de viviendas y pequeños locales comerciales, facilitando las transacciones y priorizando los derechos de los locatarios.
“Este proyecto apunta a salvaguardar el derecho a la vivienda, donde el Estado municipal debe participar en la relación contractual entre inquilinos y propietarios. Se debe crear un fondo específico que le asigne una partida importante a este ente público. Ante la inequidad de un contrato, el ente debe actuar a favor de los inquilinos, garantizando que el propietario de buena fe pueda tener un contrato que lo estamos extendiendo a cinco años, donde el inquilino pueda vivir en forma digna y que esa vivienda tenga una función social”, señaló el edil del ARI.

Este organismo dependería de la Secretaría de Servicios Públicos municipal, donde al Estado le correspondería confeccionar un registro de inquilinos, fomentar la construcción de viviendas privadas destinadas al alquiler para que sean anotadas en este registro. Los inquilinos que se quieran suscribir a este programa deberán abonar el tres por mil del valor fiscal de su propiedad y firmar un convenio a fin de que el SPA gestione el arrendamiento del inmueble. La única condición legal es elevar el mínimo plazo del contrato de dos años a cinco. Una de las principales ventajas que conseguirían los arrendatarios con esta medida es eliminar a la casa inmobiliaria y sus exigencias del contrato de locación.

Según IRA –que se reúne todos los miércoles, a las 20, en Entre Ríos 343– van a intentar programar para comienzos de 2006 una audiencia pública de similares características en la Cámara de Diputados de Santa Fe y, además, pretenden llevar el problema local de los alquileres hasta el Congreso de la Nación.