EN SANTA FE, "A LOS BOLIVIANOS RARA VEZ SE LOS TRATA COMO TRABAJADORES"

El drama vivido por los inmigrantes bolivianos que trabajaban como esclavos en el taller textil que se incendió en el barrio Caballito de Buenos Aires, puso de relieve la situación de los que llegan a Santa Fe y Rosario desde ese mismo país para trabajar en la zona rural donde los derechos laborales brillan por su ausencia y las relaciones civiles esconden condiciones infrahumanas y ciertos rasgos de servidumbre. Según las estimaciones del Consulado de Bolivia en Santa Fe hay radicadas aproximadamente unas 4 mil personas de esta nacionalidad. No todas están regularizadas y ese es el principal factor para que en muchos casos queden expuestas a situaciones de abuso y dominación.

“Las colectividades bolivianas llegan para radicarse principalmente en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores –Ángel Gallardo, Recreo y Esperanza– o en Rosario pero no en la urbe sino en las zonas rurales (Soldini, Pérez, Funes y Casilda)”, explica Jeanette Castro Escobar, vicecónsul de Bolivia en Rosario.

Para cruzar la frontera que les permite el ingreso a Argentina, los ciudadanos bolivianos sólo tienen que tener el documento nacional de identidad o la cédula federal. Este requisito quedó establecido a partir del Convenio Migratorio firmado entre Bolivia y Argentina en 1998 y de los dos protocolos adicionales que suprimen el pedido de una visa y pasaporte. “El que ingresa lo hace con un permiso de turista por un lapso de 90 días”, explica Castro Escobar. Y añade: “Pasado ese tiempo su situación tiene que tener regularidad migratoria. Para eso se realizan trámites munidos de certificado de nacimiento y de antecedentes para gestionar la radicación temporal o definitiva”.

Sin embargo, a partir de detectarse que la mayoría de los bolivianos viene para quedarse desde el Ministerio del Interior nacional y la Dirección Nacional de Migraciones con sede en Rosario se encaró un plan que apunta a la regularización de los inmigrantes que provienen de los países del Mercosur y estados asociados. “A partir del programa Patria Grande se piensa en regularizar la situación migratoria de entre 400 mil a 700 mil personas extranjeras que provienen de países del Mercosur, entre ellos Bolivia”, explicó Mariana García, delegada local de la Dirección Nacional de Migraciones. Y agregó: “La idea es plantear una política migratoria abierta que tiene como objetivo regularizar con la menor cantidad de requisitos posibles a todos estos extranjeros, fundamentalmente para que cuenten con todos los derechos que les corresponden como ciudadanos”.

La jurisdicción de la Dirección de Migraciones comprende Santa Fe y el norte de Buenos Aires. En coincidencia con Castro Escobar, la delegada del organismo manifestó que “la población boliviana se ubica fundamentalmente en la zona rural en la zona de quintas, mientras que la de Perú y Paraguay se encuentra en las zonas urbanas”.

Aunque en el Consulado de Bolivia en Rosario no se recibieron denuncias por parte de los inmigrantes por tratos esclavizantes, desde esa dependencia aseguran que las relaciones que se establecen en las quintas nunca se dan dentro del marco de la ley laboral. “Los inmigrantes bolivianos rara vez son tratados como trabajadores. No cuentan con un salario básico, ni tienen aportes y obra social como conlleva una relación de dependencia. Los contratos en lugar de ser de trabajo son civiles como si se tratara de personas independientes”, cuenta la vicecónsul.

No siempre se entablan relaciones de trabajo donde hay un empleador o patrón y un obrero o peón amparado por las leyes laborales. Es así que en las zonas rurales donde los inmigrantes bolivianos se insertan para poder subsistir predomina la figura de medieros, entendida como aquellas personas que alquilan un predio para cultivar o bien trabajan la tierra de un propietario.

Según Castro Escobar, el trabajo que realizan es fundamentalmente de agricultores y horticultores y los cultivos en los que se especializan –tomates y cebollas– son de muy buena recepción en toda la zona. “Su jornal está supeditado a la producción, a las contingencias del clima y a los precios que determina el mercado y es en función de eso que se obtiene algún tipo de renta. Trabajando en esas condiciones los inmigrantes bolivianos no alcanzan por mes a los 400 pesos”, aseguró.
En este sentido, Mariana García señaló que “ser migrante genera miedo de reclamar y ser migrante irregular agudiza mucho más ese temor”. Y concluyó: “Es evidente que la mayoría no se anima a denunciar por falta de información y conocimiento de sus derechos. Por eso, desde este organismo en conjunto con el consulado y las colectividades bolivianas trabajamos para protegerlos y evitar esos abusos”.