EN SEPTIEMBRE VOLVERÍAN LOS REMATES HIPOTECARIOS

El debate por la suspensión de los remates hipotecarios vuelve al ruedo, pese a los esfuerzos del Gobierno por bajarle los decibeles al conflicto con los deudores bancarios y privados, y amenaza con complicar las negociaciones con el FMI. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, concurrirá este miércoles al Congreso. Se reunirá con los diputados de la bancada justicialista, y les comunicará su intención de no permitir una nueva prórroga de la suspensión.

Los remates de viviendas únicas por deudas hipotecarias impagas quedaron suspendidos por ley el 2 de junio pasado. La veda se levantará en la medianoche del 2 de septiembre próximo, si no se aprueba una nueva prórroga. “Nadie quiere aprobar otra suspensión de los remates. Ni nosotros ni la bancada radical, que así nos lo hizo saber”, indicó a LA NACION el titular del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari. Pero el propio legislador relativizó su postura.

“El miércoles se abordará el tema de los remates con el ministro Lavagna en el bloque. Veremos qué datos tiene y qué surge luego del registro habilitado el mes pasado, y entonces veremos qué resolución vamos a adoptar. Queremos una solución definitiva”, explicó.

El Registro de Ejecución Hipotecaria-Vivienda Unica nació a fines de junio. Todas las viviendas en mora y en condiciones de ser rematadas, adquiridas con créditos bancarios o privados, deben inscribirse en el Banco Nación desde principios de julio. El objetivo del Gobierno es saber cuántos deudores están en esa situación y a cuánto asciende el monto global en juego, para buscar soluciones alternativas.

Cuestionamientos

El titular del FMI, Horst Köhler, les comunicó a las autoridades argentinas su rechazo a la suspensión de los remates, que en Washington califican como “una amenaza a la seguridad jurídica”, recordaron en Economía. El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla, debieron afrontar reiterados cuestionamientos de los enviados del Fondo a Buenos Aires antes de que éstos dieran el visto bueno a la tercera y última revisión del acuerdo firmado en enero pasado.

La negociación del nuevo acuerdo, por tres años, podría ahora complicarse. “Si el asunto se debate hoy en el recinto, se prorroga la suspensión, porque los legisladores carecemos de datos fehacientes”, afirmó Rodolfo Frigeri, titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

“El Ministerio de Economía quiere levantar la restricción a los remates y aduce que la gente no acude al Registro porque no son tantos como se decía, pero eso no basta. El Ejecutivo debe publicitar el Registro y recordar que el plazo de inscripción vence en treinta días”, sostuvo.

Los plazos del conflicto hipotecario y de las negociaciones del FMI se superponen. El martes 2 de septiembre concluye la suspensión de los remates. Y ese día los directores del Fondo deberán tener en sus manos el memorándum del nuevo acuerdo, según el Palacio de Hacienda.

El 9 de septiembre, en tanto, concluirá el plazo de inscripción en el Registro, siempre que no se postergue, como reclama la Asociación de Deudores Argentinos (ADA).

Ese día, pero en Washington, el directorio del FMI podría aprobar el nuevo acuerdo, según los cálculos elaborados en Buenos Aires. De no ser así, el Gobierno deberá, también ese día, abonar un vencimiento de capital y de intereses por US$ 3203 millones.

Los primeros días del mes próximo resultarán, así, cruciales. También, porque los diputados radicales promoverán una reforma procesal para destrabar el conflicto de los remates hipotecarios, aunque eso podría trabar el diálogo con el FMI.

“No habrá más suspensiones porque no resultaría serio y perjudican más de lo que ayudan, pero queremos una solución. Una variante es modificar la legislación procesal para que cada juez, ante cada caso, pueda adoptar el principio del “esfuerzo compartido” previsto en la ley de Emergencia Económica”, subrayó el jefe de la bancada radical en la Cámara de Diputados, Horacio Pernasetti.

“Queremos que se recompongan las relaciones entre los acreedores y los deudores. Y para eso es necesario que el juez pueda, según cada caso, ampliar el plazo, reducir los intereses o disponer una quita del capital adeudado”, enumeró.

De cualquier modo, los deudores quieren una prórroga de la suspensión y más reformas; por su parte, los bancos afirman que no quieren convertirse en inmobiliarias y que no rematarán a mansalva, pero algunos -al igual que ciertos acreedores privados- exigen el reconocimiento de la diferencia de capital entre el valor pesificado y en dólares.

El equipo económico avala una extensión de los plazos para que los deudores amorticen el capital adeudado. Pero en la Casa Rosada tampoco descartan disponer un subsidio para los deudores, si el monto en juego no resulta significativo.