ENRIQUE ALVAREZ Y LORENZO DOMINGUEZ, IMPUTADOS POR LAS MUERTES DE DICIEMBRE DE 2001

El ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, quedaron imputados la semana pasada en una causa penal que investiga la supuesta responsabilidad de ambos por la represión policial de diciembre trágico que dejó siete muertos en Rosario. Las indagatorias se realizaron ante el juez Roberto Reyes (Correccional 8ª), con la reserva y el trato que tienen en el Palacio de Justicia algunos notorios. Domínguez se presentó a declarar el martes, junto a su abogado patrocinante. Alvarez el viernes a la tarde, en compañía de otro penalista, pero en su paso por Tribunales entró y salió por la puerta de atrás, la misma que suelen utilizar los servicios.

La causa ya tiene casi un año, pero quedó en manos del juez Reyes después de la feria de invierno cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó su competencia en el conflicto que mantenía con su colega de Rosario, Juan José Alarcón (Correccional 2ª). La Corte identificó el fallo con el nombre de los dos conocidos de Lole: “Alvarez, Enrique y Domínguez, Lorenzo -incumplimiento de los deberes de funcionario público s/ competencia” (expediente 135/2003).

El primer paso para investigar a los ex funcionarios de Reutemann lo dio el doctor Alarcón, cuando ventilaba la responsabilidad de cuatro jefes de la Policía de Rosario en la represión de diciembre de 2001. El magistrado indagó sobre dos incógnitas que aún persisten: las órdenes y los pertrechos de las fuerzas represoras. Pero el 3 de diciembre de 2002 exculpó a los comisarios acusados por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, se declaró incompetente para seguir investigando y ordenó enviar copias del expediente a su colega de Santa Fe. Una decisión que apuntaba al poder político.

El doctor Reyes recibió el sumario el 27 de diciembre. Pero lo primero que hizo -el último día del año‑ fue declararse incompetente. “El hecho de que las autoridades políticas provinciales tengan su asiento en Santa Fe no determina necesariamente que (…) la investigación corresponda a la competencia territorial de la capital, toda vez que la presunta omisión de pertrechar a las fuerzas policiales de Rosario con elementos necesarios para reprimir tuvo efectos en aquella ciudad”, argumentó.

Sin embargo, Alarcón ratificó su postura. “De las constancias agregadas en el expediente surge que los hechos principales encuadrarían en el (supuesto) delito de incumplimiento de deberes de funcionario público para con los entonces subsecretario de Seguridad y ministro de Gobierno de la provincia, que se habría cometido en esta ciudad, donde tenían su asiento los denunciados”, señaló según una cita que reproduce el fallo de la Corte.

El 8 de julio la Corte resolvió el conflicto y ordenó al juez Reyes seguir adelante con la investigación. Por lo tanto, vale recordar el principio de la causa y los cargos que pesaban sobre los cuatro comisarios:

* “No haber transmitido en forma adecuada a los subordinados que intervinieron en los sucesos ocurridos en Rosario los días 19 y 20 de diciembre, una orden superior en la que se consignaba el uso de munición antitumulto para los casos de actuación represiva”.

* “Y no haber dado pautas claras de acción, particularmente en lo relacionado con el uso de armas y municiones”.

Alarcón fundó la falta de mérito de los policías, en un argumento: “No es posible hacerlos responsables de la falta de pertrechos y/o insuficiencia de los mismos frente a un hecho que no tenía precedentes y que, obvio es decirlo, tampoco se volvió a repetir con la intensidad de esas jornadas”, dijo el juez.

“Otro tanto ocurre con la presunta e incorrecta trasmisión de órdenes a los subordinados, toda vez que del propio informe del (…) Ministerio de Gobierno de la provincia -del que depende jeráquicamente la estructura policial‑ surge que æno emitió directivas particulares de ninguna índole o naturaleza respecto del modo de actuación frente a los acontecimientos de referenciaÆ, por lo que mal puede atribuirse un incumplimiento de órdenes que jamás existieron”. Conclusión: exculpó a los policías pero apuntó a los funcionarios políticos.

Esta semana, Domínguez y Alvarez se presentaron ante el juez Reyes para hacer su descargo. Aunque entre ambas indagatorias, el magistrado escuchó a un testigo que puede resultar clave: el ex jefe del de Departamento Logística de la Policía de la provincia, comisario mayor José Batalaro, hoy en situación de retiro pero en actividad en aquellos días de diciembre de 2001. Su presencia en el Juzgado subraya que el juez Reyes investiga en la misma línea que su colega Alarcón, sobre las municiones que se utilizaron para reprimir en Rosario. ¿Los represores tenían pertrechos suficientes? ¿Disponían de proyectiles antimultos con postas de goma? Y si era así, ¿por qué usaron balas de plomo?