ENTIDADES COSTERAS SEGUIRÁN LA DEMANDA POR LAS DEFENSAS

La semana pasada se celebró la última audiencia conciliatoria entre la Coordinadora de Entidades de la Costa y los Estados provincial y municipal, en razón de la Acción Popular de Protección de Intereses Difusos (Ley 10.000) que la primera inició hace más de un año, por el deterioro que presentan las defensas que protegen la zona costera y la ausencia de un plan de evacuación.
Como resultado, la demandante resolvió “proseguir con la acción judicial”, dado que superada la etapa conciliatoria, ni la provincia ni el municipio “aportaron soluciones concretas”.

“Creemos que fue una pérdida de tiempo, dieron las mismas respuestas evasivas a cada uno de los puntos de la demanda que venimos oyendo hace años “, concluyeron los integrantes de la entidad luego de una reunión donde analizaron lo sucedido en la audiencia.

La causa está a cargo de la jueza Alicia Lapalma, del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 10ma. Nominación.

En la demanda, la Coordinadora plantea la imperiosa necesidad de realizar obras de mantenimiento sobre las defensas. A pesar de que reconoce que se ha trabajado en ellas, advierte que falta la terminación de obra conforme fue entregada, con la colocación de capa fértil que las consolide, alambrados de protección que impidan la circulación, reparación de estaciones de bombeos, alcantarillas y canales de desagüe.

Sobre éste último punto, cabe aclarar que ninguna de las cinco estaciones de bombeo funciona y que su reparación está todavía en proceso licitatorio, dato que El Litoral publicó ya en diciembre de 2003.

“No nos contestaron si con la tareas que efectuaron lograron restaurar los terraplenes a sus cotas originales”, gatilló Antonio Yapur, acompañado por Emilio Stochero.

Vigilancia y evacuación

También solicita que se ponga en funcionamiento el sistema de vigilancia permanente que fuera creado por ordenanza municipal, con empleados guarda-defensas, y que nunca se implementó por falta de presupuesto. La Municipalidad sólo atinó a responder que, dada la Ley de Emergencia que rige hasta el 2005, no pueden ampliar la planta de personal.

“El gobierno provincial no se responsabiliza del deterioro que producen los asentamientos sobre los terraplenes y contestó que en razón de que “hay leyes y ordenanzas municipales que impiden el asentamiento sobre las obras de defensa se tramitó la erradicación”, pero esto lo venimos pidiendo hace ya cuatro años y la Municipalidad nunca hizo nada”, sentenciaron.

Y aportaron un dato por demás alarmante: “En la zona de la toma nueva, entre el kilómetro 3.5 y el 4 del lado este, hay asentamientos que han hecho perforaciones de agua potable sobre los terraplenes”.

Con respecto a la importancia de implementar un plan de evacuación, “nos dicen los mismo que siempre, que están trabajando en su elaboración, con colaboración de la facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral, pero no hay ninguna acción concreta”.

La Coordinadora siempre advirtió que poner en marcha este plan no requiere inversiones costosas, sino un trabajo que determine zonas con cotas elevadas y un sistema organizado de éxodo masivo ante una emergencia. También la previsión de lugares públicos donde resguardar a la población afectada, provisión de agua potable, y plan de concientización.

La Coordinadora de Entidades de la Costa concluyó que “los puntos pedidos en la demanda no fueron satisfechos, a pesar de que reconocen todos los problemas no dan ninguna solución ni se hacen cargo de nada. Por lo tanto, vamos a proseguir con la demanda”.

Legalmente, ahora tendrá lugar el inicio del período de producción de pruebas, en el cual el juez deberá sortear a los peritos que intervendrán y concurrir al sitio en procura de las pruebas.