ENTIDADES DE LA COSTA SIGUEN PREOCUPADAS POR LAS DEFENSAS

Alarmados por el desborde del río Salado y sus terribles consecuencias, y preocupados por el deterioro de las defensas costeras y la inacción de las autoridades, las instituciones que integran la Coordinadora de la Costa recordaron que este año presentaron una acción popular contra el Estado provincial, amparándose en la Ley de Intereses Difusos. Ésta recayó sobre el juez laboral de Tercera Nominación Jorge Garraza, quien se excusó.

Las vecinales Pro Adelantos Colastiné Norte, Villa California, Villa Añatí, 2 de Agosto y Arroyo Leyes; la Asociación Cultural de la Costa; la Cooperativa de Viviendas y Provisión de Obra y Servicios Públicos de San José del Rincón; la Asociación Civil El Farolito y la junta promotora pro vecinal Centro, coincidieron en que “esta resolución no afecta el fondo de la cuestión, pero sí contraría la urgencia que merece el tratamiento de la problemática, sobre todo por la proximidad de la feria judicial en enero y el hidrómetro que publica el diario El Litoral, el cual da cuenta de un aumento importantísimo de Puerto Iguazú: 6 metros en un día”.

Para los vecinos, la demanda pone en evidencia “el dictamen del fiscal que interpreta el espíritu de la ley y como contrapartida, un juez que utilizando subterfugios legales da la espalda a los ciudadanos, y por lo tanto a sus intereses legítimos como son la vida y la seguridad”.

Si bien la Dirección de Obras Hidráulicas de la provincia llevó adelante algunas de las tareas requeridas, “nada se dice sobre cómo se realizará la vigilancia y mantenimiento de las defensas”, requeridas en la demanda.

CONTRAPUNTOS

Las instituciones de la costa manifestaron su desacuerdo con la Coordinadora del Área de Ingeniería de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas al insistir “en la obsoleta idea de implementar un sistema de comité de cuenca, dado que los mismos funcionan en zonas donde hay producción agropecuaria y una rentabilidad especial, y no como los existentes en nuestra zona dedicados a viviendas urbanas, lo que implicaría una nueva imposición tributaria para la población”.

“Estamos cansados de transitar los despachos administrativos y de encontrarnos con funcionarios que sólo atinan a buscar justificaciones descargando responsabilidades sobre los habitantes de la zona, que no tenemos las atribuciones ni los recursos para sobrellevar la vigilancia y el mantenimiento de los terraplenes”, afirmaron.

Por eso, pidieron una audiencia al gobernador Jorge Obeid, y se mostraron esperanzados ante el cambio de gestión para, finalmente, encontrar en el camino del diálogo una solución conjunta a los ítems que son objeto de la demanda.