ENTRE EL CLAMOR DE SEGURIDAD Y UNA CRUZADA POR EL DESARME

Mientras los comerciantes de locales habilitados en la ciudad aseguran que cada vez venden menos armas, existe al menos una sensación de que en la sociedad se utilizan con mayor frecuencia.

De acuerdo con lo informado a El Litoral por autoridades del Registro Provincial de Armas (Repar), en todo el territorio santafesino hay un total de “91.365 usuarios”, y “104.057 armas de fuego declaradas”.

La cifra, sin embargo, es relativa. Porque como lo han admitido en reiteradas oportunidades tanto autoridades policiales como políticas, un gran número de armas se comercializa en el mercado negro o ilegal.

“No se puede precisar en forma concreta la cantidad de armas que se encuentran circulando en la provincia sin la debida registración o las que están en poder de la delincuencia puesto que hasta los años 90, se vendían y entregaban directamente sin registro previo; la obligación de registrarlas era posterior a la adquisición, y a nivel jurisdiccional no se cumplía ese paso aproximadamente en el 70 por ciento de los casos”, señalaron a este diario las autoridades del Renar delegación Santa Fe. Acerca de los motivos por los cuales no se las registran, las mismas fuentes señalaron que suele ser “por razones de índole económica o por comodidad” de los usuarios.

Respecto del armamento en poder de la delincuencia, apuntaron que de acuerdo con los procedimientos realizados por el Renar, en general son “armas de uso civil, de fabricación nacional de bajo costo y calidad, aunque cuando aparece involucrada en un hecho ilícito un arma moderna, en la casi totalidad de los casos se pudo rastrear su origen registral y generalmente se trató de armas ingresadas y adquiridas legítimamente que habían sido robadas”.

TRÁMITE ENGORROSO

En cuanto al mercado ilegal de armas, los responsables de las principales armerías de la ciudad tienen su propia lectura. En función de las consultas que hizo El Litoral, los comerciantes coincidieron en señalar en general, que a pesar del mejoramiento del poder adquisitivo y de una situación en materia de seguridad que sigue siendo preocupante, las armas se venden cada vez menos. Es preciso recordar que para comercializarlas, estos locales están obligados a respetar el proceso de registración.

“Una de las hipótesis que tenemos (sobre las ventas bajas) es que son demasiados los requisitos que se exigen para registrar un arma -opinó uno de los propietarios. El interesado debe ser mayor de 21 años, no tener antecedentes penales, acreditar identidad, justificar medios de vida, hacer un curso de idoneidad en manejo de armas, y un examen psicofísico; completar formularios y presentar todo ante el Renar, que es el que autoriza o no la registración o titularidad del arma. Hasta tanto el arma no esté inscripta a nombre del titular, no puede ser entregada, y la habilitación suele demorar entre 60 y 70 días. Muchas veces, cuando la gente se entera de todos los requisitos que debe cumplir, renuncia a tener el arma por la vía legal y opta por otros caminos. Son trámites muy engorrosos”, opinó.

En un sentido similar, reflexionó el responsable de otra de las armerías más tradicionales de Santa Fe.

“Todos queremos comprar algo y tenerlo; aquí se paga y después hay que esperar. El arma se retira contra entrega de la credencial correspondiente. Hay tantas trabas para comprarla por derecha que suelen irse al mercado negro. Además, el arma registrada no es la que comete el delito, a menos que haya sido robada”, expresó.

DESARMARSE

Desde algunas asociaciones civiles que trabajan coordinadamente con el gobierno de la provincia, recomiendan evitar directamente acceder a las armas, incluso cuando se apela al argumento de la defensa. Entienden que son instrumentos “fabricados para matar” y que su ausencia puede evitar que un conflicto se termine dirimiendo con un posible saldo trágico.

“Se trata de pedirle a la gente que empiece a confiar en la institución de la seguridad pública antes que armarse, porque la cifras nos indican que el 75 por ciento de heridos o muertos por violencia armada se ha dado por relación interpersonal, y sólo el 10 por ciento en ocasión de robo. Esto implica que si no se tuviera el arma, la situación se resolvería de otro modo”, señaló a este diario, Diego Poretti, militante de la Red Argentina para el Desarme y asesor de la Dirección provincial de Seguridad Comunitaria.

Poretti habló de dos medidas concretas que pretenden impulsar desde esa repartición pública, en el corto y mediano plazo.

“Se trata del Observatorio de Prevención de Violencia Armada, como espacio público-privado para trabajar sobre el análisis, la cuantificación y recopilación de datos sobre violencia armada; y la aplicación del 0800 Fonoarma, con la idea de que la gente tenga una herramienta para la denuncia anónima y gratuita sobre violencia armada en su barrio”, precisó.

Tanto Poretti como para el área de Seguridad Comunitaria, la prevención de la violencia armada es uno de los puntos del conjunto de problemáticas que hacen a la inseguridad, por lo que exige que se complete con otras acciones.

MERCADO GRIS

En el lenguaje referido al manejo y uso de armas, también se plantea la existencia de un mercado gris. “Se trata de aquellas armas adquiridas por personas que no tienen pensado delinquir, sino resguardarse, pero que provienen del mercado ilegal”, sostuvo Poretti. “Esto implica que en la secuencia del traspaso del arma de una mano a otra, hubo algún eslabón que se ilegalizó. Muchas veces -sostuvo- es gente que la compró, pero no sabe cómo usarla, cómo limpiarla o guardarla, y se convierte en un peligro latente para toda la familia”.

CASI EL DOBLE, EN SÓLO SEIS AÑOS

Hoy en la provincia están registradas según el Repar unas 104.000 armas en forma legal. Hace sólo 6 años, en 2000, el Renar informaba a El Litoral que en todo el territorio santafesino eran 57.000 las anotadas.

LAS ARMAS SACADAD DE LA CALLE

Casi seis armas por día incauta la Policía, principalmente en las unidades regionales I y II con cabecera en Santa Fe y Rosario, respectivamente, cifra que se mantiene en los últimos años. Así surge de un informe elevado a la Cámara de Diputados por el Ministerio de Gobierno al responder a un pedido del cuerpo aprobado oportunamente a instancias de la radical Daniela Qüesta.

En 2004, la Policía incautó 1.943 armas; algo menos en 2005, 1.838 y en los primeros cinco meses del presente, son 893. Esta última cifra es mayor si se la compara con el mismo período de tiempo de los dos años anteriores.

El pedido de Diputados reclamaba precisiones sobre el circuito administrativo y el recorrido físico de un arma incautada hasta la destrucción, control que se realiza sobre los depósitos de armas o municiones incautadas, entre otras cosas.

El Ministerio de Gobierno precisa que “las armas incautadas en los procedimientos policiales son puestas y remitidas al tribunal interviniente en la causa, quedando a cargo del Poder Judicial el proceso de destrucción o disposición final que le correspondiera”.

El trabajo asegura que “no se registran datos estadísticos sobre cartuchos incautados en procedimientos policiales”, aunque aclara que una vez detectados son puestos a disposición de la Justicia.

El otro dato que destaca el trabajo es sobre la cantidad de armas incautadas y luego entregadas a la Policía. En ese caso hubo 117 en el 2004; 60 en el 2005 y 12 en los cinco primeros meses del presente año.

En todo el 2004, la Policía incautó en toda la provincia 1.943 armas, 620 de las cuales las obtuvo en el departamento La Capital. En el otro extremo, en el departamento Belgrano apenas dos armas en todo el 2004.

En el 2005, el informe precisa que fueron secuestradas 1.838 armas de fuego; 622 de ellas en La Capital y el caso extremo es Iriondo donde no se incautó ninguna en 12 meses.

En los cinco primeros meses de 2006, la Policía logró quitar del circuito ilegal 893 armas y en La Capital, 294, mientras que apenas 3 en el departamento San Cristóbal.