ENTRE RÍOS: 100 MIL AFILIADOS AL PAMI SIN COBERTURA MÉDICA POR EL CORTE DE LOS SERVICIOS

El titular del PAMI local, José Nogueira, afirmó que el corte es “intempestivo” por cuanto los prestadores venían manteniendo conversaciones con el nivel central de la obra social. El corte de servicios que incluye urgencias significaría “abandono de persona”, por lo que se podría presentar una denuncia en la Justicia Federal.

Más de 100.000 jubilados quedarán desde hoy, y durante los próximos siete días, sin ninguna cobertura médica, ni siquiera de urgencias, debido a una medida de fuerza dispuesta por los prestadores de la obra social PAMI, que de esa forma manifestarán su rechazo a los débitos aplicados en las últimas facturaciones, y que llegan al 30 por ciento.

Esos débitos son producto directo de la debacle del sistema de atención médica en el sistema de la seguridad social: como las clínicas ponen cupos a la atención de afiliados, la obra social se ve obligada a derivarlos a los hospitales públicos, que a su vez facturan cada prestación que hacen. El pago de esas prestaciones “extra” que se efectúan en el área estatal sale del volumen general de 2,5 millones de pesos mensuales que el organismo destina a la cobertura médica.

Pero el Instituto de Prestaciones de Salud de Entre Ríos (IPSER) entiende que los débitos están mal aplicados, y derivan en una fuerte merma en el ingreso económico de clínicas y sanatorios, ya “asfixiadas”, señala, por la falta de actualización de los valores de las cápitas. Al respecto, ponen de manifiesto el cierre de dos sanatorios, uno en Gualeguaychú y otro en Concordia, producto de la estrechez financiera.

En el fondo se trata de una puja sectorial por los fondos que paga la obra social para la atención de los jubilados. En teoría, por cada uno de los más de 100.000 afiliados que el PAMI atiende en Entre Ríos, los prestadores -clínicas, médicos, bioquímicos- reciben una cápita de 25 pesos, pero en la práctica, aseguran desde el Ipser, ese valor baja a 19,06 pesos producto de los débitos que aplica la obra social por atenciones que los privados no dan y que por eso mismo se brindan en los hospitales públicos.

Ese trasvasamiento de prestaciones desde el sector privado al público les retacea el ingreso a las clínicas, en una cifra que ronda el 31 por ciento, y de acuerdo a lo que dijo Miguel Barbará, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler), esa quita no siempre está debidamente justificada ni tampoco el PAMI justifica con documentación la derivación de pacientes a los hospitales públicos.

“En lo que va de 2004, por los débitos ya nos han descontado 2,4 millones”, dijo Barbará. De esa forma, las clínicas en vez de cobrar un monto global de 2,5 millones de pesos por las prestaciones que le brindan a lo largo del mes a los afiliados del PAMI, sólo están percibiendo una cifra que oscila entre 1,9 y 2 millones.

“La situación ya se torna insostenible. Hemos intentado acordar la cuestión de los débitos pero sólo encontramos buenas intenciones pero ninguna solución. El monto de la cápita es en teoría de 25 pesos pero en la práctica sólo nos pagan 19,06. Y ahora apareció otro tema: los débitos de la etapa de la deuda, de los años 2001 y 2002”, indicó Barbará.

Para el titular de la unidad de gestión local (UGL) del PAMI, José Nogueira, el corte de prestaciones que desde hoy afecta a los jubilados es “intempestivo” por cuanto los prestadores venían manteniendo conversaciones con el nivel central de la obra social, aunque reconoció que “en mí no está la posibilidad de dar solución al planteo que hacen. Me excede. En lo único que tomo decisiones es en lo que hace a cuidar la atención del afiliado”.

De todos modos, el objetivo para Nogueira no parece sencillo de cumplir: el corte de servicios que desde hoy ponen en práctica los prestadores será total, incluyendo la atención de las urgencias. Ese escenario, de cumplirse tal y como lo adelantó el Ipser, significa para Nogueira “abandono de persona”, con lo cual, adelantó, está dispuesto a presentar una denuncia en la Justicia Federal.

“Las urgencias sí o sí deben ser atendidas. De no ocurrir así, se labrarán las actas correspondientes en cada clínica y eso se constituirá en un elemento de prueba para presentar en la Justicia”, dijo Nogueira a El Diario.

De todos modos, el organismo deberá centrar sus esfuerzos en garantizar por vías alternativas la cobertura de sus afiliados. Para eso, piensa Nogueira, se abrirá la lista de prestadores “a todos aquellos médicos y sanatorios que quieran trabajar por fuera de las corporaciones y facturar directamente al PAMI por cada acto médico”.

También, desde el PAMI han solicitado asistencia al Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos para que en los hospitales públicos y centros de salud “todos los médicos que quieran atender a los afiliados, y facturar esa prestación, lo puedan hacer fuera del horario en que atienden en el sector estatal”.

El titular del PAMI local, José Nogueira, afirmó que el corte es “intempestivo” por cuanto los prestadores venían manteniendo conversaciones con el nivel central de la obra social. El corte de servicios que incluye urgencias significaría “abandono de persona”, por lo que se podría presentar una denuncia en la Justicia Federal.

Más de 100.000 jubilados quedarán desde hoy, y durante los próximos siete días, sin ninguna cobertura médica, ni siquiera de urgencias, debido a una medida de fuerza dispuesta por los prestadores de la obra social PAMI, que de esa forma manifestarán su rechazo a los débitos aplicados en las últimas facturaciones, y que llegan al 30 por ciento.

Esos débitos son producto directo de la debacle del sistema de atención médica en el sistema de la seguridad social: como las clínicas ponen cupos a la atención de afiliados, la obra social se ve obligada a derivarlos a los hospitales públicos, que a su vez facturan cada prestación que hacen. El pago de esas prestaciones “extra” que se efectúan en el área estatal sale del volumen general de 2,5 millones de pesos mensuales que el organismo destina a la cobertura médica.

Pero el Instituto de Prestaciones de Salud de Entre Ríos (IPSER) entiende que los débitos están mal aplicados, y derivan en una fuerte merma en el ingreso económico de clínicas y sanatorios, ya “asfixiadas”, señala, por la falta de actualización de los valores de las cápitas. Al respecto, ponen de manifiesto el cierre de dos sanatorios, uno en Gualeguaychú y otro en Concordia, producto de la estrechez financiera.

En el fondo se trata de una puja sectorial por los fondos que paga la obra social para la atención de los jubilados. En teoría, por cada uno de los más de 100.000 afiliados que el PAMI atiende en Entre Ríos, los prestadores -clínicas, médicos, bioquímicos- reciben una cápita de 25 pesos, pero en la práctica, aseguran desde el Ipser, ese valor baja a 19,06 pesos producto de los débitos que aplica la obra social por atenciones que los privados no dan y que por eso mismo se brindan en los hospitales públicos.

Ese trasvasamiento de prestaciones desde el sector privado al público les retacea el ingreso a las clínicas, en una cifra que ronda el 31 por ciento, y de acuerdo a lo que dijo Miguel Barbará, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler), esa quita no siempre está debidamente justificada ni tampoco el PAMI justifica con documentación la derivación de pacientes a los hospitales públicos.

“En lo que va de 2004, por los débitos ya nos han descontado 2,4 millones”, dijo Barbará. De esa forma, las clínicas en vez de cobrar un monto global de 2,5 millones de pesos por las prestaciones que le brindan a lo largo del mes a los afiliados del PAMI, sólo están percibiendo una cifra que oscila entre 1,9 y 2 millones.

“La situación ya se torna insostenible. Hemos intentado acordar la cuestión de los débitos pero sólo encontramos buenas intenciones pero ninguna solución. El monto de la cápita es en teoría de 25 pesos pero en la práctica sólo nos pagan 19,06. Y ahora apareció otro tema: los débitos de la etapa de la deuda, de los años 2001 y 2002”, indicó Barbará.

Para el titular de la unidad de gestión local (UGL) del PAMI, José Nogueira, el corte de prestaciones que desde hoy afecta a los jubilados es “intempestivo” por cuanto los prestadores venían manteniendo conversaciones con el nivel central de la obra social, aunque reconoció que “en mí no está la posibilidad de dar solución al planteo que hacen. Me excede. En lo único que tomo decisiones es en lo que hace a cuidar la atención del afiliado”.

De todos modos, el objetivo para Nogueira no parece sencillo de cumplir: el corte de servicios que desde hoy ponen en práctica los prestadores será total, incluyendo la atención de las urgencias. Ese escenario, de cumplirse tal y como lo adelantó el Ipser, significa para Nogueira “abandono de persona”, con lo cual, adelantó, está dispuesto a presentar una denuncia en la Justicia Federal.

“Las urgencias sí o sí deben ser atendidas. De no ocurrir así, se labrarán las actas correspondientes en cada clínica y eso se constituirá en un elemento de prueba para presentar en la Justicia”, dijo Nogueira a El Diario.

De todos modos, el organismo deberá centrar sus esfuerzos en garantizar por vías alternativas la cobertura de sus afiliados. Para eso, piensa Nogueira, se abrirá la lista de prestadores “a todos aquellos médicos y sanatorios que quieran trabajar por fuera de las corporaciones y facturar directamente al PAMI por cada acto médico”.

También, desde el PAMI han solicitado asistencia al Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos para que en los hospitales públicos y centros de salud “todos los médicos que quieran atender a los afiliados, y facturar esa prestación, lo puedan hacer fuera del horario en que atienden en el sector estatal”.